Trump logra aplazar el fallo del ‘caso Stormy Daniels’ tras la decisión del Supremo sobre su inmunidad

El juez Juan Merchan, que ha presidido el juicio penal contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels —el pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio, por el que el republicano fue declarado culpable el pasado 30 de mayo— ha decidido este martes retrasar la condena hasta el próximo 18 de septiembre después de que la Fiscalía accediera a la petición del equipo legal de Trump para que tengan en cuenta el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la víspera, sobre la inmunidad presidencial.

Pocas horas después de la decisión del Supremo, que consagra una amplia inmunidad a los presidentes en actos oficiales, el abogado principal de Trump presentó una carta al juez Merchan solicitando permiso para presentar una moción con el fin de impugnar el veredicto, cuando faltaban solo diez días para que se conociera la condena, prevista el 11 de julio. Los fiscales de Manhattan aceptaron este martes la petición de la defensa de aplazar la sentencia penal para que el juez pudiera sopesar si el fallo del Supremo cuestionaba la condena. A media tarde, hora local, Merchan ha decidido posponer la sentencia al 18 de septiembre.

Fieles a la estrategia dilatoria mostrada durante este y el resto de los procesos que su cliente afronta —otros tres casos penales en Washington, Georgia y Florida—, los abogados de Trump habían pedido al juez a última hora de este lunes que pospusiera la sentencia del 11 de julio mientras este consideraba si el fallo del Supremo afectaba a la condena. No obstante, una hipotética anulación de la misma es una posibilidad remota, ya que el caso de Manhattan se centra en actos que Trump protagonizó como candidato, no como presidente, y además el fallo del Supremo establece la inmunidad en actuaciones oficiales, no privadas.

El pasado 30 de mayo, un jurado de Manhattan declaró culpable a Trump de los 34 cargos de falsificación de registros contables para encubrir el pago de un soborno a la actriz en vísperas de las elecciones de 2016, en las que se impuso a la demócrata Hillary Clinton. La intención ulterior de ese pago fue impedir que el escándalo de su relación extramatrimonial le perjudicase en sus opciones electorales, algo que la Fiscalía calificó de “trama criminal para adulterar el resultado” de esos comicios. Trump es el primer exmandatario de EE UU delincuente convicto.

El esfuerzo de sus abogados se ha visto recompensado una vez más: horas después de que la oficina del fiscal Alvin Bragg declinara el lunes hacer una recomendación de condena al juez, como estaba previsto, la notificación oficial del aplazamiento de la sentencia es casi una victoria para el republicano. La sentencia podría consistir en un máximo de cuatro años de cárcel o bien, considerando que carece de antecedentes, la libertad condicional.

El intento de Trump de impugnar su condena se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara el lunes que los presidentes gozan de inmunidad absoluta a la hora de ser enjuiciados por sus principales actos oficiales. La decisión de la alta corte no ha podido ser más oportuna para sus intereses, ya que el que con casi toda seguridad será proclamado candidato republicano a la reelección en la convención nacional republicana en Milwaukee, dentro de dos semanas, trata de evitar antes de las elecciones de noviembre otros juicios en los otros tres procesos penales que afronta, todos de raíz política, dos de ellos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 y el otro por llevarse documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.

La decisión del Supremo, que se dividió en líneas ideológicas —la mayoría conservadora del Tribunal, de seis miembros, frente a las tres juezas liberales—, determinó que Trump puede reclamar inmunidad penal por algunas de sus acciones como presidente antes de dejar el cargo, lo que probablemente retrasará aún más los tres casos pendientes, en especial el juicio federal por subversión electoral derivado de sus acciones el 6 de enero de 2021, cuando una masa enfurecida de seguidores suyos asaltó el Capitolio tras ser arengada por el aún presidente. Si el republicano resultara reelegido en noviembre, podría indultarse a sí mismo al tratarse de un caso federal.

Antes de que el Supremo le diera un respiro con su decisión sobre la inmunidad presidencial, que hace imposible que las causas sobre el papel del republicano en las elecciones de 2020 se juzguen antes de noviembre, el equipo legal de Trump había logrado también otra pequeña victoria: la semana pasada el juez Merchan levantó parcialmente la orden de silencio, u orden mordaza, para impedir que el expresidente criticase a testigos, jurados y funcionarios judiciales durante el proceso. Ahora Trump sí podrá pronunciarse sobre ellos.

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