El Ejército investiga la participación de militares en un asesinato después de un enfrentamiento en Nuevo Laredo

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha informado este miércoles que ha abierto una investigación contra 24 militares para esclarecer su participación en un operativo ocurrido el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas (noroeste de México), en el que soldados mexicanos ordenaron un asesinato después de un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado. Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, ha informado de que la Fiscalía General de Justicia Militar está al frente de esta investigación para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los militares.

El lunes el diario El Universal hizo público un vídeo en el que se muestra a militares mexicanos ordenando el asesinato. Los soldados rodearon una camioneta donde viajaban una docena de personas, que ya habían sido abatidas. En las imágenes se ve que una persona levanta la cabeza. Entonces, uno de los uniformados grita: “¡Está vivo!”. Y otro contesta: “¡mátalo, a la verga!”. Aquel día murieron 12 civiles según la cuenta del Ejército. Cresencio Sandoval ha calificado este miércoles el hecho como “una actividad en la que se repelió una agresión por parte de la delincuencia”, pero ha dicho que en se investigará a todo el personal involucrado en el hecho. El jefe de Defensa ha informado de que las investigaciones se centrarán “en lo que se muestra en el video”.

El anuncio de este proceso se da un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) exigiera que se indague el “uso de la fuerza letal” de parte del Ejército en este suceso, que ha acaparado la atención nacional. “Las imágenes son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos”, advirtió la ONU en un comunicado. El organismo ha dicho que es importante que se determine si la acción militar fue justificada y si la actuación “se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego”.

Este hecho se convierte en una prueba de fuego para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde que asumió el poder ha tratado de distanciarse del uso de la fuerza militar ejercido por gobernantes anteriores. En septiembre del año pasado, tras otra matanza en la que participaron agentes de la policía estatal de Tamaulipas, el mandatario dijo que durante su Administración no permitirá violaciones a los derechos humanos. “No se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, masacres”, advirtió López Obrador. El presidente participó esta mañana en la conferencia de prensa de la Sedena, en la que se anunció la investigación de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

El mandatario ha cedido en los 19 meses que lleva al mando del Ejecutivo amplios poderes al Ejército y lo ha involucrado en tareas de seguridad pública, una iniciativa que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Los militares realizarán labores policiales hasta 2024. Se trata de una estrategia con la que López Obrador, otrora crítico de la militarización de las labores policiales, espera reducir la violencia en el país, que el año pasado registró casi 35.000 asesinatos, la cifra más alta desde que empezaron los registros en 1997.

No es la primera vez en lo que va del año que militares o policías se ven involucrados en hechos donde han resultado muertos civiles en Tamaulipas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado otros dos sucesos similares en el Estado, uno ocurrido en abril y otro en marzo. Raymundo Ramos, presidente del Comité, desconfía de las investigaciones que realiza el Ejército. “Es una carta de buenas intenciones que ya hemos visto en otras ocasiones”, comenta a EL PAÍS. Para este defensor de los derechos humanos debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) el organismo encargado de investigar lo ocurrido en Nuevo Laredo, pero advierte de que “cuando se trata de misiones militares la FRG tiene miedo de investigar. En Tamaulipas se aprovechan del vacío de poder, porque el aparato de justicia no funciona, es muy limitado, porque tienen miedo a los militares”, dice.