Activistas y abogados critican la detención de nueve supervivientes del naufragio de Grecia: “Los verdaderos traficantes no arriesgan su vida”

Dos autobuses llegaron en la mañana del viernes al puerto de Kalamata, en el sur de Grecia. Allí esperaban los supervivientes del naufragio de un pesquero abarrotado de migrantes que se hundió en la madrugada del martes al miércoles frente a las costas griegas. Esta tragedia —en la que fallecieron al menos 78 personas y que deja centenares de desaparecidos, incluidos muchas mujeres y niños, de los que probablemente nunca se volverá a saber nada— es ya una de las mayores que se recuerda en el Mediterráneo. En el grupo de hombres que habían logrado salvar la vida se percibía mejor ánimo que el día anterior. Estaban un poco más descansados y listos para afrontar el siguiente paso de su periplo en busca de una vida segura en Europa: el campo de refugiados de Malakasa, a 50 kilómetros de Atenas, donde se procesarán sus solicitudes de asilo y se decidirán sus destinos.

Pero en los dos autobuses no estaban los 104 rescatados. Nueve de ellos se quedaron en Kalamata. Son los acusados de formar una organización criminal para facilitar la inmigración ilegal, y de provocar un naufragio que puso en peligro la vida de los pasajeros. Ocho de ellos fueron trasladados la noche del jueves a los calabozos de los juzgados de Kalamata, mientras que uno sigue ingresado en el hospital bajo vigilancia policial, según ha informado la agencia estatal griega Amna.

El comandante Sotiris Tsoulos confirmó a este diario que los detenidos se encuentran bajo custodia de la Guardia Costera y no serán transferidos a la Policía Helénica hasta que declaren ante la Fiscalía. Según pudo saber EL PAÍS, sus nombres son: Mohammad A. M., Marzuk L., Abdullah A., Kemal A. S. A., Suaad H. M., Ahmad A., Ahmed A., Islam M. y Mohammed A. Todos ellos tienen nacionalidad egipcia y edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.

Uno de sus abogados de oficio, que prefirió no dar su identidad porque las actuaciones aún están sujetas al secreto de sumario, se mostró confiado en que se retiren los cargos de su defendido. “Las pruebas son tan débiles que no se explicaría otra decisión”, afirmó. El letrado reveló que, a diferencia del resto de los migrantes, a ellos no se les ha permitido aún iniciar los trámites para solicitar asilo y tampoco han pasado ningún reconocimiento médico en los juzgados. Las defensas de los nueve acusados acordaron coordinarse para intercambiar información.

Los condenados por pilotar embarcaciones con migrantes constituyen ya el segundo colectivo en las prisiones griegas, según Community Peacemaker Teams-Aegean Migrant Solidarity, una ONG que monitoriza los juicios por este delito. Christina Karvouni, portavoz de la organización, denuncia que la mayoría de los juicios a los migrantes se llevan a cabo sin intérpretes, con graves deficiencias procesales y sin pruebas concluyentes. El colectivo más numeroso en el país sigue siendo el de los presos relacionados con el narcotráfico. Karvouni alega: “Según los testimonios de los supervivientes, los verdaderos traficantes no arriesgan su vida subiendo a barcos como este. Como mucho lo pilotan en la salida, pero luego lo abandonan para ponerse a salvo”.

Para Karvouni, otra cuestión controvertida es que el Código Penal griego no exige ánimo de lucro o integración en organización criminal para el delito de tráfico de seres humanos, por lo que personas que pilotan el barco con la única intención de llegar a Europa para solicitar asilo pueden terminar condenadas con la misma dureza que las que de verdad forman parte de redes criminales transnacionales. En el caso de los nueve detenidos en Kalamata, Karvouni cuestiona la manera en la que los guardacostas han seleccionado a los detenidos entre los migrantes rescatados del mar, “sin un proceso de identificación con garantías”. Y advierte: “Conocemos otros casos en los que migrantes han sido confundidos con la tripulación por ayudar de manera voluntaria en las labores de rescate”.

Asociaciones pro derechos humanos y varias organizaciones de juristas han anunciado que están preparando una denuncia contra la Guardia Costera. El motivo es que consideran que su actuación podría ser constitutiva de delitos de omisión de socorro y homicidio imprudente, entre otros. Activistas y abogados tratan de recabar el testimonio de los supervivientes para sostener las acusaciones. Un equipo del Colegio de Abogados de Kalamata tenía previsto acudir al hospital de la ciudad para informar a los pacientes ingresados sobre los procedimientos de asilo y su derecho a presentar una denuncia contra los responsables de la muerte de sus familiares. “Los abogados de la ciudad de Kalamata están al lado de todas estas personas que están viviendo esta tragedia”, afirmaron los letrados.

Ahmed Attia, portavoz de la comunidad egipcia en Grecia, que se acercó a Kalamata para ayudar a identificar a sus compatriotas desaparecidos, se mostró partidario de imponer duras penas a los contrabandistas que organizan los viajes y “convencen a los jóvenes con artimañas” para embarcar en peligrosos viajes para alcanzar Europa. “Que se pudran en la cárcel”, dijo Attia que, no obstante, dudó que los nueve detenidos sean realmente los responsables del viaje.

Aunque el traslado de los supervivientes ha desviado la atención a la región de Atenas, al Peloponeso siguieron llegando decenas de familiares con la esperanza de encontrar a los suyos en la lista de supervivientes. El egipcio Tarek El-Zorkani no paraba de recibir mensajes a las puertas de la autoridad portuaria de Kalamata, que coordina la burocracia relacionada con las personas desaparecidas. El-Zorkani, residente en Grecia, explicó con un punto de desesperación que, solo en su pueblo natal, hay 75 personas desaparecidas. La asociación que preside Attia ha contabilizado 171 egipcios entre los pasajeros del pesquero. La mayoría no constan en la lista oficial, es decir, todos los indicios apuntan a que están muertos.

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