Los políticos encargados de la construcción de la Línea 12 redoblan su ofensiva contra el Gobierno de Sheinbaum

A unos días de que se conozca el informe final del peritaje independiente sobre la tragedia en la Línea 12 del metro de Ciudad de México, algunos de los funcionarios implicados en la construcción del tramo que colapsó han redoblado este martes la ofensiva contra el Gobierno de la capital. Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro y máximo responsable de la ejecución de la obra ha denunciado el martes por la tarde a la Secretaría de Protección Civil de la capital por presuntas irregularidades en la adjudicación directa a una empresa noruega, Det Norske Veritas (DNV), encargada de llevar a cabo un informe pericial independiente. El objetivo: anular el dictamen que lo acusa a él y a otros funcionarios de una de las peores tragedias de la capital en los últimos años, donde fallecieron 26 viajeros. El colapso de la Línea Dorada continúa encendiendo el debate político sobre quiénes serán finalmente los responsables de una de las peores tragedias de la capital de los últimos años y, sobre todo, empaña la carrera política de dos figuras clave en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Las investigaciones hasta ahora presentadas por la jefa de Gobierno de la capital, Sheinbaum, acreditadas por el peritaje de DNV, habían señalado fallas en la construcción que resultaron claves para que la columna 13 se desplomara. Según el dictamen, el colapso fue provocado por una “falla estructural” en la construcción con intervenciones ajenas al diseño de los planos. El informe de ingeniería forense da cuenta de las deficiencias en la edificación de la obra, principalmente, con los pernos y las soldaduras que sostenían el puente, como la causa preliminar del colapso de un tramo elevado.

Unas conclusiones preliminares que apuntaban directamente a una Administración anterior, la de Marcelo Ebrard (de 2006 a 2012), actual secretario de Exteriores. Y muchos de los funcionarios implicados en el Proyecto Metro, encargados de la construcción de la obra, han sido señalados y están siendo investigados en la carpeta de la Fiscalía por “homicidio culposo, lesiones culposas y daño en la propiedad ajena”, según denuncia su abogado, Gabriel Regino. Y aunque ninguno ha sido todavía acusado formalmente ni citados a declarar, su defensa se centra estos días en la anulación de un dictamen que consideran “ilegal”.

En la denuncia presentada este martes a la que ha tenido acceso este diario, Horcasitas alega que la contratación de la empresa noruega se hizo a través de la Secretaría de Protección Civil, una dependencia que no está “facultada” para contratar peritajes para “investigar hechos anteriores, sino que básicamente su función es prevenir y atender la eventualidad de un desastre”, se lee en el texto. Y apunta que la autoridad capacitada para contratar un servicio de este tipo es la Fiscalía. La denuncia agrega que la empresa DNV no está capacitada para este tipo de servicios de ingeniería forense, según su razón social y la información pública de su página web. El escrito está formulado contra los que firmaron dicha contratación: la secretaria de Protección Civil Myriam Urzúa; el director ejecutivo de Administración y Finanzas, Jesús Ramos Cedillo; y el director general de Análisis de Riesgos, Rafael Humberto Marín.

“Las empresas encargadas de la construcción llegaron a un acuerdo presidencial de tipo reparatorio y estarán exentas de la responsabilidad penal, pero no los funcionarios públicos”, expone Regino. Las constructoras agrupadas en el consorcio integrado por ICA y Grupo Carso, esta última de Carlos Slim, acordaron hacerse cargo de la reconstrucción y rehabilitación del sistema del metro. Aunque en declaraciones a la prensa, el magnate Slim discrepó de las primeras conclusiones del peritaje: “Estoy convencido de que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en octubre de 2012, por ahí de noviembre, en octubre, se dio el visto bueno ya al proyecto y a lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido de que desde su origen no tiene vicios”, señaló a finales de junio.

Por su parte, la defensa de los funcionarios coincide en que fueron las “fallas de mantenimiento” las que provocaron la catástrofe y no la construcción de origen. Y hacen públicas sus sospechas sobre que la empresa DNV no haya incluido la falta de supervisión entre las causas del colapso. Una presunta negligencia que no solo afectaría a la actual Administración de la capital, liderada por Sheinbaum, sino también a su antecesor inmediato en el cargo, Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

Aunque además del peritaje independiente, la Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación propia, la defensa de los funcionarios de Ebrard teme que incluya en sus conclusiones las que proponga la empresa noruega. Por eso, el primer objetivo es tratar de ganar la denuncia y tumbarlo antes de que las acusaciones de homicidio sean una realidad. Un golpeteo político más que puede retrasar las demandas urgentes de los familiares de las víctimas que exigen un juicio justo y limpio que aclare más de tres meses después quiénes fueron los responsables del colapso.

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