Violencia política en Ecuador: “Allá donde iba Fernando Villavicencio siempre había amenazas de bomba”
El candidato fue asesinado mientras subía a un vehículo del Estado que carecía de blindaje a pesar de las múltiples amenazas recibidas
El sector de la Gaspar de Villarroel de Quito, en el corazón financiero de la capital de Ecuador, amaneció este jueves paralizado por el miedo. Varios comerciantes optaron por no abrir, mientras otros intentaban seguir con su rutina después de que las autoridades retiraran las cintas amarillas y la división de investigaciones de la policía recogiera los 64 casquillos que se dispararon la tarde del 9 de agosto a las puertas del colegio Anderson. Allí fue asesinado el miércoles por la tarde el candidato Fernando Villavicencio en un atentado que durante minutos convirtió el barrio en una zona de guerra y que sumió al país en la consternación cuando faltan menos de 10 días para las elecciones del 20 de agosto. El ataque evidencia la ola de terror que sufren los ecuatorianos, una brutal arremetida del crimen organizado que, según manifestó el presidente Guillermo Lasso, supone un desafío al Estado de derecho y “un intento de sabotear el proceso electoral”. La campaña electoral se detuvo, pero continuará, aun en medio del estado de excepción decretado por el mandatario. Mientras tanto, el país busca reponerse de una tarde trágica.
“Amanecí consternada, muy triste”, relata tratando de contener las lágrimas Passy Cevallos, que desde primera hora esperaba frente a la morgue, ubicada al norte de Quito, con otro grupo de ciudadanos que pedían justicia. “¡Nos mataron a nuestro presidente!”, clamaba un grupo de simpatizantes de Villavicencio, que solía acompañar al candidato en sus giras. El atentado ocurrió tan solo días después de otro contra el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago. “No podemos hablar de seguridad. Estamos desamparados, sin poder hacer algo”, proseguían.
En la capital, que no está colapsada por el tráfico habitual, reinan el silencio y la indignación, como la que expresa Luis Fernández, abogado de Villavicencio. “Esto es un crimen de Estado”, afirma al explicar que “no se le brindó la protección adecuada cuando la misma policía le certificó que tenía un alto riesgo, del 97%, de que atentaran contra su vida”. El letrado señala que las amenazas se produjeron desde el momento que anunció su candidatura. “A donde iba, siempre había amenazas de bombas. Se lo tenía que sacar inmediatamente de los lugares”, añade Fernández, quien reconoce que no las hicieron públicas para no entorpecer la campaña. En cualquier caso, insiste, “eran reales y los funcionarios del Estado conocían de cada una”. El propio Villavicencio denunció públicamente, incluso horas antes de ser asesinado, intimidaciones que atribuyó a un grupo vinculado al cartel mexicano de Sinaloa.
El político, de 59 años y periodista de profesión, fue asesinado en el vehículo que había dispuesto el Estado para su traslado, una camioneta blanca de doble cabina que carecía de blindaje. El comandante de la Policía Fausto Salinas explicó que el aspirante sí tenía un vehículo blindado de su propiedad. En ese coche se desplazó la mañana del miércoles para acudir a un encuentro político en Guayaquil, pero después abordó un avión hacia Quito y recurrió al transporte que le proporcionaron las autoridades.
En esa camioneta, que no tenía las condiciones de seguridad para resistir un ataque, realizó los recorridos previstos por Quito con escolta policial. No contaba con una protección de tipo táctico, sin embargo, el mando policial aseguró en una conferencia de prensa que el candidato tenía un triple anillo de seguridad. Durante la comparecencia, presidida por el ministro del Interior, Juan Zapata, no se aclaró qué falló en el esquema de seguridad ni tampoco el móvil del crimen. Los funcionarios no admitieron preguntas y dedicaron los ocho minutos de intervención a las seis personas detenidas, de nacionalidad colombiana y con antecedentes penales. Los sospechosos habían sido detenidos hace un mes, pero el juez no les dictó prisión preventiva, sino que les dio la opción de presentarse periódicamente ante el tribunal. Nunca lo hicieron.
El sicario de Villavicencio, fallecido poco después del atentado en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, también había sido detenido en junio por porte ilegal de arma, pero fue puesto en libertad. Según Salinas, todos pertenecían a grupos del crimen organizado que operan en el país, sin profundizar en detalles.
Villavicencio se había referido en los últimos días a un grupo llamado Los Choneros. Y en una de sus últimas entrevistas había acusado a las autoridades de no hacer lo suficiente por contener la peor ola de violencia que sufre Ecuador en su historia reciente. Habló, más concretamente, de las amenazas de un criminal apodado Fito, quien le había hecho llegar mensajes intimidatorios. “Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los Choneros me van a quebrar”, había advertido. Sin embargo, se negó a dar un paso atrás: “Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo”.
Los Choneros es un grupo de narcotraficantes cuyo origen se remonta a finales de los noventa en la ciudad costera de Manta. Tras años de crecimiento, se ha vuelto una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador y en la actualidad trabaja para el poderoso cartel de Sinaloa (México) en el tráfico de cocaína. Entre sus adversarios se encuentran Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, tres bandas que llevan a cabo operaciones de logística para el Cartel Jalisco Nueva Generación, también mexicano y el más prominente del país norteamericano.
Al margen de la concreción sobre la autoría del atentado, lo que es un hecho es que Ecuador está viviendo una campaña electoral en máxima alerta. El presidente Lasso calificó lo sucedido de “crimen político”. Tras declarar tres días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, Lasso fue tajante sobre la necesidad de seguir adelante con el proceso electoral en curso. Su argumento: suspender las elecciones significaría entregarle una victoria a la delincuencia. “No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado”, enfatizó. Así, los candidatos se disponen a reanudar la campaña y competir en las urnas el 20 de agosto.
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