López Obrador hace del Poder Judicial el blanco de todas sus batallas

Hace unas semanas era la reforma del modelo eléctrico y hoy es la reforma del Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador ha hecho este miércoles del sistema de justicia el blanco, y al mismo tiempo el pretexto, de todas sus batallas. Horas antes de que el Congreso tramite por la vía exprés la ampliación por dos años del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte, el presidente ha vinculado el rumbo de su proyecto político al futuro del máximo tribunal del país y del órgano de Gobierno de los jueces. Esto es, en términos generales la ruptura con loas últimas Administraciones y la lucha contra lo que él llama “período neoliberal”. Y en lo concreto, la pelea por la nueva ley eléctrica, estancada en los tribunales, y ahora la creación de un padrón de telefonía móvil, un polémico registro de datos biométricos que también ha sido suspendido por el mismo juez.

López Obrador ha arremetido contra el magistrado, Juan Pablo Gómez Fierro, de quien hace un mes ya había pedido una investigación a Zaldívar, y una vez más ha cruzado la línea de la independencia entre poderes. El mandatario se ha referido en la conferencia de prensa matutina al “caso de los jueces, de magistrados y ministros, con honrosas excepciones”. “Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas. Es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Yo soy muy respetuoso del equilibrio entre los poderes, de la autonomía y la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma en el Poder Judicial”, ha mantenido.

La estrategia polarizadora del presidente pasa estas semanas por los conflictos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la justicia, unos pulsos con los que aprovecha para instalar su discurso mientras se desarrolla la campaña de las elecciones federales y locales del 6 de junio. No se trata de un argumentario improvisado, sino de un diseño calculado. Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, afirmó en una conversación con EL PAÍS: “En este debate sobre estas leyes sí es importante que tengamos un Poder Judicial que garantice el Estado de derecho democrático donde el interés individual como el interés colectivo se concilien. Y aquí lo que tenemos es que el Poder Judicial se ha decantado más por los poderes fácticos. Esto tiene que cambiar”.

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El presidente no ha dado muestras de preocuparse en absoluto por las críticas recibidas por su intromisión en la justicia. Al contrario, asegura que transmitir su opinión, sin aportar ninguna prueba, es una “obligación”. “Yo lo percibo porque ahora que se hizo una modificación a una ley y se agruparon todos los defensores del statu quo, los que no quieren la transformación, pero afortunadamente está esa iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados”, ha agregado López Obrador en referencia a la prolongación del mandato de Zaldívar, que hizo saltar todas las alarmas en la judicatura, más allá de la trayectoria y de la figura del presidente de la Corte, un abogado de posiciones progresistas.

“Hay que esperar a que resuelvan los diputados. Suceda lo que suceda nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y, repito, si se amplía el período, que no es reelección, del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, si la ampliación lleva a que se mantenga al actual presidente de la Suprema Corte yo estoy a favor, así de claro”, ha incidido el mandatario. Las razones aducidas no son procedimentales ni jurídicas, sino que se ciñen a una preferencia y a una valoración del propio Zaldívar. “El presidente de la Corte es una gente recta, íntegra, honesta, y es muy difícil en estos tiempos. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación progresiva, una decadencia. Entonces, el presidente de la Corte es un hombre recto”, ha continuado López Obrador.

El contexto en el que se producen estas manifestaciones es clave para entender el posicionamiento de López Obrador. El Gobierno está decidido a llevar adelante una serie de reformas, empezando la Ley de la Industria Eléctrica hoy suspendida o la Ley de Hidrocarburos, aun a costa de forzar una reforma de la Constitución. Y la Suprema Corte es también el máximo Tribunal Constitucional de país.

El Ejecutivo y el partido que lo sostiene, Morena, no han dejado de presionar a la justicia desde que comenzó la campaña de las elecciones de junio. En los últimos días lo han hecho con el Tribunal Electoral que, a partir de este miércoles, debe decidir sobre la cancelación de dos candidatos oficialistas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, y sobre el acuerdo del INE que regula las bancadas parlamentarias. Las tres decisiones forman parte de una misma negociación y la cúpula de Morena está más preocupada por la confirmación mecanismo que limite su posible sobrerrepresentación en el Congreso.

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