El Supremo de EE UU legitima dos leyes de Arizona que restringen el voto de las minorías

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha validado este jueves dos normas electorales del Estado de Arizona, que dejan la Ley del Derecho al Voto de 1965 reducida a un efecto mínimo. El fallo, por seis votos contra tres, argumentado por el juez Samuel Alito, significa que a partir de ahora será más difícil cuestionar las nuevas leyes aprobadas por las legislaturas estatales, redactadas al calor de la denuncias de fraude electoral de Donald Trump en las presidenciales de 2020. La respuesta inmediata del presidente Joe Biden tras conocer el dictamen fue tajante al declarar que “la democracia está en juego”

Sobre lo que el Supremo decidía era sobre dos leyes de Arizona que, según los demócratas, restringen el acceso al voto para las minorías raciales. El fallo se refiere a una regla en ese Estado que estipula que los sufragios provisionales emitidos en un distrito equivocado deben ser desechados. La segunda norma sobre la que dictaminó el Supremo hace ilegal la entrega de votos por parte de terceros, una práctica que los republicanos denominan “cosecha de votos”. El año pasado un tribunal federal de Apelaciones en San Francisco (California) había dictaminado que esas reglas de Arizona violaban la Ley de Derecho de Voto de 1965 porque afectan, de manera desproporcionada, a los grupos minoritarios. Pero, este jueves, la máxima Corte del país ha restablecido esas dos normativas, al considerar que porque el sistema de votación sea “inconveniente para algunos” no significa que el acceso a votar sea desigual.

La réplica al juez Alito la ha dado uno de los tres jueces liberales que forman la Corte. Elena Kagan acusó a la nueva súper mayoría que representa el Supremo, tras el paso por el poder de Donald Trump (que logró nombrar a tres magistrados, en un cargo que es vitalicio), de reescribir “una vez más” la Ley del Derecho al Voto. “Nunca antes una normativa [en referencia a la ley de 1965] ha hecho tanto para avanzar y promover una de las ideas fundamentales de la nación”, argumenta Kagan. “Pocas leyes son tan vitales en el momento actual”, prosigue la juez. “Y sin embargo”, disiente desde el enfado la juez, “en la última década este tribunal ha tratado a esta legislación peor que ninguna otra”.

Hasta la fecha, la Ley del Derecho al Voto era la ley que imperaba en la nación y la norma más efectiva de legislación sobre los derechos civiles en toda la historia de EE UU. Tras 1965, la norma se ha reautorizado hasta cinco veces desde su aprobación a mediados de los años sesenta por motivos prácticos, nunca políticos. Esa ley es prácticamente desde este jueves papel mojado, ya que lo que queda de ella es una sección de la disposición que prohíbe que, basándose en la raza, se puedan redistribuir los votos en función del distrito.

Tras el clamor de Trump de que había habido fraude y le habían sido robadas las elecciones, que acabó por conducir al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, fueron muchos los Estados -concretamente los que tienen mayoría republicana en su Congreso- que comenzaron a moldear las leyes de votación para que, según los críticos, pudieran restringir el sufragio de las minorías. Según el Centro Brennan para la Justicia, tras los comicios que dieron ganador a Joe Biden, se han promulgado más de 20 leyes relativas al voto en más de 15 Estados.

El pasado día 22, el Senado de EE UU tumbaba la gran reforma electoral a la que aspiraba Biden. Tras un paso sin problemas por la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, la conocida como H.R.1, o Ley del Pueblo, se estrellaba contra el Senado. De nada valió que el Partido Demócrata mostrara unidad al sumarse, finalmente, el voto díscolo del senador de Virginia Occidental Joe Manchin. La mayor renovación del sistema electoral en ocho décadas moría incluso antes de haber nacido. Ni siquiera hubo lugar para el debate.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región