La oposición acorrala a Scholz por la grave crisis presupuestaria en la que se ha sumido Alemania

Alemania debate estos días cómo salir del agujero fiscal en el que ha sumido las finanzas públicas una demoledora sentencia del Tribunal Constitucional. Pero lo que empezó siendo una crisis presupuestaria ha derivado en una profunda crisis política que amenaza con desestabilizar al Gobierno de coalición de Olaf Scholz, más dividido que nunca. Mientras el canciller trata de defender sus decisiones en el Parlamento, la oposición conservadora se lanza a la yugular y ya hay quien pide nuevas elecciones. La presión a la que está sometido el Gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales es máxima: “¡Usted no puede con esto!”, le espetó el líder de la oposición, Friedrich Merz, este martes a Scholz durante una acalorada sesión en el Bundestag.

La crisis que sacude a Alemania se inició hace unos días, cuando el máximo órgano judicial del país calificó de inconstitucional una maniobra fiscal con la que la coalición reasignó 60.000 millones de euros no gastados del fondo especial del coronavirus para incluirlos en otro fondo para el clima y la transformación. De repente, el presupuesto alemán perdía de un plumazo miles de millones de un fondo con el que se financian proyectos cruciales para la transición energética del país y la ayuda a su sector industrial. Como un castillo de naipes, enseguida empezaron a caer otras partidas. Se congeló el presupuesto ordinario, se retrasó la discusión del presupuesto de 2024, y grandes fondos extrapresupuestarios como el que subvenciona los altos precios de la energía a hogares y empresas quedaron paralizados.

Las consecuencias de la sentencia de los jueces de Karlsruhe van mucho más allá de los 60.000 millones mal reasignados: cuestiona toda la arquitectura que sostiene el gasto público alemán. Y pone en tela de juicio la norma nacional, consagrada en la Constitución, que limita estrictamente el déficit publico, el llamado freno de la deuda (schuldenbremse en alemán). En los últimos años, el Gobierno ha esquivado ese principio creando fondos extrapresupuestarios que no se veían afectados por la limitación de no superar el 0,35% del producto interior bruto, una austeridad autoimpuesta que ahora se le ha vuelto en contra a la coalición denominada semáforo, por los colores que simbolizan a los tres partidos que la integran: rojo, verde y amarillo.

La crisis presupuestaria ha sacudido las finanzas públicas y ha debilitado a un Gobierno que ya llevaba meses sufriendo unos índices de aprobación popular históricamente bajos. El llamamiento del primer ministro de Baviera, el socialcristiano Markus Söder, a convocar elecciones anticipadas ilustra cómo la oposición se ha lanzado a sacar provecho del desconcierto que ha provocado la sentencia del Constitucional. En la última encuesta Deutschlandtrend, de la televisión pública ARD, un 41% de los encuestados están a favor de ir a elecciones de nuevo. Si hoy los alemanes estuvieran llamados a las urnas, los partidos de la coalición apenas sumarían el 35% de los apoyos, muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar, mientras la ultraderecha superaría el 20%.

Scholz anticipa tiempos difíciles

Scholz reconoció este martes en el Bundestag que el fallo supone un duro golpe para su Ejecutivo que complicará su labor. “Esta sentencia crea una nueva realidad, para el Gobierno federal y para todos los gobiernos actuales y futuros. Una realidad que hace más difícil alcanzar objetivos importantes y ampliamente compartidos para nuestro país”, aseguró durante una esperada comparecencia en el Bundestag después de varios días de silencio. Alemania se enfrenta a “desafíos que la república probablemente nunca ha experimentado con tanta concentración y gravedad”, añadió.

El tripartito se encuentra ante un gran dilema: con menos dinero del esperado, tiene pocas posibilidades de subir los impuestos o de saltarse el freno de la deuda a largo plazo. Y a la vez, como recordó Scholz, no puede permitirse renunciar a sus principales objetivos de futuro, como la modernización de su maltrecha economía, que se asoma, de nuevo, a la recesión técnica tras confirmarse la contracción del 0,1% del PIB en el tercer trimestre.

Los tres socios se enfrentan a la disyuntiva divididos y con recetas que no casan entre ellas. Los liberales del ministro de Finanzas, el halcón Christian Lindner, se muestran inflexibles: ni subida de impuestos ni modificar el freno de la deuda. Un cariacontecido Lindner anunció la semana que durante 2023 este mecanismo de contención de la deuda se suspenderá de nuevo —lo estuvo entre 2020 y 2022 por la pandemia y la guerra de Ucrania— para hacer frente a la crisis. Los socialdemócratas del SPD no quieren ni oír hablar de los recortes sociales que sugieren los liberales para soltar lastre. Tampoco Los Verdes, que además alertan por boca de su ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, de que los proyectos de descarbonización son cruciales para el futuro de la estancada economía alemana.

Scholz anunció este martes que las subvenciones o frenos a los precios de la electricidad y el gas se terminan a final de año, es decir, en pleno invierno. El Gobierno alemán los introdujo ante la escalada de los costes de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, y los venía sufragando con un fondo de 200.000 millones que la sentencia del Constitucional ha obligado a congelar. El canciller aseguró que, aunque las tarifas son más caras que antes de la crisis, se han moderado y que las instalaciones de almacenamiento de gas están “tan llenas que no se esperan subidas repentinas de precios”. Sin embargo, el anuncio causa inquietud en un país tan dependiente de los hidrocarburos para las calefacciones y para su potente sector industrial.

El Gobierno ha aprobado un presupuesto complementario para 2023 —que deberá aprobarse en el Parlamento— que permite alargar las subvenciones energéticas, pero más allá del 31 de diciembre todo es incertidumbre. Terreno abonado para que este martes el líder de la oposición sacara su retórica más afilada y reaccionara incluso con duros ataques personales.

Entre constantes aplausos de su grupo parlamentario, Merz cuestionó constantemente la idoneidad del canciller para el cargo, al que acusó de no mostrar ningún arrepentimiento por el caos presupuestario. Para los democristianos de la CDU y su partido hermano bávaro CSU, la sentencia del Constitucional es una formidable victoria política sobre sus rivales, ya que fueron ellos quienes denunciaron la maniobra contable en Karlsruhe. Aunque reconoció no estar contento por las implicaciones del fallo, Merz defendió la demanda: “Era necesaria porque su Gobierno ha intentado burlar los límites del endeudamiento de una manera descarada y desconocida hasta ahora en Alemania”. En su intervención dejó claro que la formación no se plantea reformar el límite de la deuda, algo que cada vez más voces están pidiendo.

El bronco debate parlamentario no tiene visos de amainar. “Los zapatos de canciller de la República Federal de Alemania que lleva usted le quedan al menos dos tallas grandes”, le soltó a Scholz entre risotadas de los diputados conservadores. Dijo que es, como mucho, un “fontanero del poder”, pero que no se le puede comparar con otros ilustres cancilleres que ha dado su partido, y citó a Willy Brandt, Helmut Schmidt, “y hasta Gerhard Schröder”. “Después de escucharle hoy, solo se puede llegar a una conclusión: usted no puede con esto”.

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