La alianza de Erdogan vincula al colectivo LGTBI con “virus” y “degeneración” para ganarse el voto conservador

“En estas elecciones decidiremos si un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con otra mujer o no”, ha dicho el ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, en uno de los mítines de campaña. En otro, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, arremetió: “La familia es sagrada para nosotros. Preguntaos por qué [la oposición] pide el voto de estas estructuras de pervertidos LGTBI”. Y así, día tras día. Las siglas aparecen en prácticamente todos los discursos de la coalición progubernamental —acompañadas de palabras como “virus” y “degeneración”—, como si uno de los principales debates a dirimir en las cruciales elecciones del próximo domingo fuese el matrimonio igualitario.

A decir verdad, no lo es: en el acuerdo entre los seis partidos que forman la principal plataforma opositora, las siglas LGTBI no aparecen ni una sola vez. Tan solo algunas formaciones más a la izquierda hacen referencia a los derechos de las personas homosexuales en sus programas electorales. Pero, para los partidos que apoyan a Erdogan, tratar de convencer a sus seguidores de que el modelo de familia tradicional está en peligro por influencia de malignas fuerzas extranjeras se ha convertido en una parte esencial del discurso a medida que las encuestas aventuran la posibilidad de que el presidente turco pierda las elecciones del próximo domingo tras 20 años en el poder.

“Vivimos en un periodo en el que el populismo de derecha se ha incrementado en el mundo. Lo vemos desde Polonia a Estados Unidos. El actual Gobierno de Turquía ha convertido esta retórica populista en un arma de propaganda y ha incrementado la presión sobre los LGTBIQ”, explica Defne Güzel, activista de la asociación Kaos GL. Del mismo modo que otros gobernantes de derecha, Erdogan ha dado un giro desde posiciones más liberales (en los años 2000 defendía “dar protección legal a las personas homosexuales” y permitía que se celebrase el Día del Orgullo en el centro de Estambul) a otras más propias de la ultraderecha identitaria. Y eso ha llevado a la criminalización del movimiento LGTBI, la prohibición de actos y un incremento de los discursos de odio, denuncia Güzel.

El politólogo Selim Koru, en su boletín informativo, Kültürkampf, arguye que “espolear las guerras culturales le ha funcionado bien a Erdogan en el pasado y sigue siendo útil para consolidar su base conservadora”, teniendo en cuenta que Turquía es un país fuertemente escorado hacia la derecha (el 65% de los electores votaron por partidos de este signo en los comicios de 2018). Las guerras culturales que promovía Erdogan en el pasado se centraban básicamente en el argumento de que una victoria de la oposición laica supondría un retroceso en los derechos de la población religiosa (especialmente de las mujeres a llevar el velo islámico en escuelas y en la Administración). Pero ahora que la oposición ya no se opone a estas medidas e incluye a partidos islamistas y escisiones del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Erdogan ha ido un paso más allá. “Mientras la oposición intenta contentar a los votantes más moderados del AKP descontentos con el partido, Erdogan está intentando contentar a los elementos más duros del islamismo”, explica el académico Burak Bilgehan Özpek en el podcast sobre política turca Daktilo1984.

Precisamente, el argumento esgrimido por Ankara para justificar hace dos años la salida de Turquía del Convenio de Estambul contra la violencia machista (que se firmó en 2011 en una reunión del Consejo de Europa cuyo anfitrión fue el propio Gobierno de Erdogan) es que promueve modelos alternativos al de la familia tradicional y fomenta la cultura LGTBI. La realidad es que esto no se menciona en ninguna parte ―excepto que el convenio debe aplicarse sin discriminación por “orientación sexual” o “identidad de género”―; la retirada era una demanda de ciertos grupos religiosos y ultraconservadores.

Reforma de las leyes contra el maltrato

Las encuestas prevén que las elecciones del domingo se diriman por unos pocos puntos porcentuales, lo que hace importante cada voto, así que Erdogan se ha aliado con varios partidos de la extrema derecha nacionalista e islamista, entre ellos el fundamentalista Hüda Par ―con influencia en las provincias kurdas― y el YRP, dirigido por Fatih Erbakan, hijo del fundador del islam político en Turquía, Necmettin Erbakan. Ambos exigen restricciones o incluso la prohibición de las asociaciones LGTBI, pero también modificaciones en las leyes turcas contra el maltrato y sobre el divorcio.

Unos días antes de que se cerrase el plazo, el AKP logró convencer al líder del YRP de que retirase su candidatura a la presidencia ―lo que le podría haber restado votos ultraconservadores― y apoyase a Erdogan en los comicios. A cambio, el YRP arrancó al AKP un protocolo por el que, de repetir victoria, el partido gobernante se compromete a modificar las actuales leyes para “proteger la unidad familiar” y “los valores tradicionales”, y actuar contra “la perversión”. A última hora se retiró del protocolo la mención a la reforma de la ley 6284 contra la violencia machista por presión de algunas dirigentes del AKP. En Turquía, unas 400 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas o familiares, según la plataforma Paremos los Feminicidios.

Con todo, el vicepresidente del Hüda Par, Seyhmus Tanrikulu, confirma a este diario que tanto ellos como el YRP quieren modificar dicha ley. En concreto, pretenden eliminar la disposición que permite decretar una orden de alejamiento del marido o acusado de violencia sin más pruebas que la denuncia de una mujer y, además, incluir en la normativa sobre maltrato “la violencia contra los hombres”.

También exigen restringir la pensión que los hombres deben pagar a sus exesposas tras la separación si estas no disponen de los medios suficientes para mantenerse, un tema explotado por estos y otros movimientos conservadores entre divorciados agraviados. Sin embargo, esta pensión es vista como una protección fundamental por las asociaciones feministas en un país como Turquía, donde apenas el 26% de las mujeres tienen empleo. Acabar con esta garantía económica, sostienen, podría llevar a que muchas no se atrevan a denunciar situaciones de maltrato por miedo a quedarse en la calle sin ningún medio de supervivencia. El Hüda Par, además, quiere que se reduzca la edad legal del matrimonio (actualmente los 16 años si hay autorización judicial), en un momento en que varios escándalos han salpicado a miembros de cofradías religiosas por abuso de menores.

Resta saber cómo afectará todo ello al voto femenino del presidente Erdogan. Según la compañía demoscópica Konda, uno de los grupos donde más apoyo mantiene el AKP es el de las amas de casa (unos 15 millones en toda Turquía), entre las que la intención de voto es superior a la media. La vicepresidenta del grupo parlamentario del AKP, Özlem Zengin, ha garantizado que la ley 6284 es una “línea roja” y no se tocará, pero habrá que ver qué línea manda en caso de una nueva victoria de Erdogan. De hecho, en anteriores debates sobre estas cuestiones, la propia Zengin había lamentado sentirse “muy sola” por el silencio de sus compañeros de partido.

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