La Cámara de Representantes de EE UU aprueba una gran reforma electoral para ampliar el acceso al voto

La batalla sobre el acceso al voto, que subyace en todas las elecciones estadounidenses, ha vuelto a comenzar en el Congreso de Estados Unidos. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes ha aprobado, pasadas las once de la noche de este miércoles en Washington, la que sería la mayor reforma electoral en una generación si logra la luz verde en el Senado, algo aún complicado. Toda la bancada republicana ha votado en contra de la propuesta que modifica múltiples aspectos del sistema: contrarresta alguna de las últimas limitaciones al sufragio impulsadas desde Estados republicanos, restringe el dibujo partidista de los distritos congresionales e introduce más transparencia a la financiación de campañas, entre otras medidas.

El proyecto de ley ha salido adelante con 220 votos a favor y 210 en contra (republicanos y un demócrata de Mississippi). En 2019 otra reforma demócrata vio también la luz en la Cámara baja, pero se dio de bruces con un Senado controlado por los republicanos. Ahora los demócratas cuentan con una mayoría de facto en la Cámara alta (están igualados 50-50 con la oposición, pero la vicepresidenta, Kamala Harris, tiene voto de desempate), si bien aún no disponen de los 60 necesarios, según las normas. Muchos demócratas piden cambiar las normas para que solo se requiera una mayoría simple.

Esta vez, el debate tiene lugar en un contexto muy espinoso, con el fresco recuerdo del asalto al Capitolio por una turba de seguidores de Donald Trump que sostiene, sin base, que las elecciones fueron robadas. La votación de esta noche, de hecho, ha tenido lugar después de una jornada especialmente larga porque la Cámara baja decidió cancelar la sesión del jueves debido a la alerta de la policía sobre un posible ataque.

En Estados Unidos, cada Estado tiene sus propias normas sobre los requisitos necesarios para poder votar, en persona o por correo, el día de los comicios o de forma anticipada. Tradicionalmente, los republicanos han tendido a imponer restricciones argumentando la necesidad de frenar irregularidades, si bien todas esas limitaciones se traducen en una menor participación de las minorías, menos inclinadas a votarles. Las autoridades pueden, por ejemplo, requerir una justificación para permitir el voto por correo o pueden obligar a votar ante notario.

En las presidenciales de noviembre, a consecuencia de la pandemia, más de la mitad de los territorios flexibilizaron sus normas para favorecer los sufragios anticipados y a distancia, lo que hizo posible ese récord de casi 160 millones de votantes y dio alas a la campaña de bulos por parte de Trump y sus acólitos sobre un supuesto fraude masivo en las urnas. Tras la derrota, varios territorios cambiaron las reglas de juego para dificultar el voto. Iowa, por ejemplo, ha impulsado una legislación para reducir el plazo del voto anticipado de 29 a 18 días (hace un año ya lo recortaron desde 40 días) y previno a las autoridades locales de instalar más lugares de voto para facilitarlo. En la Cámara legislativa de Georgia, otra normativa permite que los condados prohíban el voto anticipado los domingos, que es cuando las personas negras votan más a menudo.

Con el control de la Cámara baja, los demócratas han movido ahora ficha. El proyecto de ley, titulado “Ley para el pueblo”, busca sentar unas reglas de juego iguales en todo el país en cuanto al acceso al voto. Estas fijan un plazo de al menos 15 días de voto anticipado para los comicios de ámbito federal, restablecen el derecho a voto para los convictos que hayan cumplido sus sentencias y consagran una de las grandes novedades que introdujeron muchos Estados en 2020, que no haya que justificar el voto anticipado. Además, obliga a los Estados a registrar automáticamente para el voto a los ciudadanos con derecho.

Otros cambios tienen que ver con la financiación (eleva las exigencias de transparencia y control), con las plataformas tecnológicas (deben hacer pública la información sobre los anuncios políticos) y obliga a los candidatos presidenciales a hacer públicas sus declaraciones de la renta. Esto último es una tradición, pero no un mandato, y Trump lo rompió.

En 2019, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rehusó incluso programar el voto sobre la reforma impulsada por los demócratas. Ahora, con el juego de llaves en sus manos, los demócratas sí pueden imponer el voto, pero buena parte de ellos no ven con buenos ojos cambiar esa norma para rebajar de 60 a 51 la mayoría necesaria de la Cámara alta. Es otra batalla por el voto.