Uruguay avanza en el desafuero de un senador acusado de ocho delitos sexuales contra menores

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay solicitó al Parlamento el levantamiento de los fueros del senador oficialista Gustavo Penadés, del Partido Nacional, sobre quien pesan ocho denuncias de delitos sexuales contra menores. La solicitud fue cursada a última hora del miércoles pasado, poco después de que el propio Penadés enviara una carta a la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, en la que pedía que el desafuero se tratara “de forma inmediata” para ponerse “a las órdenes” de la fiscalía.

“Al tomar conocimiento (…) del pedido de mi desafuero como senador de la República, es que le reitero lo solicitado oportunamente en carta con fecha 4 de abril de 2023, de que se proceda a votar en forma inmediata en el Plenario, sin pasar por Comisión de Constitución y Legislación del Senado, la solicitud referida, de modo de ser suspendido como tal y así ponerme a las órdenes de la señora Fiscal lo antes posible”, decía la nota de Penadés.

La solicitud de la Justicia se produce una semana después de que Penadés, de 57 años, senador e histórico dirigente del Partido Nacional (centroderecha), fuera citado por la fiscal Alicia Ghione para declarar en la causa por delitos de explotación sexual de menores de edad por la que es indagado. En total, existen ocho denuncias de hombres que siendo menores habrían sido contactados por Penadés para mantener sexo a cambio de dinero. “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, dijo Penadés el jueves 25 de mayo tras comparecer ante la fiscal Ghione.

La investigación de este caso se inició a finales de marzo, cuando la Fiscalía de la Nación decidió actuar de oficio luego de que una correligionaria de Penadés, Romina Celeste Papasso, de 30 años, asegurara haber sido abordada en la calle por Penadés y trasladada a un motel para mantener sexo a cambio de dinero, cuando era menor de edad. Papasso, una militante trans del Partido Nacional, tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y aún no había iniciado la transición de género, según relató en su canal de YouTube en marzo pasado.

Pocas horas después de aquella denuncia, el senador dio una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que negó las acusaciones de Papasso. “Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Nunca he engañado sobre la misma, por el contrario (…) Lo que no admito, bajo ninguna circunstancia, es que por tener esa orientación alguien me pueda acusar de pedófilo”, enfatizó. Penadés se mantuvo en su banca en el Senado y como presidente del Parlamento del Mercosur hasta principios de mayo, cuando pidió licencia de ambos cargos, así como de todas sus actividades dentro del Partido Nacional.

Desde que el caso se hiciera público, el parlamentario fue respaldado en más de una ocasión por principales figuras políticas del país. “Le creo a él”, dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, en una charla informal con periodistas. En igual sentido se expresó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para quien Penadés está siendo víctima de una “difamación”. No obstante, ambos manifestaron que deberá ser la Justicia la que dirima los hechos. Desde la oposición, legisladores del Frente Amplio (centroizquierda) criticaron esas manifestaciones públicas de apoyo y pidieron prudencia.

Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, lleva adelante la defensa de cinco de las ocho personas que denunciaron haber sido víctimas de Penadés cuando eran menores, bajo un procedimiento similar al denunciado por Papasso. En cuanto al tipo de delito que podría imputársele a Penadés, explica Suárez, estaría el de retribución económica a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. La comisión de ese delito es castigada con una pena de dos a doce años de cárcel.

Fuentes de Fiscalía explicaron que en Uruguay hay aproximadamente 3.500 denuncias por año de delitos sexuales y que las condenas pasaron de un 5% a un 16% entre 2017 y 2022. Añaden que, pese a los progresos en materia legal, estas víctimas aún soportan un estigma que no pesa sobre otras víctimas de delitos diferentes, como el hurto. “¿Por qué no lo dijo antes?”, “¿Qué hacía ahí?”, son parte de la retahíla de cuestionamientos que socialmente suelen repetirse en torno a las víctimas de delitos sexuales. “Las víctimas lo cuentan cuando pueden. Por eso es importante que la Justicia dé los elementos de protección que permitan que la persona, cuando va a declarar ante el fiscal o en sede judicial, pueda hacerlo con todas las garantías”, subrayan.

El caso que involucra al senador Penadés y a otro adulto, Sebastián Mauvezin, que habría oficiado como intermediario, está en fase preliminar de investigación y bajo reserva por 120 días más. Así continuará cuando se apruebe el desafuero del legislador, algo que ocurrirá con toda probabilidad esta semana.

“Todos los partidos están contestes, obviamente, a levantar el desafuero”, afirmó el jueves pasado la vicepresidenta, Beatriz Argimón. Para aprobarse la suspensión de los fueros se requieren dos tercios de los votos de la cámara alta, una mayoría que en principio estaría asegurada, independientemente de que se trate de manera urgente o pase por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. “La respuesta va a ser rápida, como corresponde”, dijo Argimón ante la prensa.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.