Ni hablar de repatriar a mujeres y niños de Siria... y menos en España
Cientos de europeos aguardan en campos en el noreste sirio a retornar a sus países origen. El Gobierno español, entre los más rezagados de la UE
Limbo es la palabra que mejor describe el lugar y momento en el que viven las mujeres y niños retenidos en los campos del noreste sirio custodiados por las autoridades kurdas. Primero las cifras: alrededor de 60.000 personas residen en los campamentos, más de la mitad, menores de 12 años. Son ciudadanos de 60 países diferentes, la mayoría, no obstante, de nacionalidad siria o iraquí. Aún malviven allí en torno a un millar de europeos. Según la base de datos facilitada a EL PAÍS por el Centro de Información Rojava (RIC, en sus siglas en inglés), con sede en aquel noreste kurdo-sirio, países miembros de la Unión Europea han traído de vuelta a 169 personas, prácticamente todas mujeres y niños. Y esto a cuentagotas, con cierto secretismo y mucho recelo, desde la derrota del califato tras la batalla de Baguz de marzo de 2019. De entre la decena de socios comunitarios que han repatriado no se encuentra España, con 17 niños y tres mujeres (más una de origen marroquí, pero con hijos de padre español) alojados en los campamentos.
Dos años y medio después de que cayera el último bastión del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), el censo de los campos a los que fueron a parar los desplazados del califato está incompleto. Y quizá siga así para siempre: muchos de los que optaron por formar parte de aquel proyecto integrista se deshicieron de documentos de identidad y adoptaron nuevos nombres, que aún hoy utilizan. Cruzando los datos de diferentes fuentes se puede llegar a la conclusión de que solo cuatro países de la UE con nacionales entre los retenidos no han repatriado a nadie. Estos son Portugal, Polonia, Estonia y España.
Los cálculos son tarea ardua. En efecto, el pasado 21 de febrero, la oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la chilena Michelle Bachelet, identificó a 57 países a los que instó a repatriar a sus nacionales de aquellos “campos de miseria”, principalmente Al Hol, donde residen la mayoría, y Al Roj. Comparando aquella lista con la base de datos elaborada por los kurdos y la información recogida por organizaciones humanitarias en el terreno, cuatro socios comunitarios tienen en su casillero un cero en repatriaciones. Se desconoce la cifra exacta de estonios y polacos en los campamentos, pero el último informe de Europol sobre terrorismo, publicado el pasado junio, sí recoge el número de personas con vínculos portugueses que podrían aguardar en el norte sirio: 16 mujeres más 27 menores.
Desde abril de 2019 han podido ser identificadas cuatro mujeres con raíces en España retenidas en los campos custodiados por las milicias kurdas: las madrileñas Yolanda Martínez y Luna Fernández, alojadas hoy en Al Roj, la ceutí Lubna Mohamed Miludi, en Al Hol, y Lubna Fares, de origen marroquí, pero madre de tres niños de padre español, actualmente en paradero desconocido desde su huida de los campos con los niños en febrero del pasado año. Estas mujeres han expresado su deseo de regresar en varias entrevistas, aunque cierto recelo a responder ante la justicia española. Entre ellas suman 17 niños españoles, cuatro de ellos huérfanos y acogidos por Luna Fernández.
Preguntado recientemente por este periódico acerca de las repatriaciones, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que están trabajando para dar una “respuesta común en el marco de la UE”. EL PAÍS ha preguntado también al Ministerio de Asuntos Exteriores español, que sería el competente para efectuar las repatriaciones en el caso de efectuarse —Josep Borrell afirmó en 2019 como ministro que así sería—. El departamento dirigido hoy por José Manuel Albares afirma que está trabajando en esto con prudencia junto al Ministerio del Interior. Sin más detalles.
Pero la sensación de las familias españolas consultadas —no todas quieren hablar a estas alturas— es que nadie está haciendo nada. Así lo manifiesta en conversación telefónica Manuela Grande, madre de Luna Fernández. Esta, de 34 años, vive en una tienda de campaña en Al Roj junto a ocho niños, cuatro suyos —el quinto de sus vástagos, de 13 años, está recluido en un centro para hombres—, y cuatro hermanos huérfanos con familia en Madrid. Manuela afirma que prácticamente nadie ha contactado con ella en los dos últimos años, salvo un par de conversaciones con la policía hace tiempo. Su hija está dispuesta a regresar, aunque sepa que podría pasar un tiempo entre rejas y alejada de los menores.
También lo está la ceutí Lubna Mohamed Miludi, de 28 años, madre de un niño de seis, los dos retenidos en Al Hol. Según cuenta al teléfono desde Ceuta su padre, Halil Miludi, Lubna mantiene su intención de volver y es consciente de que tendrá que responder ante la justicia. La familia de esta joven tampoco ha tenido contacto alguno con el Gobierno español.
Orden de detención
Tanto Luna Fernández como Yolanda Martínez, que tiene cuatro hijos, aparecen en ficheros policiales por vínculos con yihadistas que viajaron como ellas a Siria. La Audiencia Nacional ha pedido su detención. Si la repatriación se hiciera efectiva, les aguardaría al menos el cargo de pertenencia a organización terrorista por su paso por el califato del ISIS.
Un portavoz de la Comisión Europea ha manifestado a EL PAÍS que “la decisión de repatriar o no a los propios nacionales sigue siendo competencia nacional”. Esta fuente se ciñe a lo expuesto en la Agenda Contra el Terrorismo, presentada por Bruselas en diciembre de 2020, en la que, efectivamente, se habla de un marco de cooperación. “Los combatientes terroristas extranjeros y sus familiares”, dice este portavoz, “incluidos los que se encuentran actualmente en centros de detención y campamentos en el noreste de Siria, plantean desafíos específicos y complejos, que requieren coordinación de las partes interesadas en todos los niveles”.
Todo un marco teórico sin desarrollo aparente que mantiene a cientos de niños y mujeres europeas en este limbo, y a cada socio de la UE actuando de forma unilateral y poco compartida. El pasado 7 de octubre, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), también conocida como Rojava entre los kurdos, anunció en las redes la repatriación de 11 mujeres y 37 niños entre Alemania y Dinamarca, una de las mayores a territorio comunitario. Alemania es sin duda el país que más mujeres y niños ha llevado de vuelta a casa, seguida de Francia y Bélgica. Pero todos, como señala la base de datos del RIC, a años luz de Rusia (274 repatriaciones) o países con menos recursos como Kazajstán (710) o Uzbekistán (339).
“Ellos no son unos terroristas, son unos pobres desgraciados”
Como muchos de los familiares de las mujeres y niños que aguardan en los campos del noreste sirio, Manuela Grande, de 49 años, habla con frecuencia con su hija, Luna Fernández, viuda de Mohamed Amin el Aabou, muerto en Siria e investigado por la Audiencia Nacional. Insiste en que no se la llame “yihadista”. Ella, según cuenta su madre al teléfono, entre la indignación y la emoción, cree que el Gobierno español no quiere su retorno. “Mi país me ha dejado tirado, mamá”, le dijo en una conversación reciente. Le preocupa el mayor de sus hijos, de 13 años, al que no ve, recluido en un centro para varones. “Ellos no son terroristas, son pobres desgraciados, y más los niños”.
Halil Miludi y su mujer hablan también a diario por teléfono con Lubna, viuda de un yihadista francés. “Hace poco nos llamó una noche para decirnos que había entrado una serpiente en su tienda”, cuenta Halil. “Está frita de estar allí, quiere volver y sabe que pasará por la cárcel”.
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