Kevin Heller, asesor del fiscal de La Haya: “La equivalencia entre Israel y Hamás es que ambos cometieron crímenes internacionales”

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, hizo el lunes realidad uno de los mayores temores de Israel: pidió una orden de arresto contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su titular de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva militar en la franja de Gaza. Realizó la misma solicitud para tres miembros de la cúpula de Hamás. Como salvaguarda, el fiscal se apoyó en la opinión de un panel de expertos independientes y de sus asesores especiales. Entre estos últimos está el jurista Kevin Jon Heller, uno de los hombres de confianza de Khan, que ha hablado este miércoles con EL PAÍS sobre el trabajo de los pasados ocho meses, las presiones externas a la oficina del fiscal del TPI y lo que ocurrió entre bambalinas ante un anuncio histórico.

Heller (Illinois, 52 años) quiere dejar claro, antes de nada, que existe una “percepción errónea” del trabajo de Khan. “Él no va a la oficina de los jueces a pedir una orden de arresto y ya. Antes debe tener las suficientes evidencias para considerar que alguien ha cometido un delito” que esté bajo la jurisdicción del TPI, como son los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la tarea es larga. “Los documentos no serán públicos si no lo decide el juez, pero en casos comparables hay archivos de más de 150 folios con hasta 1.000 pies de página”, señala el jurista por videollamada.

El trabajo comenzó a las pocas semanas del ataque de Hamás del 7 de octubre y de la consecutiva ofensiva de Israel sobre Gaza. Uno de los principales retos era la recolección de evidencias sobre posibles crímenes que son competencia del TPI. “El fiscal hizo, desde el principio, reiteradas peticiones a Israel para que permitiera a su equipo entrar en Gaza. Siempre fueron rechazadas”, asegura Heller, también catedrático de la Universidad de Copenhague.

Por eso fue necesario el testimonio que proporcionaron “supervivientes, familiares de víctimas, doctores locales, abogados, periodistas y trabajadores de ONG” sobre los presuntos crímenes cometidos durante la campaña del ejército israelí en la Franja. Por el contrario, Khan pudo recabar de primera mano evidencias de las brutalidades cometidas por Hamás, en su visita en diciembre a los kibutz (granjas colectivas) atacados por la milicia palestina.

Pero las dificultades para la Fiscalía también provenían de fuera. Heller denuncia que hubo “presiones externas” para que el anuncio de Khan no incluyera a los líderes israelíes. El asesor del fiscal cita como ejemplo la carta firmada por 12 senadores republicanos en la que estos aseguraban que una decisión en contra de la cúpula política israelí darían lugar a “sanciones severas” contra Khan y el órgano judicial de La Haya ―ni Estados Unidos ni Israel reconocen al tribunal―. “La amenaza de los republicanos termina con la frase: ‘Ha sido advertido’. Parece hecha por la mafia, no es el lenguaje que uno espera que usen senadores elegidos democráticamente”, objeta Heller. Sin embargo, incide en que la presión internacional siempre ha existido: “Recuerdo cuando, tras la orden de detención de [Vladímir] Putin, el expresidente ruso Dmitri Medvédev dijo que Rusia lanzaría misiles hipersónicos contra la sede del tribunal”.

“Hipocresía”

Como era previsible, las reacciones a la petición de arrestos de Khan fueron mixtas. La Unión Europea señaló que respetaría las decisiones de la Fiscalía del TPI, mientras que países como Estados Unidos y Alemania criticaron que las solicitudes sobre Netanyahu y Gallant cayeran al mismo tiempo que las de Hamás. “La solicitud [...] es escandalosa. Y permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal pueda insinuar, no hay equivalencia —ninguna— entre Israel y Hamás”, manifestó el presidente de EE UU, Joe Biden. En opinión de Heller, al hablar de esa “equivalencia no se trata de los autores: se trata de las víctimas, sin importar el lado en el que están. La única equivalencia es que ambas partes cometieron crímenes internacionales”.

Netanyahu calificó la acción de la Fiscalía como una acción dirigida “contra todo el Estado de Israel”, a la vez que su Gobierno argumentó que el TPI no tiene jurisdicción sobre el primer ministro, al no ser Israel un país signatario del Estatuto de Roma que lo creó. A su vez, países aliados de Israel, como Hungría, han puesto en duda de si ejecutarían las órdenes de arresto en sus territorios en caso de aprobarlas el tribunal.

“Hay una palabra para eso: hipocresía”, sostiene Heller. El experto en Derecho Internacional retoma el ejemplo de Putin: “Cuando se ordenó su arresto [por crímenes contra Ucrania], todos aplaudieron. En EE UU, lo hicieron los demócratas y los republicanos, y en esa ocasión no hubo problema con que Rusia no sea signatario” del Estatuto de Roma.

Posibles cargos adicionales

El caso presentado por Khan plantea que hay “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant son “penalmente responsables” de crímenes como matar de hambre a civiles como método de guerra, causar deliberadamente graves sufrimientos a la población civil o cometer un exterminio (por las muertes causadas por inanición).

Sin embargo, destaca la ausencia de una palabra tan recurrida en el debate sobre esta guerra: genocidio. Según Heller, las acusaciones presentadas por la Fiscalía tienen una “perspectiva realista”. “No significa que mirásemos delitos y los rechazáramos. Solo que en la instantánea de ahora, esos fueron los delitos con los que nos sentimos cómodos para seguir adelante”, precisa.

La actividad en la oficina del fiscal no ha terminado. De hecho, Heller hace una predicción: “Podemos esperar que haya cargos y sospechosos adicionales en este caso, una vez hayamos analizado más evidencias. No hay nada descartado”. En cualquier caso, para el jurista, el pasado lunes ―cuando se anunciaron las peticiones de arresto― pasará a la historia “como uno de los días más trascendentales en la historia del derecho penal internacional”. Además, considera que indirectamente es una respuesta a las críticas al tribunal por estar centrado en casos contra criminales del Sur Global.

“Desde Núremberg, ningún funcionario de un Estado occidental ha sido acusado de un crimen internacional. Ahora que salimos de África, aparentemente se nos está subiendo el humo a la cabeza”, ironiza Heller. El jurista se mantiene optimista: espera que, ante la expectación general, la resolución de los jueces ocurra pronto. Y confía en que, en caso de ser afirmativa, los países “hagan lo correcto y cumplan con sus obligaciones internacionales”.

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