Trump afrontará el primer juicio penal contra un expresidente de EE UU a partir del 15 de abril
Los abogados del líder republicano habían solicitado una nueva demora de 90 días en el ‘caso Stormy Daniels’, rechazada por el juez
El expresidente Donald Trump ha comparecido este lunes ante el tribunal penal de Nueva York para una audiencia previa al juicio por el caso Stormy Daniels (el pago de dinero negro a una actriz porno para comprar su silencio por una aventura extramatrimonial). En la vista se dirimían solo cuestiones de procedimiento: si el inicio del juicio, previsto inicialmente para este lunes pero retrasado por la incorporación de nuevas pruebas al sumario, podía demorarse aún más, hasta los 90 días que solicitan sus abogados, que en este y el resto de procesos contra Trump ―otros tres penales y dos casos civiles― han basado su estrategia precisamente en ganar tiempo. La Fiscalía no veía motivos para que se retrase más allá de mediados de abril, al considerar que el plazo suplementario ha dado tiempo suficiente a la defensa para estudiar las nuevas pruebas. Y así ha sido: el primer juicio penal contra un expresidente de EE UU empezará el 15 de abril.
Los esfuerzos del equipo de abogados de Trump por retrasar al máximo todos los juicios hasta después de los comicios del 5 de noviembre estriban en la esperanza de la reelección, lo que frenaría efectivamente los casos penales en su contra. Los otros tres procesos penales están también empantanados en retrasos de diversa índole, por lo que el caso de Manhattan puede ser el único en resolverse antes de las elecciones. El expresidente, que denuncia que sus procesos legales están motivados políticamente, ha afirmado que “no es justo” que se celebra el juicio “en medio de las elecciones”.
La fiscalía del distrito de Manhattan, que dirige el demócrata Alvin Bragg, había pedido al juez que no aceptara más retrasos en el juicio por el pago de dinero por silencio de Trump a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, para evitar un escándalo que habría empañado su buen nombre como candidato a la Casa Blanca. Hace diez días, el juez Juan Merchan aplazó el juicio, al menos hasta mediados de abril, tras la aparición de nuevos documentos, que Bragg considera en gran parte irrelevantes o duplicados. Pero la demora de los fiscales federales a la hora de entregar esas pruebas dio un nuevo argumento a la defensa para solicitar otros 90 días de retraso e incluso el archivo de la causa por supuesta mala praxis del fiscal, o el descuido, cuando menos, en los tiempos.
Trump ha regresado este lunes al lugar en el que hace aproximadamente un año el mismo juez le leyera los 34 cargos penales por falsificar registros comerciales para tapar el acuerdo de dinero negro con la estrella porno (el desembolso fue consignado como gasto legal en las cuentas de la empresa). El pago fue realizado por Michael Cohen, que entonces era su abogado y hombre de confianza y posteriormente se convirtió en testigo de cargo contra él. De hecho, los nuevos documentos entregados recientemente por los fiscales federales proceden de investigaciones previas a Cohen, que en 2018 fue juzgado y condenado a tres años de cárcel por lo que en su día se consideró un delito de financiación ilícita de la campaña, el citado pago de 130.000 dólares (unos 120.000 euros) a la actriz. Según uno de los fiscales, “el 99%” de los documentos eran irrelevantes, muchos, registros bancarios de Cohen, que amañó todo tipo de asuntos sucios para Trump cuando le servía de escudero y ahora se espera sea el testigo estrella del proceso.
Todo ello ocurre mientras otros juicios de Trump ―incluidos los procesos federales por injerencia electoral y el presunto manejo indebido de documentos clasificados― están en suspenso y él trata de agotar el tiempo hasta noviembre con frenéticos litigios y la presentación de apelaciones. El Tribunal Supremo debe examinar el próximo mes su amplia demanda de inmunidad presidencial por actos cometidos en el ejercicio del cargo, y no se espera una sentencia hasta finales de junio. La decisión podría tener importantes implicaciones para las causas penales a las que se enfrenta Trump mientras aspira a un segundo mandato en la Casa Blanca.
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