La Fiscalía de Nueva York destapa una gran trama de corrupción en la agencia de vivienda social de la ciudad

Al menos 70 empleados en activo y retirados de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, en sus siglas inglesas; la agencia de vivienda social) han sido acusados de recibir sobornos en un vasto esquema de corrupción que los fiscales federales de la ciudad consideran “el mayor en un solo día en la historia del Departamento de Justicia”, por el número de casos que comprende. Es decir, el mayor número de cargos federales por soborno que el Departamento de Justicia presenta en un solo día.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, ha explicado que los superintendentes (una figura equivalente al mánager o encargado), superintendentes adjuntos y otros funcionarios de la agencia aceptaron más de dos millones de dólares en sobornos de contratistas a cambio de favorecer contratos y proyectos menores por valor de más de 13 millones de dólares en al menos 100 complejos o urbanizaciones de la NYCHA.

Coloquialmente llamados projects, estos complejos están inmersos y distribuidos por todos los barrios, teóricamente para evitar la creación de guetos en las afueras, aunque en la práctica son protuberancias urbanas habitadas por los habitantes de menos recursos. Como recuerdan los carteles que rodean su perímetro, bien visibles, los edificios que forman el complejo están vigilados por las cámaras de la policía de Nueva York, a diferencia del resto de edificios residenciales, que tienen cámaras convencionales. Desde la pandemia los projects acarrean además un sinfín de dificultades: además del deterioro de instalaciones y servicios, un alto nivel de impago de las rentas por sus inquilinos (la recaudación cayó en 2022 al 65%, un mínimo histórico para la agencia).

El año pasado, los responsables de la agencia calcularon que se necesitan unos 78.000 millones de dólares en las próximas dos décadas para renovar el vetusto sistema. Las quejas sobre edificios en ruinas, roedores, tuberías con goteras y ascensores averiados, entre otras, persiguen a la NYCHA, si bien la demanda sigue siendo alta, con cientos de miles de personas en lista de espera en una ciudad con serio déficit de viviendas asequibles y que expulsa a muchos habitantes del centro.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el fiscal Williams explicó que los trabajadores se aprovecharon de un proceso de no licitación de contratos menores, aquellos con un presupuesto inferior a los 10.000 dólares, como reparaciones de ventanas, puertas y otros trabajos a pequeña escala. Williams calificó la trama de “pago clásico”. “Los superintendentes que aceptaban sobornos de los contratistas y extorsionaban a éstos se convirtieron en algo habitual”, afirmó Williams. “Utilizaban sus puestos en NYCHA para llenarse los bolsillos”, una corrupción sistémica que “erosionó la confianza pública”.

Esta “cultura de la corrupción”, como la ha definido el fiscal, se extendió a través de decenas de desarrollos, donde los superintendentes y asociados presuntamente detrajeron cantidades relativamente pequeñas, de 500 a 2.000 dólares, de contratos menores mientras exigían silencio a los contratistas. La fiscalía ha publicado un mapa que localiza el centenar aproximado de complejos de viviendas de la NYCHA -un tercio del total- donde supuestamente se cobraron mordidas.

Los superintendentes tenían el año pasado un salario mínimo anual de unos 60.000 dólares, mientras que los superintendentes adjuntos cobraban unos 50.000 dólares, según datos municipales. La renta media en EE UU era de 65.000 dólares en 2020, antes de la pandemia y de la inflación desatada que desató posteriormente los precios, pero el salario de los funcionarios de la NYCHA, holgado en otros lugares, resulta sólo justo en Nueva York, la ciudad más cara del país.

NYCHA es la mayor agencia de vivienda pública del país, con cerca de 400.000 inquilinos en 335 promociones o projects repartidas por toda la ciudad, bien reconocibles por su diseño apagado y una sucia coloración marrón de los ladrillos. Tiene más de 12.000 empleados y un presupuesto de más de 3.300 millones de dólares, incluidos los 1.000 millones de dólares de fondos federales..

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