El sector empresarial ante las elecciones de Guatemala: entre el temor y la condescendencia

¿Quiénes se quedan en un país donde la gente que quiere trabajar y quienes aspiran a mejorar las condiciones se ven forzados al exilio y a migrar? Esa pregunta intriga a la economista Sonia Escobedo en las vísperas de las elecciones en Guatemala, un país donde el 60% de la población vive en condiciones de pobreza y cuya economía se sostiene por las remesas de los migrantes que cada año se van del país en busca de mejores oportunidades.

La Organización Internacional para las Migraciones calcula que 1,4 millones de guatemaltecos han migrado hacia otros países de una población total de más de 17,5 millones. Según encuesta del Centro Duke para el Desarrollo Internacional entre las personas deportadas, en su inmensa mayoría salieron de Guatemala en busca de un empleo que les permita mejorar su situación económica.

A la falta de trabajo, se suman ahora las amenazas autoritarias que han forzado al exilio a jueces y fiscales que llevaron ante la justicia a políticos, funcionarios y empresarios acusados por corrupción. En los últimos meses, columnistas y periodistas también han tenido que irse. Estos ramalazos autoritarios, que se aceleraron durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, preocupan a parte del sector empresarial. Temen que, además de seguir forzando a los guatemaltecos al exterior, ahuyente las inversiones.

Rodrigo Salguero, el presidente del Consejo Nacional Empresarial (CNE), un grupo que surgió hace dos años con la visión de generar desarrollo en condiciones de igualdad, considera que no es posible atraer inversiones a un país sin institucionalidad democrática o como sucede ahora, bajo “una confederación de actores e instituciones, muy bien manejadas por el presidente, para botar candidaturas o perseguir a ciudadanos”. Para él, en el país existe una erosión de la libertad de expresión. “Expresarnos es un peligro, porque nos pueden armar un caso y meternos a la cárcel”, agrega.

“La gente ya no solo está migrando por la precarización de la vida, sino quienes trabajan y tienen ingresos ven las desventajas de vivir en un país donde la corrupción se come mis tributos y no me los devuelve con servicios, con obras… y para colmo, pareciera que ya no se puede quejar”, relata la economista Escobedo.

En su círculo social de clase media, la aspiración y los esfuerzos de las familias se centran en que los hijos adolescentes vayan a estudiar una carrera universitaria fuera del país, cuenta Escobedo. “Hace unos meses necesitaba contratar a un asistente para trabajar unas bases de datos en Excel y no encontré a una sola persona que pudiera manejar el programa… Los jóvenes no ven incentivos para prepararse ni el Estado les ofrece calidad educativa”, reflexiona la economista.

La ausencia de trabajadores calificados también se resiente en el sector agrícola, la principal actividad productiva en Guatemala. “En el campo nos estamos quedando sin personas capacitadas para trabajar en la producción agrícola, porque la mayoría prefiere migrar. La gente está huyendo porque no se garantizan los derechos mínimos para vivir en un país dominado por el autoritarismo”, agrega Salguero.

Para cubrir las necesidades básicas de un hogar en Guatemala se necesita de 1.100 dólares al mes, según el costo de la canasta básica estipulado por el Instituto Nacional de Estadística. Pero el salario mínimo mensual ronda los US$425 en la ciudad y diez dólares menos para las actividades agrícolas. Después de un año de aumento generalizado de precios, en 2022 la inflación cerró en 10 por ciento, la más alta en los últimos 14 años. “Las capas medias, asalariadas o que perciben honorarios profesionales, vemos cómo se va menguando el poder adquisitivo. La corrupción deteriora más el sistema educativo y no hay una sola propuesta de Gobierno que apueste al desarrollo, al fortalecimiento del mercado interno, apunta Escobedo.

Una visión distinta tiene la cúpula empresarial, que considera que las elecciones son una prueba de que no existe autoritarismo, un peligro que el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Ignacio Lejárraga, sí que ve en otros países de la región. “El seguro que uno puede tener para que ese tipo de autoritarismos no llegue al país es que exista libertad de que haya un proceso electoral y que se pueda elegir a las personas idóneas”, asegura el líder gremial.

A juicio de Lejárraga, los candidatos que despuntan en las encuestas, Sandra Torres, Edmond Mulet y Zury Ríos respetarán la separación de poderes y los resultados que puedan salir de los comicios. “Yo espero que no tengamos un autoritarismo”, confía. “Yo espero que no tengamos un autoritarismo en esos niveles. Aparte porque no creo que ninguno de ellos tenga los niveles de aceptación que pueden tener otros presidentes autoritarios en la región o que tengan la posibilidad de tomar los poderes sin que las demás fuerzas que tienes en el país influyan o se lo hagan ver”, añade. Y concluye que el Cacif trabajará con el candidato que salga para promover el desarrollo del país, como ha hecho durante 65 años.

La economista Escobedo tiene una visión distinta. Considera que los factores de persecución a los opositores y de corrupción que ocurren en Guatemala envían un muy mal mensaje para la imagen del país que puede alejar las inversiones. “Puede que sí haya inversionistas interesados en producir riqueza en un país con altos índices de corrupción, pero nada nos asegura que generarán plazas de trabajo digno, con respeto a los derechos laborales porque se instalarán con la certeza de que no habrá quién los sancione”, dice. “No quieren ver la amenaza, que aquí ya no es un país para vivir… Si la gente con ganas de trabajar y con visión democrática se ve obligada a irse, nos vamos a volver un país de narco y crimen organizado”, sentencia Escobedo.

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