La polémica sobre el antisemitismo en los campus obliga a rectificar a la rectora de la Universidad de Pensilvania

Las respuestas elusivas de las rectoras de las universidades de Harvard y Pensilvania y del MIT, que el martes comparecieron ante el comité de Educación del Congreso para responder a acusaciones por permitir manifestaciones antisemitas en sus campus, han dado lugar a una catarata de virulentas reacciones que ha obligado a las académicas a rectificar o cuando menos matizar sus comentarios. La guerra en Gaza ha elevado la tensión en los campus, polarizados hasta extremos irreconciliables, y empujado a importantes donantes judíos de las universidades a retirar sus fondos, por lo que consideran tibieza de los claustros a la hora de denunciar actitudes antisemitas (para muchos, un simple eslogan a favor de la intifada, o incluso la petición de un alto el fuego). La audiencia del Congreso se suponía que iba a despejar la polémica, pero la percibida como tibieza de las mujeres, al ser preguntadas por la adopción de medidas disciplinarias contra los estudiantes que han coreado gritos supuestamente antisemitas, no satisfizo a los representantes republicanos, y alguno que otro demócrata, y aún menos a la comunidad universitaria.

Liz Magill, rectora de la Universidad de Pensilvania, que como Harvard pertenece a la exclusiva Ivy Leagye, prometió en la noche del miércoles revisar el código de conducta de la institución después de que arreciaran las peticiones de dimisión por rehusar decir ante el comité si la apología del genocidio constituía una violación del mismo. Estudiantes y antiguos alumnos redoblaron sus críticas después de que la rectora se negara a afirmar explícita y rotundamente, a preguntas de la republicana Elise Stefanik -representante de la facción más radical del partido-, que abogar por el genocidio de los judíos violaría de manera flagrante la política de la Universidad.

La intervención de Stefanik elevó la temperatura de un debate que desde el primer minuto se había convertido en una encerrona. La representante por Nueva York, aliada de Donald Trump, reprochó también a Claudine Gay, rectora de Harvard, no haber adoptado medidas disciplinarias contra los estudiantes que han coreado cánticos en favor de la intifada, pues, a su juicio, representan un llamamiento “a cometer un genocidio contra el pueblo judío”. Una equiparación tan rotunda como exagerada: las dos intifadas en los territorios palestinos, la primera de ellas en los años ochenta del pasado siglo, no han supuesto el exterminio colectivo de la población judía.

Magill y Gay, junto con Sally Kornbluth, responsable del MIT, reiteraron el martes ante el comité la importancia de garantizar la libertad de expresión, pero cada uno de sus llamamientos al diálogo pareció encender aún más a sus interlocutores, convertidos de entrada en antagonistas. De las tres, y después de que incluso el gobernador de Pensilvania, el también judío Josh Shapiro, se sumara con amenazas al coro de críticas -apuntó que el patronato de Penn tendría que tomar “decisiones serias” sobre Magill-, fue esta quien dio un paso al frente al afirmar en un vídeo publicado en la noche del miércoles en Internet que debería haberse centrado más en la “maldad” de la apología del genocidio en lugar de contextualizar el asunto como una cuestión de libertad de expresión en línea con la Constitución de Estados Unidos y las tradiciones del debate en el campus.

“Quiero ser clara. Un llamamiento al genocidio del pueblo judío es amenazador, profundamente amenazador”, dice Magill en el vídeo. “Pretende aterrorizar intencionadamente a un pueblo que ha sido objeto de pogromos y odio durante siglos, y que fue víctima de un genocidio en el Holocausto. En mi opinión, sería acoso o intimidación”, añadió. Magill anunció que ella y John Jackson, el provost (máximo responsable de la gestión y la excelencia académicas) de Pensilvania, iniciarían un proceso para evaluar y clarificar la política del campus, y afirmó: “Podemos hacerlo bien y lo haremos”.

Poco antes de que Magill colgara sus disculpas en vídeo, una petición en línea exigiendo que el Consejo de Administración de la universidad aceptara la dimisión de Magill debido a su “incapacidad para condenar inequívocamente los llamamientos al genocidio de los estudiantes judíos y su incapacidad para identificarlos como acoso”, acumulaba 2.500 firmas. “El equivoco mensaje [de Magill] envía un mensaje escalofriante a los estudiantes judíos”, decía la carta.

Los representantes demócratas del comité de Educación coincidieron con las rectoras en la vista del martes en la dificultad de distinguir entre el discurso que incita a la violencia y el que es aborrecible o incómodo, pero legal, una pantanosa zona de sombra sujeta a los vaivenes de la desinformación o la propaganda, cuando no de ambas. No obstante, los demócratas tampoco rompieron una clara lanza por las tres rectoras, en la estela del líder de la mayoría en el Senado, el senador demócrata, y judío, Chuck Schumer, que a finales de noviembre alertó de las graves consecuencias que el antisemitismo tiene para el país. Schumer acusó a la “izquierda radical”, que cuenta con algunos representantes en el ala más izquierdista de su partido, de haber tomado los campus, y ese es el discurso que milimétricamente se sigue en la polémica. Por encima de cualquier criterio académico.

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