El parón de ONG vitales tras el ataque a los cooperantes deja a Gaza más cerca de la hambruna

El Jennifer, uno de los cuatro barcos operados por la ONG estadounidense World Central Kitchen (WCK) y por la española Open Arms, había llegado el lunes por la mañana desde Chipre y atracado frente al espigón que sus colaboradores locales en Gaza construyeron en marzo con los escombros de los bombardeos israelíes. A bordo, llevaban más de 300 toneladas de alimentos, entre ellos, uno de gran significado simbólico para los musulmanes en Ramadán: los dátiles, lo primero que comen al ponerse el sol, cuando se rompe el ayuno con el iftar. Pero cuando solo habían descargado unas 100 toneladas, tuvieron que zarpar de nuevo, llevándose otra vez consigo gran parte de la comida. Tres misiles israelíes acababan de matar a siete cooperantes de WCK, cuatro de ellos occidentales.

En el comunicado en el que confirmó la muerte de sus siete trabajadores, la organización fundada por el cocinero hispano-estadounidense José Andrés anunció también la suspensión de todas sus actividades en Gaza. A este anuncio siguió al día siguiente, el martes, uno análogo de otra ONG: Anera. Este jueves, otra organización también estadounidense, Project Hope, aseguró estar “evaluando la seguridad de su personal”, después de suspender su trabajo durante tres días.

La pausa en la ayuda humanitaria de estas ONG ha hecho temer que otras organizaciones sigan su ejemplo en un momento en el que Gaza está sumida en una catástrofe humana y donde el agua y la comida llegan con cuentagotas a causa de las restricciones israelíes, sobre todo en el norte.

Israel ha anunciado este viernes que abrirá el paso fronterizo de Erez, en el norte de Gaza, y permitirá que la ayuda humanitaria llegue, aunque solo de forma temporal, al puerto de Ashdod, a 30 kilómetros del enclave palestino. También se ha comprometido a incrementar los suministros que penetran en el enclave a través del paso meridional de Kerem Shalom. Esta decisión, que las ONG y la ONU llevaban meses reclamando en vano, llega después de que el presidente de EE UU, Joe Biden, advirtiera la víspera por teléfono al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que el apoyo de su país dependerá de las medidas que Israel adopte para proteger a los civiles.

Tanto el uso del cercano puerto de Ashdod, como la apertura de Erez, podrían aliviar la grave catástrofe humana que sufre Gaza, siempre que Israel permita la entrada de una cantidad significativa de ayuda humanitaria. Sobre todo porque hasta ahora, la región septentrional, en la que se sitúa ese puesto fronterizo, es donde más azota una hambruna que, ya en marzo, se definía como “inminente” por parte de las organizaciones internacionales. Al menos la mitad de los gazatíes sufre de una carencia extrema de alimentos. Esa situación especialmente grave en esa mitad del territorio se remite a la negativa de Israel, con escasas excepciones, de permitir el acceso de los camiones con comida de las organizaciones humanitarias.

Según un comunicado de la ONU del 20 de marzo, en las dos primeras semanas del mes pasado, Israel solo dio permiso para entrar en el norte de la Franja a 11 de los 24 convoyes con alimentos que las organizaciones internacionales trataron de introducir en esa región. El resto “fueron denegados o aplazados”. Entre los vehículos que obtuvieron esa autorización, varios pertenecían a WCK. Naciones Unidas calcula que en el norte de Gaza subsisten a duras penas 300.000 personas — de una población de 2,2 millones— de las que al menos 210.000 están a punto de sufrir una hambruna o la sufren ya. Vídeos divulgados en redes sociales y periodistas palestinos han mostrado a sus habitantes preparando sopas con hierba o fabricando pan con pienso para animales, que, en algunos casos, es tóxico para los seres humanos.

Además, el 25 de marzo, las autoridades israelíes vetaron la entrada en la región septentrional de los camiones del principal actor humanitario del territorio: la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Quienes viven más arriba del río Gaza, que parte la Franja en dos, se vieron así privados del reparto de harina de la agencia, del que hasta marzo se habían beneficiado más de 1.800.000 gazatíes. Los alimentos distribuidos por UNRWA representaban el 50% de toda la comida que llegaba al norte, según la ONU.

Ese veto de Israel a la UNRWA fue un paso más en la campaña en contra de la agencia de las autoridades israelíes, que la acusan de estar infiltrada por Hamás, aunque sin aportar pruebas de ello. Esa recriminación motivó que 16 países suspendieran su financiación, aunque varios de ellos —Canadá, Francia, Australia, Japón y la Unión Europea, entre otros— la han restablecido.

Con los fondos de la UNRWA mermados y la agencia sin posibilidad de acceder a la mitad de Gaza, el papel asumido por organizaciones que reparten alimentos como WCK y Anera había ido adquiriendo un peso crucial. A mediados de marzo, la ONG del chef José Andrés aseguró haber distribuido en el norte del enclave casi 200 toneladas de alimentos. El 1 de marzo, WCK participó en un lanzamiento aéreo de 500 palés de comida y medicamentos en esa región. Una de las cocinas comunitarias de Anera está situada en la localidad septentrional de Yabalia.

En toda Gaza, en los casi seis meses que dura la guerra, WCK ha gestionado 60 cocinas comunitarias en el centro y el sur del territorio. En ellas se han servido al menos 43 millones de comidas. En el caso de Anera, además de la cocina de Yabalia, la organización disponía de otras seis instalaciones de ese tipo en las localidades meridionales de Rafah y Jan Yunis. Anera ha distribuido más de 23 millones de comidas, 150.000 al día, recuerda por teléfono desde Estados Unidos su presidente Sean Carroll.

Garantías

Carroll no oculta su tristeza por haber tenido que tomar una decisión que define como “lo peor”. Su organización se ha visto obligada, asegura, a “elegir entre seguir dando de comer a personas muertas de hambre o proteger a sus trabajadores y a los propios beneficiarios”. Afirma que si sus cooperantes sufren un ataque, “también pueden morir” las personas a quienes tratan de ayudar. El presidente de la ONG añade luego que sus equipos “están deseando volver al trabajo”. Y concluye: “Lo único que pedimos es que Israel nos dé alguna garantía de que no nos va a atacar”. Este trabajador humanitario considera que la llamada entre Biden y Netanyahu “podría ser muy importante” para obtener ese compromiso.

En Gaza trabajan 23 agencias u organismos del sistema de Naciones Unidas y decenas de ONG internacionales, además de otras muchas más locales, pero la ayuda alimentaria de WCK, de Anera y —en el norte— de UNRWA son difícilmente reemplazables.

La semana pasada, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU dictó nuevas medidas cautelares contra Israel, instándole a permitir “sin demora” la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo la comida. Acatar esa orden en lo material sería fácil, si no fuera porque Israel sigue haciendo caso omiso de peticiones de ese tipo, que las organizaciones internacionales no dejan de hacer.

En marzo, James Elder, portavoz de Unicef, que visitó la Franja durante unos días, recordó cómo, en el lado egipcio del paso de Rafah, en la frontera con Gaza, larguísimas filas de camiones cargados con comida esperaban el permiso israelí. Otra agencia de la ONU que también trabaja en Gaza, el Programa Mundial de Alimentos, ha reiterado en varias ocasiones que dispone de reservas de alimentos suficientes para dar de comer sin problemas a los más de dos millones de gazatíes, una vez que Israel abra las puertas del enclave palestino ocupado.

Mientras, en el norte de Gaza, deplora la ONU, uno de cada tres niños menores de dos años sufre ya la forma más aguda de desnutrición grave: la emaciación, que se alcanza cuando el cuerpo está tan consumido que pierde la capacidad de absorber los nutrientes. Muchas veces, es irreversible.

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