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Trump se despide de la presidencia con un récord de ajusticiamientos de presos federales

Un juez de Indiana suspende la ejecución de la primera mujer en 70 años en EE UU

María Antonia Sánchez-Vallejo
Lisa Montgomery, cuya ejecución está prevista este martes, en el Centro Médico Federal de Fort Worth, en una imagen sin datar.
Lisa Montgomery, cuya ejecución está prevista este martes, en el Centro Médico Federal de Fort Worth, en una imagen sin datar.Reuters (Reuters)

La orden de ejecución de seis penas de muerte en tiempo de descuento deja tras Donald Trump una estela de sangre. La presidencia del republicano muere matando, con un récord siniestro sin precedentes en periodo de relevo de poder. Aunque suele ser competencia de los Estados, esta semana estaba previsto que tres presos federales fueran ejecutados en Terre Haute (Indiana), si las peticiones de clemencia y la movilización de activistas y ONG no lograban impedirlo, lo que elevaría la cifra a 13 en menos de un año. De los tres casos, había uno especialmente estremecedor: el de Lisa Montgomery, la primera mujer que iba a ser ejecutada, este martes, por el Gobierno federal desde 1953; un caso lleno de aristas en el que la condenada aparece como una víctima del infortunio. A petición de sus abogados, un juez de Indiana ha suspendido la aplicación de la condena pocas horas antes de expirar el plazo.

Una inyección letal de pentobarbital en la penitenciaría de Terre Haute —la única prisión federal que dispone de una sala de ejecuciones operativa— iba a acabar esta noche con la desdichada vida de Montgomery, de 52 años, que en 2004 asesinó a una mujer encinta de ocho meses para rasgarle el vientre y quedarse con su bebé, que sobrevivió. Fue un crimen horripilante, a la altura de la torturada trayectoria vital de la asesina. Un cúmulo de enfermedades mentales y décadas de abyecciones por parte de su madre y las parejas de esta empujaron aquel día de diciembre a Montgomery a casa de Jo Stinnett, de 23 años, con quien había contactado en Internet y a quien quería comprar un cachorro de terrier. Stinnett murió desangrada.

Los abogados de Montgomery y los activistas y organizaciones contra la pena de muerte —entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como 41 fiscales retirados y en activo— reclamaron clemencia al considerar que la mujer es una enferma mental víctima de su pasado; los allegados de la joven asesinada aplaudían la ejecución, demasiado reciente su muerte como para haberse enfriado los ánimos. El repaso a la vida de Montgomery hiela la sangre; la violencia como rutina cotidiana en la casa que compartía con su medio hermana, que corrió mejor suerte y fue entregada en adopción. Porque los abusos físicos, psicológicos y sexuales venían de la madre, Judy, y de sus novios. Judy llegó a prostituir a Lisa a cambio de chapuzas domésticas gratis, por no hablar de la violación sistemática, seguida de palizas y todo tipo de torturas, como orinarle encima, que sufrió por parte del segundo marido de su madre antes de llegar a la adolescencia.

Cuando Montgomery llegó al pequeño pueblo de Skidmore (Misuri) desde su Kansas natal, provista de una cuerda para estrangular a su víctima, era una mujer rota en pedazos. Según sus abogados, en el momento del crimen sufría un brote psicótico que le había hecho perder el contacto con la realidad. En prisión, le ha sido diagnosticado un largo historial de trastornos que empezaron antes de nacer, el síndrome alcohólico fetal, y al que luego se sumaron un daño cerebral irreversible a consecuencia de las palizas, síndrome de estrés postraumático —de niña, su madre le tapaba la boca con cinta adhesiva y la arrojaba desnuda a la nieve— y trastorno bipolar y disociativo.

La vida de Lisa era un hilván de jirones cuando se casó con un hermanastro cruel y violento, tuvo cuatro hijos, volvió a ser víctima de abusos y torturas, y fue esterilizada. Para entonces ya vivía en un mundo paralelo, obsesionada con los niños, como el bebé arrancado del vientre de su madre al que la policía la encontró acunando, convencida de haberlo parido. A su historial psiquiátrico se suma la negligencia de las autoridades, que pese a ser informadas de los abusos en, al menos, dos ocasiones no fueron capaces de protegerla.

El historial de horrores parece haber sido capaz de frenar su ejecución, tras la última apelación de urgencia de sus abogados, este viernes. No en balde una sentencia del Supremo estableció en su día que ejecutar a “dementes” es inconstitucional. Solo el 55% de los estadounidenses consideran hoy, según una encuesta de Gallup, que la pena capital es el castigo adecuado para un asesino, el apoyo más bajo de la historia. Lisa Montgomery se ha salvado este martes in extremis de la inyección letal, de ser el cuarto preso federal ejecutado desde noviembre. Hasta julio pasado, no se había ejecutado a ningún reo federal en 17 años, un récord al que puso término el ritmo impreso por la Administración de Donald Trump, responsable del mayor número de ejecuciones en cien años, y contrario a la tendencia a la baja apreciable en los Estados. El presidente electo, Joe Biden, ha prometido acabar con la aplicación de la pena de muerte.

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