La justicia rusa ilegaliza las organizaciones de Navalni y las declara “extremistas”

La justicia rusa ha dado este miércoles el golpe definitivo a las organizaciones vinculadas al líder opositor Alexéi Navalni. Un juez de Moscú ha declarado “extremistas” a su Fundación Anticorrupción (FBK) y al movimiento político vinculado al disidente, que cumple pena de cárcel por otro caso. La etiqueta, de aplicación inmediata, no solo prohíbe estas entidades y fulmina las esperanzas de sus miembros de participar como candidatos independientes en las próximas elecciones parlamentarias de septiembre; también, y acompañada de un nuevo marco legal más represor aprobado en los últimos meses y diseñado casi a medida, abre la vía para la enésima y más dura persecución judicial contra los aliados de Navalni, los empleados de sus organizaciones, sus simpatizantes activos y hasta sus donantes. Pueden enfrentarse ahora a penas de más de una década en prisión y cuantiosas multas. El abogado principal del caso, Ivan Pavlov, ha anunciado que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Navalni, el crítico más feroz contra el Kremlin, y sus aliados denuncian que el proceso que liquida sus organizaciones tiene como objetivo silenciarles y borrarles del mapa político ruso. Pese a eso, ha recalcado el opositor este miércoles en una publicación en Instagram enviada a través de su equipo desde prisión, su lucha por otra Rusia seguirá ahí, activa. “No somos un nombre, ni un trozo de papel, ni una oficina. Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, por lograr unos tribunales justos e igualdad de todos ante la ley. Hay millones de ellos”, dicho el disidente, “y no iremos a ninguna parte”.

Navalni está en prisión, condenado a dos años y ocho meses por vulnerar los términos de la libertad condicional de un caso antiguo ―y polémico— mientras estaba en Alemania recuperándose del gravísimo envenenamiento que sufrió el pasado verano en Siberia y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin. Aprovechando su encierro, las autoridades rusas se han afanado por erradicar a sus aliados, perseguir y disuadir a sus partidarios y fulminar a cualquier voz disidente y opositora ―política, social o mediática— antes de las cruciales elecciones legislativas de septiembre.

La decisión de este miércoles de declarar “extremistas” a estas organizaciones, y que ha llegado tras más de 12 horas de vista que se ha prolongado hasta bien entrada la noche, implica su total ilegalización. Aunque en previsión, y ante el temor a nuevos procesos —y después de que la Fiscalía suspendiera de forma cautelar sus operaciones—, los aliados de Navalni decidieron a finales de abril cerrar la fundación (creada en 2011), que ya había sido declarada “agente extranjero” el año pasado —otra traba legal y económica para operar—. También clausurar las oficinas que el movimiento político vinculado al opositor había forjado en más de 40 ciudades de Rusia; desde Vladivostok hasta Kaliningrado.

Navalni, uno de los enemigos políticos más visibles del presidente ruso, Vladímir Putin, jamás logró registrar un partido político, pero a través de su fundación y de las potentes y mediáticas investigaciones sobre la corrupción de la élite política y económica rusa sí tejió una malla de oficinas y delegaciones, inédita en la “democracia controlada” rusa y muy activa en la política local que ha conseguido impulsar protestas multitudinarias contra el Kremlin. Acorralados, el plan de muchos de los aliados de Navalni pasó a ser el activismo independiente. Algunos, como su número dos Lybov Sobol, aspiraban a presentarse como independientes en las parlamentarias de otoño.

El caso ha sido juzgado con pruebas declaradas secretas a puerta cerrada (y custodiada por ocho policías) y los jueces no han permitido el testimonio de Navalni por videoconferencia desde prisión. En el juicio, la Fiscalía Superior de Moscú ha acusado a las entidades vinculadas a Navalni de estar “coordinadas” por centros extranjeros que llevan a cabo “acciones destructivas” contra Rusia y organizar protestas para derrocar al Gobierno; también al llamado “cuartel general de Navalni” (el movimiento político) de “implicar” en ello a menores.

Este miércoles, la Fiscalía acusó a los asociados de Navalni de ir “más allá de las críticas al Gobierno”, según la transcripción publicada por el equipo de abogados del opositor. “Están sacando a la gente a la calle para cambiar el Gobierno por la fuerza”, añadió.

La lista rusa de “organizaciones extremistas” incluye grupos de ultraderecha, organizaciones islamistas, pero también a los testigos de Jehová, por ejemplo, que se enfrentan a la persecución y a condenas en todo el país. La etiqueta se ha convertido, según las organizaciones de derechos civiles, en una fórmula más de represión y una herramienta para silenciar a la disidencia.

La designación y condena de este miércoles contra las entidades vinculadas al destacado líder opositor corta la trayectoria política de sus aliados y les condena prácticamente al ostracismo gracias una nueva ley rubricada por Putin hace unos días, que prohíbe participar en las elecciones durante cinco años a cualquier persona que haya tenido relación con una “organización extremista” —no solo a sus líderes o miembros, también a quienes hayan dado apoyo financiero, “organizativo, metodológico, consultivo”— hasta tres años antes de haber sido etiquetada así e ilegalizada.

La oposición y la disidencia, acorraladas

La decisión de este miércoles, que da la estocada final a las entidades de Navalni y a sus aliados, se produce en uno de los puntos más álgidos de las maniobras represivas del Kremlin contra la disidencia. Y puede elevar aún más la tensión entre Rusia y Occidente en vísperas de la histórica cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Joe Biden, prevista para dentro de una semana en Ginebra (Suiza) y en la que está sobre la mesa entre otros graves asuntos el caso Navalni.

El Kremlin niega que esté llevando a cabo una campaña contra la oposición, pero el golpe contra las organizaciones de Navalni forma parte de una amplia estrategia represiva del Gobierno ruso contra la disidencia, señala Rachel Denber, directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. En los últimos meses, las autoridades han iniciado nuevos registros y detenciones contra opositores y activistas críticos con el Kremlin, que llegan acompañados de nuevas leyes que atenazan aún más a las organizaciones sociales. También otra oleada de casos contra medios independientes.

El activista Andrei Pivovarov, hasta hace poco —cuando ordenó su disolución para tratar de evitar el procesamiento de sus miembros— director de Rusia Abierta, una organización civil opositora fundada por el oligarca exiliado Mijaíl Jodorkovski, lleva en prisión preventiva más de una semana; está acusado de colaborar con una organización “indeseable” —etiqueta impuesta a Rusia Abierta— un delito penal. El exdiputado liberal Dmitri Gudkov, que aspiraba a presentarse a las legislativas como independiente —su formación, el Partido de los Cambios no ha logrado registrarse—, fue detenido también la semana pasada y declarado sospechoso en un caso de delitos a la propiedad que denuncia como “inventado”. El lunes decidió salir de Rusia ante el temor de acabar entre rejas.

Incluso el líder de grupo de abogados que defiende a las organizaciones vinculadas a Navalni, Ivan Pavlov, está procesado. Pocos días después de empezar a ocuparse de la causa por extremismo y tras recalcar que trataría de revelar la mayor cantidad de información posible sobre el caso, pese a que las pruebas han sido declaradas secretas, el conocido letrado, que encabeza Equipo 29, una destacada organización que trabaja con casos de libertad de pensamiento, expresión y sobre la seguridad del Estado, fue acusado de revelar información clasificada de otro proceso de alto nivel, el que se desarrolla contra el periodista de investigación, Iván Safronov, acusado de espiar para la OTAN.