La ONU pide que se investiguen los disparos de la policía en la protesta feminista de Cancún

Los disparos utilizados para reprimir la protesta feminista del lunes en Cancún han encontrado su primer responsable. El director de la policía de Cancún, Eduardo Santamaría, ha sido señalado como el hombre que dio la instrucción de “disparar al aire" para dispersar a los manifestantes. De momento, Santamaría ha sido apartado del cargo y en las próximas horas será destituido “por el acto de abuso de autoridad”, según ha anunciado la presidenta municipal, Mara Lezama. “Las investigaciones continuarán hasta encontrar a los responsables de contradecir las órdenes de no violencia y a todos los elementos responsables de las agresiones”, ha asegurado la alcaldesa. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, ha condenado el uso excesivo de la fuerza de la policía en Cancún y ha exigido que se investigue el operativo.

Alrededor de las siete de la tarde del lunes, un grupo de 50 policías irrumpió en una protesta feminista en el palacio municipal Benito Juárez. Iban encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas. Comenzaron a disparan a pocos metros de los manifestantes para disolver la concentración. En esos momentos, había alrededor de 2.000 jóvenes, que pedían responsabilidades por los dos feminicidios que se habían registrado el fin de semana en el Estado de Quintana Roo. El último, el de una joven llamada Alexis, de 20 años, cuyos restos aparecieron el lunes a dos kilómetros de su casa en bolsas de basura.

Previamente, el grupo de manifestantes había prendido fuego a las maderas que estaban frente a las puertas de acceso para proteger el Ayuntamiento y habían roto algunas ventanas. Cuando los manifestantes intentaron ingresar al edificio, aparecieron los lados agentes de la policía municipal de Cancún que hicieron numerosos disparos al aire. Al menos tres personas resultaron heridas con impactos de bala; dos de ellas eran periodistas que cubrían la protesta.

Durante horas, las autoridades locales y estatales eludieron la responsabilidad “de los lamentables hechos”. A medianoche, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en una transmisión especial en Facebook, dio un nombre: Eduardo Santamaría. El mandatario informaba de que el director de la policía municipal “dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que trataban de invadir las oficinas de la presidencia municipal, con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban”.

El gobernador, que insiste desde ayer en que su instrucción precisa era no utilizar la violencia ni las armas en la protesta, terminó su mensaje pasando la pelota al tejado de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, a la que le pedía que diera de baja a los funcionarios involucrados. “No es tiempo de echar culpas ni de evadir responsabilidades”, afirmó.

Este martes por la mañana, Lezama, de Morena, ha anunciado que ha apartado de sus funciones como director de Seguridad Pública de Cancún a Santamaría y ha asegurado que en las próximas horas será destituido. “Estupidez se queda corto como adjetivo para calificar los disparos al aire”, ha dicho la presidenta municipal en el programa de televisión Por la mañana. “Ahorita lo tenemos separado del cargo, pero en investigación en este momento. Sí hay una responsabilidad. Aunque la operación depende del mando único, alguien tuvo que llevar la batuta y es lo que estamos esclareciendo en este momento”, ha añadido.

Las repercusiones no han terminado en Santamaría. Issac Janix Alanis, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún, ha presentado su dimisión este martes al medio día. En una contundente carta dirigida a la presidenta municipal, Janix asegura que se encuentra “indignado”: “Mientras manifestantes y reporteros eran asediados por las fuerzas del orden que tienen la responsabilidad de protegerlos, no existió presencia alguna de la Fiscalía ni hubo un solo perito ministerial registrando los hechos”. El secretario general del Ayuntamiento pide que se revise el mando único que opera en las fuerzas de seguridad y asegura que dimite porque “el cambio en Cancún no puede ocurrir desde el interior del presente Gobierno”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también ha salido este martes en su conferencia de prensa matutina a condenar la agresión: “No se deben utilizar armas, disparar. Esto tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”. López Obrador ha seguido la línea fijada por la Secretaría de Gobernación, en la que pide “una investigación y deslindar responsabilidades, castigar a los culpables”: “Nada de estar protegiendo a nadie, no debe haber impunidad ni protección a nadie”. El presidente ha rechazado que la Guardia Nacional interviniera en la agresión. Los periodistas que estuvieron presentes en la manifestación confirman que la Guardia Nacional no participó, pero sí fue testigo de lo ocurrido.

Desde que se filtraron las imágenes de los balazos, Twitter se convirtió el lunes por la tarde en el escenario de un reguero de condenas y justificaciones. Primero fue Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública y responsable de todas las fuerzas de seguridad del Estado, quien a las ocho de la tarde salió a anunciar una investigación interna y de la Fiscalía. Capella asegura que no hubo policías estatales que intervinieran “en ese vergonzoso hecho”: “Vamos a aclarar con precisión en las próximas horas quienes participaron. Ya se abrió una investigación en el ministerio público. Ni matizamos, ni eludimos responsabilidades”. Antes de lanzar el nombre de Santamaría, Capella barajaba dos hipótesis: “Que alguien ha entrado en un nivel importante de pánico, cuando vieron la turba entrar y empezar a incendiar pues todo lo que había en palacio municipal. La otra es que alguien hubiera querido pasarse de listo, en términos de los policías”.

La presidenta de Amnistía Internacional en México, Marcela Villalobos, pide al Estado que “aclare la cadena de mano que dio la instrucción”. Villalobos no cree que sea suficiente la destitución del jefe de policía de Cancún. “No puede quedarse solo en cobrar una cabeza. Esto no es el reflejo solo de una mala decisión individual, sino que hay una estructura detrás. Se debe hacer una investigación mucho más profunda y los costos deben ser políticos, no solo operativos”, dice en una conversación con EL PAÍS. “Es una alerta para el gobernador y para la alcaldesa”.