Migración en América Latina y el Caribe: El imperativo de los derechos y el desarrollo sostenible

La migración internacional ha adquirido un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Prácticamente, todos los países de la región son parte de los ciclos migratorios, sea como países de origen, destino, retorno o tránsito. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2020, 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, representando el 15% de la población mundial de migrantes. Estados Unidos sigue siendo el principal destino migratorio, aunque varios países de América del Sur han atraído a muchos migrantes, especialmente venezolanos. La Plataforma Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), estima en 6 millones los venezolanos migrantes y refugiados en la región, quienes viven principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Los movimientos migratorios en la región se explican tanto por factores de expulsión, como de atracción. Los primeros incluyen la falta estructural de oportunidades de trabajo decente y las crisis económicas, los desastres ambientales y los efectos del cambio climático, las crisis humanitarias y, crecientemente, el aumento de la inseguridad y las violencias de todo tipo. Los segundos incluyen las mayores oportunidades de empleo, estudio, mejores salarios y reunificación familiar.

Si bien América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente tierra de migración, uno de los rasgos destacados del panorama migratorio actual es su intensificación y complejización. Hoy, la migración internacional se caracteriza crecientemente por flujos irregulares e incluye migrantes económicos, migrantes ambientales, migración forzada o involuntaria, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, personas traficadas, víctimas de trata y migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otros. La principal característica de estos movimientos mixtos es la condición de vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas.

Las dificultades que enfrentan las personas migrantes en sus desplazamientos han alcanzado ribetes inaceptables que nos interpelan las conciencias. El tránsito hacia Estados Unidos se caracteriza por la movilidad en caravanas y la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados en Centroamérica y México, así como por el fuerte aumento en el flujo de migrantes a través de la brecha de Darién, una de las rutas de migración más peligrosas del mundo: en 2022, hubo alrededor de 250.000 entradas irregulares, casi el doble respecto a 2021. En América del Sur, también hay varias rutas, como el paso fronterizo de Colchane en el altiplano chileno-boliviano, que involucran pérdidas de vidas humanas. Hace pocos días, el incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez costó decenas de vidas.

La migración es un asunto de desarrollo y de derechos, que exige repuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y la obligación de los Estados de proteger la dignidad humana sin distinción alguna de género, edad, origen, etnia o condición migratoria. Desde la Comisión Económica para América Latina (Cepal) proponemos una mirada enmarcada en una gobernanza migratoria profundamente humana, que permita a los países tomar decisiones apropiadas sin que afecten la dignidad de las personas migrantes y en donde se reconozcan sus contribuciones al desarrollo sostenible.

Las contribuciones de las personas migrantes son muchas. En varios de los países con mayor inmigración en la región, la población envejece, lo cual plantea la necesidad de incorporar población en edad de trabajar, habida cuenta que se comienza a detectar escasez de mano de obra en algunos sectores, como la agricultura, el cuidado o el sector de los servicios. Además, estudios de la Cepal indican los significativos aportes al crecimiento económico y a la diversidad cultural. En todos los países, las remesas son un factor no menor en la composición del ingreso familiar de los hogares, contribuyendo a aliviar situaciones de pobreza. En 2022, el Banco mundial estimó en 142.000 millones de dólares las remesas recibidas en América Latina y el Caribe, que para países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, y Nicaragua representan el 20% o más del PIB.

Es importante también destacar que durante la pandemia la población migrante en la región ha jugado un rol clave en trabajos de “primera línea”, como el transporte, los servicios de salud o de cuidado. Sin embargo, resultan preocupantes las dificultades de acceso al trabajo decente, la protección social, la salud, la educación, así como a la vivienda por parte de muchas personas migrantes, quienes en nuestra región constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Para permitir que las personas migrantes accedan al empleo y a los servicios sociales, se deben facilitar los procesos de regularización. Asimismo, hay que combatir la xenofobia y la discriminación hacia la población migrante.

Los desafíos que plantea la migración deben ser abordados multilateralmente. En 2018, bajo el amparo de las Naciones Unidas, se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que constituye el marco para mejorar la cooperación internacional en todos los aspectos de la migración. El Pacto indica que la migración es segura, ordenada y regular cuando ocurre de acuerdo con las leyes y reglamentos que rigen la salida, entrada y el regreso a los Estados y la estancia en ellos, así como con las obligaciones de derecho internacional sobre el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las personas migrantes, reconociendo y mitigando los riesgos asociados al movimiento de personas. El 25 de marzo pasado, en la Declaración de Santo Domingo de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, los países de la región reiteraron el “compromiso a favor de una migración segura, ordenada y regular, respetando plenamente los derechos humanos de los migrantes”.

Desde la Cepal creemos firmemente que la migración debiera ser una opción informada y libre, y no una necesidad impuesta por las carencias y el sufrimiento, para lo cual se necesita una mirada regional sobre la gestión de las migraciones, estableciendo corresponsabilidades entre los Estados y teniendo en cuenta el ciclo migratorio completo. Asimismo, se recomienda a los Estados actualizar sus legislaciones migratorias para que respondan adecuadamente a los nuevos desafíos.

Pero, sobre todo, se necesita fomentar el desarrollo productivo, inclusivo y sostenible con más y mejores empleos y oportunidades en los países de origen. Es así como desde la Cepal promovemos el crecimiento, la generación de empleo y el mejoramiento del bienestar, por medio de políticas de desarrollo productivo que dinamicen sectores y reorienten a los patrones de desarrollo hacia sectores más intensivos en conocimiento, con tasas de crecimiento de la demanda y del empleo más altas, lo que beneficia tanto a la población migrante como a la no migrante.

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