Tres candidatos a la presidencia en Guatemala ofrecen replicar el modelo de Nayib Bukele

Zury Ríos Ríos, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, es la candidata a la presidencia de Guatemala que más lejos ha llevado su aspiración por replicar la embestida contra las pandillas de Nayib Bukele, uno de los presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica. Esta semana, Ríos visitó varios proyectos del plan de “control territorial” en la capital salvadoreña aunque, según medios locales, no logró reunirse con algún funcionario del Gobierno. Varios candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 25 de junio elogian las políticas de Bukele, sin tomar en cuenta que, según los expertos, los contextos de criminalidad son distintos.

La política de Bukele se centra en la captura masiva de presuntos pandilleros, enjuiciar a los menores de edad y un prolongado estado de excepción que limita derechos constitucionales, como la inviolabilidad de las comunicaciones y las libertades de reunión y de asociación. Para Flor Salazar, la coordinadora en Guatemala de la organización Cristosal, la estrategia de Bukele descansa en toda una estrategia de comunicación para crear “una película de acción” que muestra las capturas de gente con tatuajes pero no esclarece cuántas de esas personas fueron sancionadas como resultado de una investigación ni cuántas murieron bajo custodia del Estado en medio de una “grave y sistemática violación a los Derechos Humanos”.

Atraída por la narrativa de Bukele, Ríos viajó a la capital salvadoreña “como una ciudadana más”, para conocer los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), sin pretender algún encuentro oficial, asegura su equipo de comunicación. Sin embargo, durante su recorrido por los centros que ofrecen espacios de lectura y actividades lúdicas para la niñez y juventud en riesgo, la candidata grabó varios spots en los que pide el voto, elogió al presidente salvadoreño y promete replicar sus proyectos en Guatemala.

Como Ríos, varios candidatos a la presidencia guatemalteca como la ex esposa del exmandatario socialdemócrata Álvaro Colom, Sandra Torres, y Amílcar Rivera, que saca provecho de llevar la barba como Bukele, muestran admiración por las políticas antipandillas y ofrecen hacer lo mismo si llegan a gobernar en Guatemala.

Una de las promesas del presidente salvadoreño fue sacar a los pandilleros de las calles y a un año del régimen de excepción, se asegura que hay más de 58.000 encarcelados y que la tasa de homicidios se ha bajado a 2 por cada 100 mil habitantes. En contrapunto, organizaciones como Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen, denuncian violaciones a los Derechos Humanos que han llevado hasta la muerte a más de 150 personas detenidas durante ese periodo.

A criterio de Salazar, bajo ninguna condición se puede aprobar el “sistema de represión y de violación sistemática de derechos humanos” ni la capitalización que los políticos tratan de hacer de las estrategias de comunicación del gobierno salvadoreño, porque “cada una de las noticias que difunde sobre sus logros son el trailer de una película de acción”, apunta. Un informe reciente de Cristosal detalla que durante el régimen de excepción por más de un año en El Salvador ha provocado “más de 66,000 detenciones arbitrarias, ha fomentado prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos lesivos a la intimidad y al honor de personas privadas de libertad y ha provocado la muerte de 153 personas mientras estaban en custodia del Estado”.

Contextos distintos

La parte del guión que no se muestra, explica Salazar, es que en El Salvador se reformó el código penal y procesal penal para que las investigaciones se puedan prolongar hasta por dos años. En Guatemala, las leyes penales establecen que una persona no puede pasar más de 24 horas detenida sin que se resuelva su situación; en El Salvador esto puede puede tomar hasta 15 días, detalla Salazar.

Además, el problema criminal de las pandillas en Guatemala es distinto, asegura Salazar. Hasta abril en Guatemala, se registran 16 homicidios por cada 100 mil habitantes y en varios de sus estudios, la Asociación Diálogos ha señalado que la mayoría de muertes violentas ocurre por conflictos interpersonales que no tienen que ver con pandillas.

Durante 2022, Guatemala registró 14 mil 725 denuncias por extorsión y según cálculos de la fiscalía, el 60 por ciento de las extorsiones las cobran imitadores de pandillas, es decir, personas que sacan provecho del miedo hacia el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones criminales que operan en el país, para exigir dinero a alguno de sus vecinos o víctimas que captan en las redes sociales.

El exinvestigador antipandillas Mario Bosos considera que los contextos son distintos; el poder criminal en El Salvador es muy superior al de Guatemala, tanto en número como en forma sistemática de control territorial. “En Guatemala, la incidencia delictiva en los homicidios es mínima en relación al total de hechos y en las extorsiones, la mayoría la comete la delincuencia común”, detalla.

En conclusión, las diferencias son muy marcadas, principalmente porque en Guatemala las pandillas no tienen injerencia política, asegura el experto. Las políticas antipandillas de Bukele que atraen a más de un candidato, se implementaron después de la ruptura del pacto con las pandillas y un fin de semana en el que 87 personas fueron asesinadas.

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