El caso del fiscal Gertz contra su familia política

La muerte del abogado Federico Gertz, hermano del fiscal general de México, Alejandro Gertz, sigue dando que hablar. Abogado y contable, el hermano del fiscal murió en Ciudad de México en septiembre de 2015. Tenía 82 años. El estudio de los forenses señaló como causa una “congestión visceral generalizada”, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda. Pero Alejandro Gertz, que entonces dirigía la Universidad de las Américas en la capital, denunció que aquella congestión había resultado del maltrato infligido por parte de la pareja de Federico y las hijas de esta. En aquel entonces, Gertz señaló que la Fiscalía de la capital evitaba investigar el caso por asuntos políticos. Ahora, cinco años después, una de las hijas está en prisión acusada de homicidio.

Durante años, el fiscal Gertz criticó que el único motivo por el que las denunciadas no estaban en prisión era su parentesco con Alfredo del Mazo, primo del entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), diputado federal y aspirante al Gobierno del Estado de México: la nieta de la pareja de su hermano Federico es la esposa de Del Mazo. Gertz argumentaba que el aparato de Peña Nieto, coludido con las autoridades de Ciudad de México, encabezadas por Miguel Ángel Mancera, estaban tapando el escándalo. “Lo que se buscaba era proteger al señor que quería ser gobernador y que no quería un escándalo a ningún precio en una situación de esta naturaleza”, dijo Gertz a la revista Proceso en una entrevista en agosto de 2017.

EL PAÍS ha accedido a documentos del caso de Gertz contra su familia política, desde la denuncia, registrada por el abogado de Gertz, Javier Coello Trejo, en agosto de 2015, hasta el auto de prisión contra una de las hijas de la pareja de Federico, Alejandra Cuevas, el pasado 16 de octubre. Alejandra Cuevas es la tía de la esposa de Del Mazo. La documentación dibuja las tiranteces entre Alejandro Gertz y sus abogados y el sistema de justicia. Primero, cuando los fiscales decidieron no actuar contra la pareja y las hijas de Federico Gertz. Y ahora, cuando una juez ha decidido mandar a prisión a una de las hijas.

En estos años, el contexto alrededor del caso ha cambiado. Del Mazo fue elegido gobernador del Estado de México, Peña Nieto ya no es el presidente, Mancera salió del Gobierno de Ciudad de México y la Procuraduría local cambió de manos. Alejandro Gertz cambió igualmente de encargo. Dejó la Universidad de las Américas y se convirtió, en diciembre de 2018, en fiscal general de México. EL PAÍS ha tratado de contactar a los abogados de Alejandro Gertz y de Laura Morán, la pareja de su hermano, que ahora tiene 93 años. Ninguna de las partes contestó llamadas ni mensajes.

La sonda y el dinero

Todo empezó en agosto de 2015. El día 24, Laura Morán, pareja de Federico, llamó a Alejandro Gertz. Le dijo que su hermano estaba muy mal, con neumonía. Gertz, extrañado, fue a la casa de su hermano. Se habían visto no hacía tres semanas y Federico “se encontraba perfectamente”, según dijo el propio Gertz en un escrito que su abogado, Jesús Coello, presentó ante la Fiscalía de Ciudad de México en 2015. Cuando llegó, lo vio medio inconsciente, en la cama, “en estado de abandono y sin atención médica acorde a su situación”, según consta en el mismo escrito. Alejandro Gertz mandó a varios especialistas a la casa. Los médicos atendieron a Federico, le pusieron una sonda para alimentarlo, un catéter y le limpiaron una úlcera que le había salido en la espalda. Ahí empezó la ruptura.

Según el relato de Alejandro Gertz y sus abogados a la fiscalía, Laura Morán y sus hijas, sobre todo Alejandra, insistían en que Federico estaba sufriendo mucho y era mejor dejarle descansar. Tan es así que denuncian que en esos días, las mujeres le arrancaron la sonda que alimentaba al enfermo, para ayudarle a morir. Gertz se negaba y exigió que llevaran a Federico a un hospital.

A finales de agosto, el ahora fiscal mandó al abogado Coello Trejo a la Procuraduría. El letrado presentó el escrito en que denunciaba el intento de homicidio de su hermano y pedía a la agencia investigadora que mandara peritos para que determinara su situación y lo mandaran al hospital. Ella se habían negado hasta entonces. En el escrito, Gertz pedía también que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que inmovilizara las cuentas bancarias y de valores de Federico hasta que se resolviera la indagatoria.

Más allá de la salud del enfermo, el problema era el dinero. En esa entrevista de 2017 con Proceso, Gertz dijo que él era albacea de los bienes de su hermano y acusaba a su pareja y las hijas de ella de haber aprovechado su agonía para saquear sus chequeras, su casa y su oficina. Gertz no dio más detalles en su día y en la documentación del caso no aparecen menciones a la fortuna del hermano. En 2017, la investigación sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, descubrió una sociedad de inversión a nombre de Federico en las Islas Caimán. Su hermano Alejandro era el vicepresidente. EL PAÍS ha tratado de contactar a Javier Coello Trejo, abogado de Gertz, vía mensaje y llamada, pero no ha podido ponerse en contacto con él.

Risperidona y el secuestro

Federico Gertz y su pareja, Laura Morán, se conocían desde hacía 50 años y habían convivido los últimos 40. Nunca se casaron. Las hijas de ella eran de una relación anterior. En su declaración a la Fiscalía, en 2015, Morán, que entonces contaba 88 años, dibujaba un panorama médico distinto al de Gertz. Federico Gertz usaba marcapasos, tenía problemas de visión por un herpes antiguo y “había comenzado a presentar conductas referentes a que manifestaba que veía cosas inexistentes, ya que decía que veía ángeles y diablos en el piso”. Desde principios de agosto, un cuidador le ayudaba a vestirse, a comer o ir al baño.

En su declaración, Morán cuenta que en la mañana del 4 de agosto, el día en que se vio con Alejandro, Federico se golpeó en la cabeza. La mujer dice que cuando volvió, estaba “muy alterado, diciendo que estaba raptado y que necesitaba dinero para sus raptores”. Al día siguiente, le llevaron al médico. El doctor le recetó risperidona, un tranquilizante señalado para pacientes con esquizofrenia. El fármaco golpeó a Federico Gertz, completamente sedado. Morán dice que el 8 de agosto le llevaron a otro médico, que le recetó otro medicamento, quetiapina, un antipsicótico señalado igualmente para personas con esquizofrenia. Federico Gertz siguió con esa medicación por 10 días.

En su declaración de 2015, Alejandra Cuevas, una de las hijas de Morán, hoy presa, niega cualquier implicación en el caso y dice que ella no era la encargada de cuidar a Federico, como señalan Alejandro Gertz y sus abogados. El fiscal general plantea que durante ese mes de agosto, hasta su intervención el día 24, Laura Morán y sobre todo su hija Alejandra fueron las encargadas de Federico, de administrarle tranquilizantes y antipsicóticos que, en último término, empeoraron su situación. Alejandra apunta a la condición previa de Federico: “El 13 o 14 de agosto, Federico me llamó por teléfono y dijo que tenía ‘más de 100 empresas y que todo está muy raro, porque hay gente en casa y que creo que es cosa de secuestro”. Alejandra, interna en el penal de Santa Martha, en la capital, aseguró que ella no intentó matarlo.

Los peritos de la entonces Procuraduría, requeridos por Alejandro Gertz, llegaron a la casa del enfermo a finales de agosto. Enseguida se decidió su traslado a un hospital al sur de la ciudad, pero su cuerpo no aguantó demasiado. Murió apenas un mes después, el 27 de septiembre. La “congestión visceral generalizada” que señalaron los peritos escondía condiciones previas, una neumonía bacteriana y un choque séptico, producto de la úlcera en la espalda.

En las semanas posteriores a su muerte, los médicos que atendieron a Federico Gertz declararon ante los fiscales. También familiares y allegados. Los médicos, cercanos a Alejandro Gertz, señalaron que la falta de cuidados y la ingesta de antipsicóticos y tranquilizantes fueron clave. En marzo de 2016, la Procuraduría decidió, sin embargo, que no había motivo para procesar a nadie. En estos años, el actual fiscal Alejandro Gertz promovió recursos y amparos para evitar el cierre del caso. En septiembre de este año, el caso llegó a la juez 67 penal de Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta. El 2 de octubre, la juez ordenó detener a Alejandra Cuevas Morán. El 16 de octubre ingresó en prisión. En la documentación no aparece argumento alguno de por qué solo ella ingresó a prisión y no su hermana. EL PAÍS ha contactado a su abogado, Alfonso Jiménez O’Farrill, a través de un auxiliar, pero no ha recibido respuesta.