Profesores universitarios demandan a Donald Trump y Marco Rubio por perseguir y deportar a estudiantes extranjeros propalestinos

Profesores universitarios han demandado este martes a la Administración de Donald Trump por la presunta inconstitucionalidad de perseguir a estudiantes extranjeros en los campus de EE UU. La demanda, presentada en el tribunal de distrito de Massachussets, pretende no solo denunciar el amedrentamiento de la comunidad estudiantil por la detención y en algunos casos deportación automática de compañeros y profesores que simpatizan con la causa palestina, también el hecho de que la persecución priva a los estadounidenses de su derecho a relacionarse con compañeros nacidos en el extranjero y a conocer sus puntos de vista. Es decir, una política que no sólo persigue la libertad de opinión, sino también la de formarse la propia a partir de opiniones ajenas. Entre los demandados están, además del presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas; policía migratoria), Todd Lyons.

Días después de que Columbia se plegara a las demandas del Gobierno de combatir con firmeza el antisemitismo en su campus —un punto de inflexión en la guerra de la Administración contra las universidades—, la demanda adopta por tanto un enfoque más amplio que el de otras recientes contra las órdenes de deportación emitidas por el Gobierno federal contra supuestos apologetas de la causa palestina en los campus, destinadas a frenar procedimientos de deportación individuales. Entre ellos figura el de Mahmud Khalil, residente legal en EE UU y uno de los líderes de movilización contra la guerra de Gaza en el campus de la Universidad de Columbia, y que lleva dos semanas detenido en un centro del ICE en Luisiana, a la espera de que el juez determine si procede su expulsión.

Desde la detención de Khalil, el pasado 8 de marzo, se han multiplicado los episodios de estudiantes y profesores señalados, cuando no expulsados directamente, como el caso de una profesora de Medicina de la Universidad de Brown de origen libanés, por su presunta vinculación a grupos como Hamás o Hezbolá, según la denuncia, sin pruebas, de la Administración. El último caso es el de una estudiante de origen asiático de Columbia, que llegó a EE UU cuando tenía siete años, y que participó en las protestas propalestinas de la primavera pasada. La joven, a cuyo dormitorio del campus acudieron agentes del ICE con la intención de detenerla, presentó una demanda este lunes contra Trump y otros altos cargos de la Administración para frenar su deportación. Como en el caso de Khalil, el Gobierno argumenta que su presencia en EE UU obstaculiza la agenda de política exterior de la Administración para combatir la propagación del antisemitismo, el argumento utilizado por Washington para obligar a capitular a Columbia.

La demanda de los profesores se basa en el principio de la Primera Enmienda, según la cual los estadounidenses tienen derecho no sólo a expresar sus ideas, sino también a escucharlas. Esto se está violando, argumentan los litigantes, a medida que los extranjeros evitan las protestas políticas, purgan sus redes sociales para evitar la exposición y declinan participar en grupos comprometidos con la defensa de la causa palestina. “Hoy, la Administración persigue el discurso propalestino, pero mañana puede perseguir el discurso que critica los combustibles fósiles, el discurso que promueve los DEI [criterios de diversidad e inclusión, en sus siglas inglesas] o el que defiende la atención [médica] a la afirmación de género”, ha explicado Ramya Krishnan, abogada del Instituto Knight de la Primera Enmienda en Columbia, que representa a los profesores en la demanda, en comentarios recogidos por el diario The New York Times.

Entre los demandantes figuran, además del Instituto Knight —que no representa a las autoridades de Columbia—, la Asociación Estadounidense de Profesores y la Asociación de Estudios de Oriente Medio, un grupo sin ánimo de lucro. Una de las condiciones impuestas por la Administración para seguir financiando con 400 millones de dólares (370 millones de euros) a Columbia fue el nombramiento de un vicerrector especial para supervisar el temario y el profesorado el Departamento de Oriente Medio, incluido el Centro de Estudios Palestinos.

La demanda, que también lamenta la creciente autocensura en las aulas para no llamar la atención, asegura que la política de deportación de Trump viola asimismo la Quinta Enmienda, que garantiza un proceso con garantías, porque no da a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria extranjeros “indicaciones precisas sobre qué discurso cree el Gobierno que es motivo de arresto, detención y deportación”.