Arabia Saudí, donde la pena de muerte se maquilla con petrodólares
El país, con un grave expediente de incumplimiento de derechos humanos, utiliza el deporte como una de las principales herramientas para comprar favores en el mundo. El de Rafa Nadal es el último caso
Cuando la Federación de Tenis de Arabia Saudí anunció que su nuevo embajador sería Rafael Nadal, este declaró lo siguiente sobre el país: “Mires por donde mires, allí puedes ver crecimiento y desarrollo”. Mientras tanto, Abdullah al Derazi y Jalal Labbad, de 27 y 21 años, llevan años en prisión, esperando sus respectivas condenas a muerte. El delito: haber participado en protestas antigubernamentales cuando eran menores de edad. Estos dos casos son los últimos que han salido a la luz sobre un país con un grave historial de represión, torturas, asesinatos y hasta sospechas de crímenes de lesa humanidad. Todo ello, mientras el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, invierte cantidades millonarias en financiar eventos deportivos y a atletas de renombre para limpiar su reputación y ganar legitimidad en el escenario internacional.
Si bien Arabia Saudí tradicionalmente ha encabezado las clasificaciones más nefastas en materia de derechos humanos, en 2024 el panorama es más sombrío que nunca. Lina Hathloul, responsable de incidencia política de la ONG saudí ALQST, denuncia que el país se ha convertido en una dictadura en la que todas las instituciones han sido aniquiladas. “Es un Estado policial gobernado por una sola persona y donde no sabes cuáles son las líneas rojas, cuándo te arrestarán ni por qué. Y si te arrestan, te pueden internar en centros de detención no oficiales donde te torturarán”, asegura. “Se ha detenido a personas solo por publicar tuits en los que pedían la liberación de activistas. También por hablar sobre desempleo. Todo lo que se considere una crítica a las políticas gubernamentales se criminaliza”, advierte desde su exilio en Bruselas.
Escribir en X, el antiguo Twitter, es lo que le va a costar la vida a Mohammad bin Nasser al Ghamdi, un profesor retirado de 54 años condenado a muerte, acusado de terrorismo, por unos mensajes en los que criticaba al rey y al príncipe heredero y pedía la libertad de activistas detenidos. Al Ghamdi solo tenía 10 seguidores en su cuenta. “Prácticamente, todos los activistas, periodistas independientes o escritores han sido objeto de detención arbitraria y objeto de juicios injustos”, sostiene Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, quien recuerda además, que se mantiene la prohibición de formar partidos, sindicatos o cualquier grupo independientes, y que todas las manifestaciones están prohibidas.
En 2023, Arabia Saudí detuvo y encarceló al menos a 68 personas por delitos contra la libertad de expresión, reunión y asociación, según el recuento de Amnistía, pero no se sabe cuántas llenan las prisiones del país. Entre 2018 y 2023, 556 presos fueron ejecutados, principalmente mediante decapitación. 2022 fue el año récord, con 196 muertes. Entre enero y octubre de 2023, la justicia saudí acabó con la vida de 112 súbditos.
En los mismos años, aproximadamente, el país alcanzó también el récord de inversiones para blanquear su imagen a través del patrocinio de eventos deportivos o de atletas de alto nivel: 6.300 millones de euros desde el año 2021, según una investigación de The Guardian; el equivalente al PIB de países como Montenegro o Barbados.
Estas inversiones millonarias forman parte de la práctica del sportwashing (según el término en inglés) o lavado de imagen a través del deporte y provienen del llamado Fondo de Inversión Pública. Es uno de los mayores fondos soberanos del mundo, con activos que rondan los 600.000 millones de euros, y se creó en 2016 dentro del ambicioso plan de reformas internas de Bin Salmán llamado Vision 2030, compuesto por una serie de medidas encaminadas a que el país sea menos dependiente del petróleo. “Lo que intenta hacer es tapar todo lo que está ocurriendo en el país, porque este ambicioso plan económico no tiene nada que ver con cambios sociales ni políticos”, explica Beltrán.
Sueldos astronómicos
De ahí han salido las cantidades astronómicas pagadas a Rafa Nadal, a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o a Neymar, pero también a la Federación de Fútbol española por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, al golfista español Jon Rahm o a la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA), la más importante de este deporte a nivel global. De ahí también saldrán los fondos para organizar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, que serán en Arabia Saudí a pesar de ser un país prácticamente sin nieve. “El príncipe ha estado jugando todas las cartas que podía para recuperar la respetabilidad en el escenario internacional. Por supuesto, nada de esto le redime de violar masivamente los derechos humanos de su pueblo”, observa Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones para Oriente Próximo y el Norte de África de Human Rights Watch.
De hecho, Arabia Saudí ha sabido jugar sus cartas hasta el punto de haber dado completamente la vuelta a su reputación en unos pocos años. Cuando en 2018 el periodista Jamal Khashoggi fue descuartizado y asesinado en el consulado saudí de Estambul, la comunidad internacional dio la espalda a Riad. Incluso Joe Biden animó a convertir al país en un “paria” poco antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, en 2021. En 2022, el mundo se olvidó de Khashoggi y hasta Biden visitó Riad para recomponer relaciones.
Porque mientras que la promoción del turismo y los deportes muestran la cara más amable del país, en el plano geopolítico también se obtienen frutos. Por ejemplo, a raíz de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, cuando Occidente empezó a necesitar más producción de petróleo, recurrieron a los saudíes. Hathloul apunta a que EE UU hace las concesiones que Bin Salmán quiera, ya sea en negocios de armas o no condenando la situación de los derechos humanos, con tal de que normalice las relaciones con su gran aliado, Israel, algo que estaba a punto de ocurrir justo antes del ataque de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre.
“Bin Salmán no tiene legitimidad; tiene el Gobierno porque su padre le ha dado el título de príncipe heredero cuando se suponía que no debía serlo. Tuvo que encarcelar a todos sus primos, el pueblo saudí no lo eligió. Lo único que realmente le permite estar en el poder es que Occidente lo ha aceptado”, analiza Hathloul, que además es hermana de la también activista Loujain Hathloul, encarcelada varios años por promover el derecho de las mujeres a conducir.
Mientras tanto, los activistas en el exilio y las organizaciones de derechos humanos siguen denunciando los crímenes saudíes y piden que figuras como Nadal empleen su influencia para que no caiga en el olvido la situación de las mujeres —“estamos hablando de un país donde las mujeres están legalmente sometidas a sus tutores varones“, recuerda Benchemsi—. O la matanza de migrantes etíopes perpetrada por la policía saudí en la frontera con Yemen el pasado verano. “Disparaban contra mujeres, hombres y niños desarmados que caminaban hacia su frontera. Mataron a cientos de ellos en lo que llamamos un posible crimen de lesa humanidad”, denuncia el representante de HRW.
O para salvar vidas como la de los jóvenes Al Derazi y Labbad, en riesgo inminente de ejecución, la del profesor Al Ghamdi, o la de Manahel al Otaibi, una instructora de entrenamiento físico de 29 años que fue detenida por llevar mal puesta la abaya (el vestido suelto que evita mostrar las formas del cuerpo de las mujeres) y por publicar mensajes feministas. Lleva desaparecida desde noviembre y nadie en la comunidad internacional ha dado la voz de alarma. “Es muy triste ver que alguien como Nadal haya aceptado que se compre su silencio”, lamenta Hathloul.
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