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Suecia acelera las concesiones a Erdogan para entrar en la OTAN

El presidente de Turquía mantiene su pulso a la Alianza con el veto a la adhesión del país escandinavo. “El Gobierno sueco está ansioso por extraditar y deportar a todos los turcos que pueda”, sostiene Bülent Kenes, un exiliado reclamado por Ankara

Activistas en una manifestación en apoyo a las fuerzas democráticas turcas y contra la entrada de Suecia en la OTAN, en Estocolmo, el 4 de junio. Foto: MAJA SUSLIN (AFP)
Carlos Torralba

Cuando Suecia anunció que dejaba atrás más de dos siglos de neutralidad para integrarse en la OTAN, contaba con la reacción furibunda de Rusia, pero no con la de Turquía. Aunque representantes de la Alianza Atlántica y Ankara le habían asegurado su bienvenida, el Gobierno turco mantiene desde hace 13 meses su firme bloqueo a la adhesión del país escandinavo, al que acusa de ser una “incubadora de terroristas”.

A principios de mes, una vez reelegido Recep Tayyip Erdogan como presidente turco, el Ejecutivo sueco alimentó el optimismo al hacer hincapié en que, tras la entrada en vigor de una nueva legislación antiterrorista, había cumplido con todos sus compromisos. Erdogan echó otro jarro de agua fría al afirmar que no dará su brazo a torcer mientras “decenas de terroristas sigan campando a sus anchas” por Estocolmo. “El Gobierno sueco está ansioso por extraditar y deportar a todos los turcos que pueda. Por suerte, se ve limitado por la justicia”, sostiene Bülent Kenes, un periodista turco exiliado en Suecia cuya entrega reclama vehementemente Erdogan.

Son varias las concesiones que ha realizado Suecia desde que el líder turco dijera que no iba a dejar pasar la oportunidad de cobrar un peaje. Ocurrió minutos después de que el Gobierno del país escandinavo anunciara oficialmente su intención de adherirse junto con Finlandia a la Alianza Atlántica. El Ejecutivo conservador sueco, que en octubre sustituyó al socialdemócrata con el que se formalizó la solicitud de ingreso en Bruselas, asegura que ha acatado el acuerdo firmado con los representantes de Erdogan en la cumbre de la OTAN en Madrid del pasado junio. En los últimos ocho meses, el país nórdico ha levantado el embargo de armas que impuso unilateralmente a Turquía tras su ofensiva de 2019 en el noreste de Siria, ha aprobado unas leyes que endurecen el castigo por pertenencia a una organización terrorista y varios ciudadanos turcos han sido deportados o extraditados recientemente.

El Gobierno sueco era consciente desde hace meses de que Turquía mantendría su veto como mínimo hasta los comicios presidenciales de mayo: Erdogan trataría de obtener el máximo rédito electoral de su pulso a la OTAN. En Estocolmo confiaban en lograr avances en junio para desatascar el bloqueo. El día 1 entró en vigor la ley que castiga los vínculos con un grupo terrorista con penas de entre cuatro y 25 años de cárcel, para cuya aprobación fue necesaria una reforma constitucional que limitó el derecho de asociación. La semana siguiente, el Tribunal Supremo autorizó la extradición de un supuesto simpatizante del PKK, el grupo kurdo que mantiene una lucha armada con el Estado turco desde hace más de cuatro décadas, y la Fiscalía sueca acusó por primera vez a un ciudadano de financiar a esta guerrilla, considerada un grupo terrorista por la UE y EE UU.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros, han presionado con especial énfasis los últimos días a Turquía para que dé luz verde al ingreso de Suecia antes de la cumbre anual de la Alianza que se celebrará en julio en Vilnius (Lituania), una opción cada vez más complicada. Erdogan insiste en que no ha tachado aún ningún nombre de la lista de 130 “terroristas” turcos cuya entrega exige como moneda de cambio por la entrada en la organización transatlántica. El Gobierno del país escandinavo afirma que estudia “de manera minuciosa y expedita las solicitudes de extradiciones realizadas por la Fiscalía turca”, tal y como establece el acuerdo de Madrid.

“Una obsesión para el régimen”

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De entre los “terroristas” reclamados por Ankara, Kenes es el único al que Erdogan ha citado públicamente. El periodista dirigió durante casi un decenio la edición en inglés de Zaman, el periódico de mayor tirada en Turquía hasta que fue intervenido por orden judicial. “Me he convertido en una obsesión para el régimen”, resume Kenes, activista por los derechos humanos y ferviente europeísta. El Tribunal Supremo rechazó en diciembre la extradición del disidente, condenado en ausencia a tres cadenas perpetuas. “Los negociadores turcos me han nombrado hasta 26 veces en los encuentros bilaterales celebrados en Ankara”, sostiene el periodista, refugiado en Escandinavia desde 2015. Kenes agradece las innumerables muestras de solidaridad de la sociedad sueca y de diversos organismos internacionales, pero lamenta la “indiferencia” del Gobierno sueco.

Kenes considera que las opciones de que Suecia se convierta en miembro de la Alianza en menos de tres semanas en Lituania no se han diluido del todo. “Erdogan sabe que los procesos de extradición llevan su tiempo y que el Gobierno sueco ya no puede hacer mucho más”, argumenta. “Hasta hace nada, simpatizar con el PKK podía ser un motivo para conceder el asilo político; ahora, una razón para entregar a un ciudadano a la justicia turca”, resume este periodista de 54 años. El disidente no teme acabar en una cárcel turca, se siente protegido por su condición de refugiado; también es consciente de que el Supremo no extraditará a nadie que tenga la nacionalidad sueca, pero muestra su preocupación por decenas de compatriotas que cree que pueden ser entregados a Turquía.

Los casi 100.000 kurdos que residen en Suecia viven con especial tensión las negociaciones con Ankara. La mayoría de los ciudadanos reclamados por la Fiscalía turca son kurdos, y varios ya han sido expulsados de Suecia en los últimos meses. Los primeros casos fueron deportaciones de ciudadanos a los que se les denegó la solicitud de asilo o el permiso de residencia después de que la Policía de Seguridad Sueca los clasificara como de “riesgo para la seguridad nacional”.

A principios de junio, el Supremo autorizó la extradición de Mehmet Kokulu, un supuesto simpatizante del PKK con permiso de residencia. Kurdo Baksi, escritor, analista político y una de las figuras más influyentes de la comunidad kurda en Suecia, sostiene que Kokulu declaró su pertenencia a la guerrilla kurda con la intención de politizar su caso. “A diferencia de otros como [el deportado] Mahmut Tat, él no estaba perseguido por sus vínculos con el PKK, sino por transportar 1,8 kilos de marihuana”, expone Baksi. “Trató de evitar la expulsión a última hora, y los medios suecos publicaron rápidamente que era un miembro del PKK para encuadrar el proceso en las negociaciones de adhesión a la OTAN”, agrega. La misma semana en la que el Supremo y el Ejecutivo sueco autorizaron la extradición de Kokulu, la Fiscalía acusó por primera vez a un ciudadano de financiar al PKK.

Protestas contra Erdogan

Las negociaciones entre Suecia y Turquía quedaron suspendidas en invierno, tras la celebración de diversas protestas en Estocolmo contra Erdogan, en las que se quemó algún Corán y se colgó de una farola una efigie del presidente turco. Tras unos primeros días de junio en los que el acuerdo parecía más cercano que nunca, una nueva manifestación en la que se ondearon banderas del PKK, y se proyectó una en la fachada del Parlamento sueco, volvió a enfurecer al líder turco. “Mientras Stoltenberg trataba de convencernos de que Suecia ha cumplido con su parte, decenas de terroristas se manifestaban libremente en Estocolmo”, declaró.

En un primer momento, Erdogan vetó de manera conjunta las candidaturas de Estocolmo y Helsinki, aunque pronto resultó evidente que era a Suecia al que pretendía exprimir con sus exigencias. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro —quien, como el mandatario turco, mantiene vínculos con el Kremlin— tampoco quiso dejar escapar la oportunidad de bloquear la entrada de los nórdicos en la OTAN, dos socios de la UE que incomodan a Budapest. El Parlamento de Hungría no ratificó la entrada de Finlandia en la Alianza hasta finales de marzo, poco después de que lo hiciera Ankara.

En los últimos días, el Gobierno estadounidense ha multiplicado sus esfuerzos para desatascar la adhesión sueca. Washington amenaza a Turquía con bloquear la venta de 40 aviones de combate F-16, y a Hungría con la de 24 lanzacohetes múltiples Himars, si no ratifican antes en sus parlamentos el ingreso de Suecia en la Alianza.

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Sobre la firma

Carlos Torralba
Es redactor de la sección de Internacional desde 2016. Se ocupa de la cobertura de los países nórdicos y bálticos y también escribe sobre asuntos de defensa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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