El asedio policial contra el obispo Rolando Álvarez, enemigo declarado de Ortega y Murillo

Al quinto día de asedio policial, el obispo Rolando Álvarez salió de la parroquia del Santo Cristo de las Colinas donde estaba resguardado y haciendo ayuno indefinido hasta que los oficiales de Daniel Ortega y Rosario Murillo cesen el hostigamiento en su contra. El prelado retornó este lunes a la sede de su episcopado: la ciudad norteña de Matagalpa, más cerca de su púlpito, desde donde hace años se ha constituido como uno de los religiosos más críticos del régimen sandinista en Nicaragua.

El contingente policial se trasladó de Managua a Matagalpa detrás de monseñor Álvarez, tras un contacto con el Gobierno del que no se tienen mayores detalles. El prelado se refugió el viernes pasado en la parroquia cuando los oficiales llevaron el acoso al plano familiar, mientras el religioso visitaba la casa de una sobrina en capital. Ese episodio, una especie de confirmación de que el cerco contra él se estaba achicado de manera drástica, le llevó a iniciar un ayuno de suero y agua. Si bien en los últimos meses ha sido interceptado por policías, y una de sus colaboradoras en Matagalpa fue atacada por simpatizantes sandinistas, el religioso ha decidido no tolerar más.

“A las ocho de la noche salí a mi casa privada maternal-paternal, vecindad del núcleo familiar donde vivimos prácticamente juntos. Llegaron hasta la puerta de mi hogar y ya eso no lo permití, y quiero dejar constancia que no lo permitiré. No permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar”, advirtió Álvarez el viernes, antes de resguardarse. La reacción del obispo provocó una escalada represiva por parte del régimen de Ortega y Murillo, que incluye el acoso y la censura del Canal Católico de Nicaragua que el obispo dirige.

El ente regulador de las telecomunicaciones ordenó a las cableras sacar de la grilla al medio de comunicación que emitía programas relacionados con el catolicismo, la religión predominante en Nicaragua. El hostigamiento policial contra Álvarez supone un nuevo capítulo de la pareja presidencial contra la Iglesia católica y sus obispos, aglutinados en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), un ente moral que ha jugado un rol beligerante en la condena de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018 por el Gobierno.

El preludio del acoso en contra de este obispo –que dirige una de las diócesis más grandes del país, al mismo tiempo que regenta la de Estelí– fue un informe realizado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el que se involucra a los religiosos como “impulsores” del supuesto “intento de golpe de Estado” de 2018. Aunque el alcance del documento es ambiguo, abogados consultados creen que puede ser una base para criminalizar a los religiosos, en un contexto en el que toda voz crítica es encarcelada, exiliada o desterrada, como sucedió hace unas semanas con cantautores y productores musicales.

“Sectores de la oligarquía, en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas oenegés impulsaron un intento de golpe financiado, dirigido y organizado principalmente desde el exterior, cometiendo delitos que violan los derechos humanos de los nicaragüenses”, asegura el documento aprobado por los parlamentarios. La carga para los religiosos también proviene de la misma familia presidencial.

“Hay quienes usan las mentiras para figurar. Eso es terrible, hay quienes usan las mentiras para ser jefes en cualquier oficio, para irse arriba de los otros en cualquier oficio, oficio que a lo mejor tienen sus beneficios para ellos, para los que mienten”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo el viernes en los medios de comunicación oficialistas. La primera dama y el presidente Ortega han despotricado contra los obispos en reiteradas ocasiones y han incluido ataques personales que son acompañados de calificativos como “fariseos” y “golpistas”.

Mientras en las redes sociales que controla el Gobierno circulan montajes de monseñor Álvarez vestido como preso y siendo arrestado, uno de los hijos de la pareja presidencial publicó un mensaje en Twitter: “Bajo cada sotana hay un hombre común, lleno de vicios, avaricia y pensamientos impíos”, escribió Juan Carlos Ortega Murillo.

La Conferencia Episcopal, cuyo titular, el cardenal Leopoldo Brenes, también tiene custodia policial “por su seguridad”, según la versión oficial, emitió un comunicado en apoyo a Álvarez. “Expresamos nuestra solidaridad y cercanía a los fieles y sacerdotes de la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, en donde su excelencia monseñor Rolando Álvarez se encuentra recluido en oración y ayuno; así como en la parroquia San Juan Bautista en la ciudad de Masaya, y a su párroco el padre Harvy Padilla, que viven un ambiente de zozobra por su seguridad personal y la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad”, reza la comunicación, en referencia a otro sacerdote que sufre asedio en la ciudad de Masaya. El diario La Prensa reveló también que la Alcaldía de Managua impuso el pasado 29 de abril una multa de cinco millones de córdobas (casi 140.000 dólares) al colegio San Agustín.

Temen que lo “exilien”

Analistas políticos consultados para este artículo creen que apresar a monseñor Álvarez supondría un coste político alto para Ortega y Murillo, tomando en cuenta la profusa devoción de los nicaragüenses. Sin embargo, las estimaciones son mesuradas en virtud de la visceralidad del régimen y sus estrategias para acallar. “Han demostrado que son capaces de todo. Bien podrían imponer iglesia por cárcel al obispo Álvarez o desterrarlo como con los productores musicales tras encarcelarlos”, dijo un politólogo que prefiere anonimato.

Fuentes de la Iglesia católica dijeron a EL PAÍS que temen que el acoso policial tenga como fin forzar al exilio a monseñor Álvarez, tal como sucedió con el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, una de las voces proféticas más incómodas para Ortega y Murillo a partir de 2018. “A monseñor Báez lo negociaron con El Vaticano. Es decir, lo expulsaron, lo exiliaron. Puede que con Álvarez pretendan lo mismo, pero hay que recordar que las relaciones con El Vaticano están en punto muerto desde que expulsaron de forma exprés al nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo”, comentó la fuente allegada a la iglesia. Por ahora, El Vaticano ha guardado silencio sobre la persecución que sufren sus obispos en Nicaragua.

Álvarez no ha confirmado por su cuenta su llegada a salvo a Matagalpa, pero es una ciudad donde se siente más seguro, agrega la misma fuente religiosa, quien resalta el dispositivo policial en la ciudad. No solo son sus homilías las que convocan a tantos feligreses, sino que el obispo tiene un arraigo bien hondo en este departamento norteño, eminentemente agricultor y lácteo. En 2015, Álvarez convocó a una manifestación de 15.000 personas en el municipio de Rancho Grande y obligó al Gobierno a declarar “inviable” una concesión minera en la zona a favor de la transnacional B2Gold por poner en riesgo los recursos hídricos.

“Amo a mis hermanos policías que rodean la iglesia. Amo a los policías que me persiguen todo el día. Entiendo que siguen órdenes y las cumplen (...) amo, sí, amo al presidente y la vicepresidenta. Yo no tengo nada contra ustedes. Mi corazón está libre (...) pero el que odia ya está muerto en vida”, dijo el obispo en su última homilía.

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