La fiscal general de Perú denuncia al expresidente Merino por la muerte de dos manifestantes en noviembre
El político que gobernó durante seis días el país tiene derecho a un antejuicio en el Parlamento
La segunda semana de noviembre de 2020, cientos de miles de peruanos se manifestaron en la mayoría de regiones y en medios sociales contra el Gobierno interino de Manuel Merino. El político pasó de ser presidente de un Congreso desprestigiado a liderar el Ejecutivo, después de que el Parlamento depuso -bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”- al entonces jefe de Estado, Martín Vizcarra. Las protestas, durante seis días seguidos, rechazaban la salida de Vizcarra a través de un movimiento de la oposición para hacerse con el Ejecutivo. Las manifestaciones fueron pacíficas, pero en Lima la policía las reprimió con brutalidad. Los agentes dispararon contra los manifestantes causando la muerte de dos jóvenes. Ahora, la fiscal general ha presentado al Congreso una denuncia constitucional contra Merino y dos exministros, como presuntos autores de los homicidios del #14N y por lesiones graves y leves de otras 78 personas.
La denuncia de la magistrada Zoraida Ávalos encuentra “omisión impropia” en el exgobernante interino que estuvo seis días en el cargo, así como en dos integrantes de su fugaz Gabinete: el primer ministro Antero Flores Araoz y el titular de Interior, Gastón Rodríguez. La omisión o dolo eventual implica que, teniendo las atribuciones y el poder “para evitar un desenlace fatídico como las muertes [de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado], no lo hicieron”, explicó el abogado Carlos Rivera en Ideele Radio este martes. Rivera, quien defiende a la familia Sotelo, precisó que de llegar a ser condenados, los tres ex altos funcionarios podrían recibir una sanción de seis a 20 años de prisión, es decir, similar a la que correspondería a los policías -autores materiales de los delitos-.
El destino de la denuncia constitucional que ha presentado Ávalos ahora depende de las cuotas de poder político en el nuevo Congreso instalado en julio. La actual presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pertenece al mismo movimiento que Merino en el fragmentado partido político Acción Popular. Dicha formación tiene la cuarta minoría de acuerdo al número de escaños. En una entrevista reciente, Alva consideró la gestión de Merino de aquellos días en el Ejecutivo como “constitucional y para nada” autoritario. Aunque el Gobierno interino de Merino fue calificado como ilegítimo por la mayoría de los abogados constitucionalistas y analistas políticos durante la crisis de noviembre, tuvo el respaldo del partido fujimorista Fuerza Popular, y de la mayoría de políticos de derechas y de Alianza para el Progreso, del excandidato presidencial César Acuña.
La subcomisión de denuncias constitucionales del Congreso debe designar a un parlamentario que elabore un informe, a raíz del documento enviado por la fiscal general. Si dicho grupo de trabajo aprueba la denuncia como procedente, pasará a la votación del pleno. De obtener los votos suficientes a favor, entonces la fiscal de la Nación denunciará a los altos funcionarios ante la Corte Suprema.
Pacha Sotelo, el hermano mayor de una de las víctimas, comentó este martes en una entrevista en la emisora Radioprogramas sobre los partidos que respaldaron la llamada vacancia presidencial en noviembre, motivo de las protestas que fueron respondidas con la violencia policial que causó muertos y heridos: “Algunos están ante un momento de que, si sintieron que su decisión perjudicó a familias como la mía, la de Bryan (Pintado) y la de muchos compañeros heridos, tienen la oportunidad de decir disculpas con su voto”.
Disparos con material policial
Las pruebas y testimonios recabados por la fiscal general sobre la responsabilidad de los tres denunciados son abundantes y han quedado consignados en 148 páginas. Según la denuncia, Sotelo murió a causa de disparos de perdigones de plomo y por el número de proyectiles y la zona a la que dirigieron los proyectiles -el torso- los agentes pudieron saber que iban a causarle la muerte, pero pese a ello lo hicieron. El abogado Rivera destacó que a la gran mayoría de los heridos les apuntaron al tercio superior del cuerpo.
La denuncia de la fiscal Ávalos sostiene que de acuerdo a los informes médico-legales acerca de los agraviados que participaron en las movilizaciones sociales del 12 y 14 de noviembre, las lesiones fueron producidas con el material del que se abasteció la Policía Nacional para el control de las protestas. Ávalos añade sobre los tres ex altos funcionarios del Gobierno interino que “por la información oficial que obtuvieron de que las movilizaciones sociales tenían la tendencia a intensificarse, era previsible y razonable de que (las fuerzas del orden) desplieguen acciones de manera desproporcional en la represión, a través del uso de armas, con perdigones, gases lacrimógenos y otros; no obstante, no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones, lo que conllevó como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos, identificados hasta la fecha, con lesiones graves y leves”.
También este miércoles, el Ministerio Público reportó que la fiscalía penal especializada en delitos de derechos humanos ha denunciado a 11 altos oficiales de la policía por los mismos hechos. El cargo más grave es contra el ex comandante general (encargado) Jorge Lam, por los delitos de “asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra manifestantes, y contra la administración pública” por abuso de autoridad.
La fiscal señala que Pintado recibió una descarga de diez perdigones de plomo en cuatro zonas de la parte superior del cuerpo, “que acreditarían que fue asesinado de forma alevosa”. En el caso del estudiante Sotelo, murió por una herida penetrante en el tórax que causó un proyectil que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.
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