Inquietud en Israel por la inminente decisión del tribunal de la ONU sobre la acusación de genocidio en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado de urgencia este jueves un gabinete de crisis para anticipar posibles escenarios ante la decisión preliminar, prevista este viernes, del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la acusación presentada por Sudáfrica contra Israel de incitar al genocidio en la guerra de Gaza. La resolución del más alto tribunal de la ONU puede acarrear la imposición de medidas cautelares como el cese de la ofensiva que el ejército desencadenó hace tres meses en la Franja palestina, con un saldo de más de 25.000 víctimas mortales, tras el ataque lanzado por las milicias de Hamás, que causó 1.200 muertos en territorio israelí. A la reunión han asistido altos cargos del Estado, como la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y el ministro de Justicia, Yariv Levin, en una muestra de la preocupación en el Estado judío por las consecuencias del fallo de La Haya.

La defensa israelí en el caso planteado por Sudáfrica ha presentado ante el TIJ más de 30 actas y documentos desclasificados ―tanto de reuniones del Gobierno como de comunicaciones entre mandos militares― en los que se autorizaba la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, con el fin de refutar los cargos de que, desde “el más alto nivel” del Ejecutivo, se haya incitado al genocidio, según informa este jueves The New York Times.

Los letrados de Sudáfrica en La Haya alegaron que la incitación al genocidio desde Israel no puede presentarse como simples actos aislados de “grupos fuera de control”. En su acusación, incluyeron medio centenar de declaraciones públicas efectuadas por ministros, diputados o militares desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre, como prueba del intento de genocidio por parte de Israel.

Entre las declaraciones recogidas en el caso figura la del derechista Nissim Vaturi, vicepresidente del Parlamento israelí, quien llamó a “borrar Gaza de la faz de la tierra” en una entrevista radiofónica, en la que también reclamó la “eliminación” de los 100.000 palestinos que aún quedan en el norte de Gaza. “No tengo piedad por los que están allá”, remachó. El propio primer ministro aparece en la demanda de Sudáfrica por mencionar en más de un discurso a Amalek, la nación enemiga de los israelitas en la Biblia cuyo exterminio pidió Dios al rey Saúl: “Tenéis que recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra Sagrada Biblia. Y lo recordamos”.

También se compilan las palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant: “Nos enfrentamos a animales humanos y actuamos en consecuencia”. El ministro de Patrimonio Histórico, Amijai Eliyahu, llegó a plantear la opción de lanzar una bomba atómica sobre Gaza. Aún sigue en el cargo. “Solo hay una solución para curar un cáncer: eliminar todas las células cancerosas”, ha señalado a su vez en referencia a la guerra de Gaza, el embajador en la ONU, Gilad Erdan. Israel trata de restar importancia a dichas declaraciones por considerar que han sido malinterpretadas.

Con la aportación de las actas desclasificadas, Israel pretende demostrar ahora ante los jueces de la ONU que las inflamatorias declaraciones políticas de altos cargos israelíes presentadas hace dos semanas por Sudáfrica carecían de entidad, en comparación con las decisiones ejecutivas y órdenes oficiales del Gobierno y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dirigidas a proteger la vida de la población civil gazatí.

Entre otros documentos citados por The New York Times figuran actas de sesiones del Gobierno celebradas a finales de octubre, en las que el propio Netanyahu ordenaba facilitar el envío de ayuda humanitaria, agua y combustible a la Franja. También recomendaba la instalación de hospitales de campaña y la aproximación a la costa de Gaza de un buque hospital ofrecido por varios países.

En el acta de una reunión que se desarrolló el 14 de noviembre, el mandatario es citado así: “El primer ministro insistió una y otra vez en la necesidad de incrementar significativamente la ayuda humanitaria a la franja de Gaza”. El día 18 del mismo mes volvió a enfatizar “la absoluta necesidad” de permitir la entrada de ayuda humanitaria básica. “Se recomienda responder favorablemente a la petición de Estados Unidos de autorizar la entrada de combustible [en el enclave]”, concluye otra de las actas desclasificadas.

Corte de agua y electricidad

El diario estadounidense constata que los documentos oficiales que ha podido consultar han sido editados. Tampoco incluyen las decisiones adoptadas en los primeros días de la guerra, en los que el Gobierno ordenó bloquear la entrada de todo tipo de ayuda y cortó el suministro de agua y electricidad desde Israel a la Franja palestina.

Otros archivos examinados incluyen intercambios de correos electrónicos entre oficiales del Ejército y responsables de agencias de la ONU para organizar la distribución de comida, medicamentos y vacunas. En ellos se encuentran las comunicaciones para la entrega de un refrigerador alimentado por energía solar destinado a almacenar pruebas de un laboratorio médico.

Israel defiende que no tiene intención genocida en su ofensiva militar en Gaza y que quedaría indefenso en caso de no repeler, mediante el uso de la fuerza en legítima defensa, los ataques de la milicia islamista de Hamás. La representación israelí ha solicitado al TIJ que se abstenga de dictar medidas cautelares y archive el caso.

La demanda sudafricana incluye nueve mecanismos de protección ante la presencia de “actos de carácter genocida” en Gaza, entre ellos, el que reclama el cese de la ofensiva israelí. Sudáfrica se acogió a la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (de 1948) en su solicitud a los jueces. Este tratado prescribe que no puede usarse la fuerza hasta el punto de llegar a cometer el llamado “crimen de los crímenes”, aunque exige que se pruebe de forma concluyente la existencia de intención genocida. Las medidas cautelares, sin embargo, no exigen probar que se haya producido un genocidio, basta con que sea plausible.

Los autos del TIJ son de obligado cumplimiento, pero la ONU no cuenta con la capacidad de ejecutar estas decisiones. En todo caso, la comparecencia de Israel ante la justicia de La Haya por la acusación de intento de genocidio ha atraído aún más la atención internacional sobre un conflicto en el que ha perdido la vida más del 1% de la población de la franja de Gaza, ha sido arrasado la mayor parte de las viviendas e infraestructuras y ha forzado el desplazamiento de dos millones de civiles.

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