López Obrador aprovecha la crisis eléctrica para redoblar su apuesta por la soberanía energética

Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado la crisis eléctrica desatada en Texas para defender uno de sus mantras ideológicos: la soberanía energética. Desde el lunes, los cortes temporales de suministro desde EE UU debido al fuerte temporal de frío han provocado apagones masivos en el norte de México, muy dependiente del gas estadounidense. La decisión del gobernador texano de cerrar el grifo de las exportaciones definitivamente hasta el lunes ha puesto aún más en tensión al sistema eléctrico del vecino del sur, que se prepara para nuevos cortes de energía durante la semana. La respuesta del presidente, más allá de pedir a sus compatriotas ahorrar luz entre las 18.00 y las 23.00 horas, ha sido apuntar de nuevo contra las empresas privadas y cargarse de razón para defender su reforma energética, que aún debe ser debatida y ratificada en el parlamento, y que volvería a dar prioridad en el mercado a las compañías estatales Comisión Federal Eléctrica y Pemex.

“Las afectaciones en EE UU vienen porque allá prevalece el poder de las empresas privadas. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras paraestatales (CFE y Pemex). Estamos dándole vuelta para ser autosuficientes”, defendió el presidente en su conferencia mañanera de este jueves. De momento, para responder a la emergencia México ha anunciado que sacará toda la artillería, incluyendo la contratación de cuatro buques de almacenamiento de gas licuado. Pero el agujero de las importaciones es tan grande que no ha podido descartar nuevos cortes de electricidad hasta que se reanude el suministro estadounidense.

La dependencia mexicana del gas natural es extrema. Es la principal fuente de energía, representando más del 60% del total de generación eléctrica y dejando de lado otras fuentes menos contaminantes: las renovables apenas suman un 20%, por un 9% de las hidroeléctricas. Comparado, por ejemplo, con EE UU, donde el gas representa el 38% del total, la dependencia es casi el doble. Se da la paradoja además de que la producción gasifica en México lleva años en declive -acumula una caída del 30% en la última década-, con una mínima capacidad de almacenamiento por parte de CFE y escasos aumentos de la producción por parte de Pemex. La baja rentabilidad de los proyectos y la disponibilidad de gas barato en Estados Unidos han favorecido las importaciones, que han crecido en los últimos años hasta cubrir más del 70% de las necesidades.

Para López Obrador, este declive tanto en la producción como en el almacenamiento del gas natural se debe al “desmantelamiento” del sistema público energético llevado a cabo por los gobiernos anteriores. En especial, la reforma energética de 2013, una de las medidas estrella del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, que abrió el mercado a la inversión privada. “Fueron separando Pemex y la CFE en divisiones y subsidiarias, debilitando el sistema. La propuesta liberal era ir cerrando plantas. Nosotros lo que estamos haciendo es recuperarlas y darle mantenimiento para que las paraestatales tengan el mismo trato que las empresas privadas. ¿Si se termina de desmantelar nuestro sistema público cómo vamos a hacer frente a un problema como el que estamos sufriendo ahora?”.

Marcha atrás a la liberalización energética

En el centro del debate está el corazón de la reforma presentada por Morena, que da marcha atrás a la liberalización de Peña Nieto. La soberanía energética ha sido uno de puntos centrales en la agenda tradicional de la izquierda mexicana. De hecho, la campaña del Frente en Defensa del Petróleo, liderada por López Obrador en 2008, fue uno de los gérmenes de lo que acabaría convirtiéndose en Morena. En aquellas movilizaciones se produjo también el acercamiento del hoy presidente con Manuel Bartlett, el polémico y poderoso director general de CFE, que ha acompañado a López Obrador durante la conferencia mañanera de este jueves.

El modelo actual, en el caso concreto del mercado eléctrico, establece incentivos para las centrales con menor costo de producción. Es decir, las más eficientes son las primeras en subir su electricidad a la red. Este principio favorece a las renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos de privados, generalmente más baratas. Mientras, las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, con mayores costos de producción, tenían que esperar su turno.

El viraje proteccionista de la nueva reforma pretende eliminar la libre competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica, al entender los incentivos a las fuentes limpias y más baratas como injustos privilegios a los operadores privados. El cambio de la ley supondría poner primero a despachar a las hidroeléctricas de la CFE. En segundo lugar, vendrán las otras plantas de la paraestatal, incluidas las termoeléctricas y los ciclos combinados. Y finalmente, las plantas eólicas y solares y los ciclos combinados en manos de particulares.

“Es cierto que durante años la Secretaría de Hacienda nunca ha querido meter un peso en la industria del gas, porque es cara y teníamos al petróleo. Tampoco las empresas privadas han querido pagarlo al entender también que era un subproducto”, apunta la abogada especialista en temas energéticos y académica asociada de Rice University, Miriam Grunstein. “Pero la reforma que plantea el Gobierno no soluciona el problema. No nos conviene para nada tener un solo comercializador de gas (CFE) sino muchos y con diferentes fuentes de energía. Reducir la generación y concentrarse en el combustóleo cuando tenemos una crisis provocada por el cambio climático es apagar fuego con gasolina”, añade la académica.

La viabilidad de la reforma comenzará a ponerse a prueba este viernes. La propuesta del Gobierno no está acompañada por la Comisión de Competencia Económica, las patronales, el sector privado ni la oposición. Pero es una prioridad para la mayoría que Morena, el partido de López Obrador, tiene en ambas cámaras. El debate legislativo estaba planteado para la próxima semana, pero la crisis en Texas y en el norte del país fue aprovechada por la bancada morenista para adelantar la discusión a mañana viernes.

Doble dependencia

Ante la dependencia doble del gas y las importaciones, el Gobierno está doblando sus esfuerzos en las centrales que funcionan a base de carbón y combustóleo, los energéticos más contaminantes, pero suministrados por Pemex a precios más favorables. Para el jefe de la unidad de energía de Cepal en México, Hugo Ventura, la defensa por parte del Gobierno de la seguridad energética está justificada. “Es una área que quedó muy floja con la última reforma. México nunca había habido estos apagones y es cierto que en EE UU no le dieron la importancia a la emergencia climática con suficiente antelación”, apunta Ventura, que en todo caso apuesta también por una diversificación mayor de fuentes de energía que compensen la dependencia del gas. “La reforma, en todo caso, no tiene en cuenta los altos niveles de ineficiencia de muchas áreas de la CFE. México tiene que contribuir a fortalecer su eficiencia. Por ejemplo, mediante un regulador independiente que le exija indicadores de mejora”.

Los analistas coinciden en que es oportuno contar con el respaldo del combustóleo barato de Pemex para situaciones de emergencia. Pero que, a la vez, será crucial avanzar en la transición energética, una área a la que tampoco prestó mucha atención la reforma de Peña Nieto. “Fue sobre todo una revolución el shale gas, a través de la explotación de los yacimientos del norte”, añade Grunstein. Un balón de oxígeno pensado para acelerar la producción de gas mexicano. Pero descartado por motivos medioambientales por parte de López Obrador desde la campaña electoral.

Además, desde casi el primer día al mando, su Gobierno ha limitando la inversión privada en el sector mediante el bloqueo administrativo de los farmouts, las asociaciones entre Pemex y empresas para compartir los riesgos a la hora de explorar y explotar un yacimiento. La caída de la inversión extranjera directa durante 2020 fue de más del 11%, según datos anunciados este mismo jueves. Una derrape justiciado por la secretaría de Hacienda por la crisis global desatada por la pandemia. Por otra lado, el Gobierno aprovechó también para anunciar un nuevo cambio en la regulación de Pemex para liberar a petrolera de peso fiscal.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país