El expresidente peruano Alejandro Toledo se entrega a la justicia de EE UU para ser extraditado
El exmandatario aguardará en una prisión del condado de San Mateo la repatriación a su país, donde se le acusa de recibir 35 millones en sobornos de Odebrecht
El expresidente peruano Alejandro Toledo se ha entregado la mañana de este viernes a las autoridades de Estados Unidos. El mandatario, quien gobernó la nación sudamericana entre 2001 y 2006, intentó frenar por varios medios la extradición a su país, que le reclama para juzgarlo por un caso de millonarios sobornos que supuestamente recibió por parte de la constructora brasileña Odebrecht. El miércoles, un juez federal le negó la petición para quedarse en territorio estadounidense y le ordenó que se presentara a entregarse al servicio de los U.S. Marshal, una agencia federal que se especializa en rastrear a fugitivos de la justicia.
Toledo arribó a un tribunal en la ciudad de San José, al norte del Estado, sobre las 09.00 de la mañana. Lo hizo en compañía de su esposa, la ex primera dama Eliane Karp. Estará en una celda del condado de San Mateo hasta que se dé la luz verde a su extradición, algo que puede ocurrir en las próximas horas. El político tenía una orden de captura en su contra desde febrero de 2017 por haber recibido 35 millones de dólares. Se fugó de Perú después de negarse a cumplir 18 meses de prisión preventiva, un castigo impuesto por dos magistrados peruanos. Fue detenido en California en julio de 2019. Primero fue enviado a la cárcel de Santa Rita, a 60 kilómetros al este de San Francisco, pero la pandemia obligó a que las autoridades reconsideraran el aislamiento del político de 77 años. Desde 2020 estuvo en prisión domiciliaria en un apartamento de la zona de Menlo Park, en la Bahía de San Francisco.
Este jueves, Toledo envió un mensaje a las autoridades de su país, quienes han procesado penalmente a cuatro expresidentes por la escandalosa trama de corrupción que dejó Odebrecht y que fue revelada por los fiscales instructores del caso Lava Jato. “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, dijo quien fuera líder de Perú Posible a Guillermo Azábal, de la agencia EFE. “Nunca he recibido ni un solo dólar malhabido”, añadió.
En la conversación, el expresidente habló de su deteriorado estado de salud. Dice sufrir hipertensión y dolencias relacionadas con un supuesto cáncer. Sus padecimientos fueron utilizados por su abogada, Mara Goldman, como uno de los principales motivos para retrasar la entrega a la justicia peruana. “Mi salud es muy mala (...) Solo respeten eso, no han probado y ya quieren meterme a la cárcel”, dijo Toledo a la agencia española.
La gran duda era si el político, que vivió a salto de mata, iba a comparecer finalmente ante el tribunal. “¿Será la hora Cabana?”, se preguntaban los periodistas en Perú cuando llegó la hora de la entrega y no se sabía nada del presidente que tomó el testigo de Alberto Fujimori. Toledo solía llegar tarde a sus citas protocolares cuando era mandatario. La prensa bautizó su impuntualidad como la “hora Cabana”, en alusión al pueblo donde nació, en la región de Áncash. Toledo llevaba consigo un grillete electrónico en uno de sus talones, lo que hacía muy difícil que continuara la evasión de las autoridades.
Una hora después, se conoció la verdad. Toledo compareció en otra sede de la Corte de San José para eludir a la prensa y no ser captado en su momento más oscuro. Ha sido la última jugada de un político que interpuso varias argucias legales para dilatar este día. Para el 7 de abril, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó su reclusión, pero el expresidente interpuso un recurso de reconsideración de último minuto y nuevamente ganó tiempo. A esta siguieron mociones ante tribunales de Washington D.C., pero un juez de la capital la rechazó el jueves pasado.
Toledo tendrá que enfrentar finalmente a la justicia de su país. La política peruana ha sido erosionada por el escándalo Lava Jato, que provocó investigaciones a corrupción a todos los políticos que han ocupado la silla presidencial desde 2001. Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados de recibir coimas. Alan García se suicidó para evitar ser procesado por lavado de dinero, colusión y tráfico de influencias. Pedro Pablo Kuczynski también estuvo en prisión domiciliaria por sus vínculos con la constructora brasileña. La excandidata presidencial Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, también fueron asociadas al poder corruptor de la empresa de Marcelo Odebrecht.
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