Los albergues para personas sin hogar de Nueva York alojan a más de 100.000, en su mayoría migrantes

Uno de cada 80 habitantes de la mayor ciudad de EE UU, Nueva York, con una población que supera los ocho millones, no tiene un lugar para vivir. Si a los sin techo autóctonos se les suman los miles de migrantes llegados a la Gran Manzana desde Texas o Arizona, enviados desde la primavera de 2022 por los gobernadores republicanos para presionar a la Administración demócrata -tanto la de la ciudad como la federal-, el volumen de ocupación que esta semana ha alcanzado la red de albergues municipales no ha de extrañar. Más de 100.000 personas, más la mitad de ellas migrantes, se alojan actualmente en los cientos de albergues, hoteles o campamentos (“centros de ayuda de emergencia”, en la terminología oficial) habilitados por la ciudad para tal fin; siendo la primera vez que los registros alcanzan los seis dígitos. La afluencia ha multiplicado los costes, como repite sin descanso el alcalde, el demócrata Eric Adams, intentando obtener del Estado y de Washington ayuda económica adicional para afrontar el fenómeno. La ciudad ha gastado más de mil millones de dólares en el último año, y espera gastar más de 4.000 millones de dólares el próximo.

Varía la composición demográfica de las dos clases de alojados: frente a las familias con niños, que suponen dos tercios de los migrantes, los vagabundos autóctonos ofrecen perfiles individuales y, en muchos casos, problemáticos, por la combinación de adicciones y trastornos mentales no tratados. Pero la presión de los primeros está poniendo a prueba la consideración de Nueva York como tradicional lugar de acogida de inmigrantes. De hecho, el alcalde ha recortado en los últimos meses provisiones que blindaban legalmente el refugio, a consecuencia de la masiva afluencia, que ha derivado a muchos a otras localidades del Estado, no siempre predispuestas a la acogida.

Dos comunidades que teóricamente no se entremezclan, los vagabundos locales y los migrantes, buena parte de ellos peticionarios de asilo o de refugio temporal, cohabitan en instalaciones al límite de su capacidad. Adams lo ha intentado todo: carpas gigantescas en parques o en el puerto; la colaboración de las confesiones religiosas y, ahora, la distribución de los migrantes por todo el Estado (hace dos meses, fue el traslado de los mismos hacia la frontera con Canadá, en autobuses fletados especialmente). Esta misma semana el regidor ha anunciado la apertura del duodécimo Centro de Ayuda y Respuesta a Emergencias Humanitarias de la ciudad, que atenderá a 500 unidades familiares. En total, hay 175 refugios de emergencia, que no sólo ofrecen camas, sino la red de apoyo necesaria para tramitar papeles, asesorar laboralmente y ofrecer escolarización inmediata en la red de escuelas públicas a los menores.

“Si hubiera una coordinación nacional”, ha dicho este martes la teniente de alcalde Anne Williams-Isom, “la carga no recaería tanto sobre la ciudad de Nueva York”. Sólo en la semana del 19 al 25 de junio habían entrado en los albergues 2.500 solicitantes de asilo. Opacados por la afluencia de migrantes, los otros ocupantes de las plazas son sin techo no inmigrantes, lo que demuestra que la población autóctona también ha crecido. Cuando Adams tomó posesión de la alcaldía, el 1 de enero de 2022, había 45.000 personas en el principal sistema de albergues, sumados locales y foráneos. Desde que los gobernadores republicanos de Texas y Arizona comenzaron a fletar autobuses rumbo a Nueva York, para desalojar la frontera, la cifra se ha multiplicado por dos, y en total han llegado a la ciudad 81.200 personas, en su mayoría venezolanos. Al menos 17.000 migrantes viven en instalaciones ajenas al sistema municipal de albergues, como grandes hoteles y otros lugares habilitados especialmente.

En mayo, tras expirar el Título 42, una norma inspirada por la pandemia que permitía a las autoridades devolver automáticamente a los extranjeros tras cruzar la frontera, la afluencia de migrantes a la Gran Manzana se aceleró, lo que llevó a la ciudad a solicitar una exención judicial de su singular mandato de “puerto seguro”, consagrado legalmente y consistente en ofrecer una cama a todo aquel que lo deseara. Sobre todo, porque no había ya más espacio, de ahí las colas que se forman a diario ante iglesias y ONG. Ya en octubre pasado, Adams declaró el estado de emergencia en la ciudad mientras pedía a Washington que se acelerase la concesión del estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas inglesas), que permite a los migrantes vivir y trabajar sin miedo a ser deportados, mientras se procesa su petición de asilo.

La emergencia de la crisis migratoria impide muchas veces ver la urgencia de ayudar a los sin techo autóctonos, a menudo presentados como un factor de inseguridad incluso desde instancias oficiales (como protagonistas, por ejemplo, de periódicos incidentes en el metro). Entre ellos hay adictos, muchos de ellos diagnosticados de enfermedades mentales pero ajenos a los servicios de salud públicos, pero también víctimas de la pandemia y la crisis económica que la emergencia sanitaria provocó. Ahora, doblemente marginalizados, constituyen una minoría frente a la mayoría de migrantes.

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