Los jueces federales dan el visto bueno a prohibir TikTok en EE UU si su propietaria china no la vende

Los jueces federales han dado la razón a la Administración del presidente Joe Biden este viernes: TikTok se podrá prohibir en Estados Unidos si su empresa matriz, la tecnológica china Bytedance, no la pone en venta antes del 19 de enero. Un tribunal de apelaciones en Washington ha denegado la apelación de la compañía contra la ley aprobada la pasada primavera y que ordenaba que Bytedance se deshiciera de la red social por las preocupaciones en torno al posible impacto de la red social en la seguridad nacional. La empresa china alegaba que la medida viola el derecho a la libertad de expresión y, además, es imposible de cumplir.

El tribunal de tres jueces ha determinado que la ley “se adecúa al escrutinio constitucional” y, por tanto, “se deniega la apelación”. La medida que el Congreso votó en abril con los apoyos de los dos partidos, el republicano y el demócrata, y que Biden promulgó, “se redactó cuidadosamente para lidiar únicamente con el control de un adversario extranjero, y era parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar una amenaza bien demostrada contra la seguridad nacional por parte de China”, escriben en su dictamen.

La decisión puede aún ser recurrida ante otro tribunal superior de apelaciones o el Supremo de Estados Unidos. Si Bytedance renunciara a ello —algo que parece improbable, dado lo que está en juego—, o el Supremo mantuviera el dictamen de la corte inferior, la compañía de propiedad china tendría que poner a la venta a toda velocidad una aplicación que utilizan 170 millones de estadounidenses, la gran mayoría de ellos jóvenes, y se ha convertido en una de las grandes fuentes de información —en ocasiones, la única— para sus usuarios. O verla prohibida dentro de seis semanas. Una posible tercera opción sería que el Gobierno le concediera la prórroga de tres meses prevista en la ley en el caso de que la venta no se haya cerrado para entonces, pero el Departamento de Justicia encuentre que la empresa matriz ha hecho todo lo posible por desinvertir en la plataforma.

Es una decisión que el día 19 de enero todavía recaería en el presidente saliente, Joe Biden. A partir del día 20 a mediodía la tarea corresponderá a su sucesor, el presidente electo Donald Trump. Durante su primer mandato, el republicano se mostró muy crítico hacia la plataforma y amenazó con prohibirla. En la campaña electoral este año, en cambio, declaró que no estaba a favor de cerrar la aplicación en territorio estadounidense.

El Gobierno de Biden alega que TikTok representa un riesgo para la seguridad nacional por dos razones. La primera, porque dispone de montañas de datos sobre los usuarios estadounidenses, especialmente sobre sus hábitos de visionado y consumo, que en un momento dado estaría obligada a compartir con el Gobierno chino si este se lo exigiera. La segunda, que el algoritmo que emplea, y que es la envidia del sector por lo ajustado de sus sugerencias a cada usuario, puede llegar a utilizarse para difundir propaganda, información falsa o algún otro tipo de influencia encubierta.

“Los millones de usuarios de TikTok necesitarán encontrar medios de comunicación alternativos” en caso de que la aplicación no se venda y el Gobierno opte por no conceder la prórroga, reconocen los jueces Douglas Ginsburg, Neomi Rao y Sri Srinivasan, nombrados respectivamente por los presidentes Ronald Reagan, Donald Trump y Barack Obama. El trío de magistrados hace hincapié en que la propiedad china de la red social pone en peligro la seguridad nacional “de Estados Unidos, no la del Gobierno estadounidense” y en que el Gobierno “negoció con TikTok en un proceso de años en un esfuerzo por encontrar una solución alternativa”.

En sus argumentos para pedir la anulación de la ley, Bytedance alegaba que el Gobierno estadounidense no ha conseguido demostrar que TikTok represente un riesgo para la seguridad nacional. También, que la aplicación de la ley violaría el sacrosanto derecho a la libre expresión, recogido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. En un informe legal presentado en junio, la empresa matriz y la red social explicaban que, de tener que separarse, la aplicación perdería los atributos que la han hecho tan popular y, en la práctica, quedaría condenada a muerte. La venta, sostenían, “simplemente no es posible”, “ni comercial, ni tecnológica, ni técnicamente”.

“Aunque la separación fuera posible, en Estados Unidos TikTok quería reducida a un mero cascarón, desprendida de la tecnología innovadora que ajusta el contenido a cada usuario” de manera individual, alegaban ByteDance y su plataforma. La aplicación, explicaban, “se convertiría en una isla, en la que los estadounidenses no podrían intercambiar puntos de vista con la comunidad global de TikTok”. Una situación similar a la que afecta a los usuarios en la propia China, donde la versión local de la aplicación, Douyin, carece de acceso fuera del llamado “Gran Cortafuegos” impuesto por la censura china en internet.

El Gobierno de Estados Unidos asegura que con la ley no se pretende forzar el cierre de la aplicación, sino su venta, para proteger el uso que los propietarios de la plataforma puedan hacer de los datos de millones de sus ciudadanos. “En lo que nos centramos a la hora de aplicar esta ley ahora es en trabajar para una desinversión de modo consistente con la intención de la ley y con las preocupaciones de seguridad nacional que la hicieron aprobarse”, señalaba el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa inmediatamente después de que la medida quedara promulgada en abril.

La decisión del Tribunal ha recibido ya las primeras críticas de las organizaciones defensoras de los derechos civiles como un “precedente peligroso y defectuoso”. “Prohibir TikTok viola de modo escandaloso los derechos bajo la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión) de millones de estadounidenses que utilizan esta aplicación para expresarse y comunicarse con gente de todo el mundo”, ha apuntado Patrick Toomey, subdirector del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión para las Libertades Civiles en Estados Unidos (ACLU).