Las víctimas de ‘falsos positivos’ piden excluir de la justicia transicional al exjefe del Ejército de Colombia

Mario Montoya fue comandante del Ejército en los años en que se produjeron la mayoría de los casos de falsos positivos, el eufemismo con que se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas militares. Por eso las expectativas por su comparecencia esta semana ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano, era enorme. Sin embargo, las víctimas consideraron que su presentación fue un golpe bajo a sus esperanzas de acceder a la verdad.

El general en retiro había sido mencionado por víctimas y algunos uniformados en hechos relacionados con el caso 03 –“muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”– y durante una audiencia reservada este miércoles y jueves debió responder las preguntas de los magistrados que contrastan las versiones.

Sus respuestas, sin embargo, lejos de aliviar a las 47 víctimas que estuvieron presentes, les causaron rabia. Como aquel momento en que la magistrada le pregunta al general qué hacer para que esos hechos no se repitan. “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”, responde Montoya, según la transcripción de la audiencia, consultada por EL PAÍS y corroborada con testigos presenciales.

Para Jaqueline Castillo, cuyo hermano fue una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Soacha, en la periferia de Bogotá, es una respuesta indignante. “En el momento que ellos planearon los falsos positivos para sacar beneficios, medallas o ascensos no les importaba que los soldados fueran lo peor. Pero ahora, para limpiarse las manos, sí consideran que lo que hicieron los soldados, que según dijo son personas que no se saben comportar, sí fue algo sucio. Eso es ser miserable, ese señor tiene que ir a la Corte Penal Internacional”, opinó visiblemente ofendida, como muchas otras víctimas que le solicitaron a la JEP que expulse al general de ese tribunal.

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Los familiares de víctimas ven en sus palabras la clara estrategia de plantear que se trató de unos soldados díscolos para diluir así la responsabilidad de la cadena de mando, que es uno de los temas más sensibles que debe probar la JEP. “Vivimos momentos de tensión y dolor. Por qué tiene que estar menospreciando a las personas de clases bajas. Si así se refiere a los soldados qué podemos esperar nosotras, las madres, si nos han tratado a nuestros hijos de delincuentes”, dijo a este diario Cecilia Arenas, cuyo hermano fue víctima de un falso positivo admitido por tres soldados.

Tras la firma del acuerdo de paz, que creó el tribunal, 162 militares —entre soldados y generales— han acudido voluntariamente a contar su versión sobre la participación en este caso. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Montoya fue el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Entre 2002 y 2008, según la Fiscalía, se cometieron 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes.

En principio, Montoya dijo que guardaría silencio. Pero lo recordaron su obligación de aportar verdad y que el incumplimiento de esos compromisos tiene como consecuencia la pérdida de los beneficios especiales que otorga este tribunal. El general en retiro respondió, entonces, cada una de las preguntas de los magistrados e insistió en diferenciar entre subordinados y subalternos. Sobre estos últimos dijo “si bien son integrantes de la Fuerza, no tenían comunicación ni órdenes directas del comandante del Ejército, recibían órdenes y comunicaciones de sus respectivos comandantes”.

Sin embargo, otros uniformados que han rendido versiones voluntarias ante la justicia han mencionado que eran presionados por “bajas”, como se conoce a las muertes en el argot de la guerra. Sobre eso, una vez más, recurrió a la figura de subordinados. “Conocido el contenido de las versiones voluntarias observo con extrañeza que a los comparecientes de manera insistente y reiterada se les ha preguntado por mi desempeño como comandante del Ejército, a pesar de que ninguno tuvo funciones como mi subordinado”.

También le indagaron por un top 10 de operaciones, según el cual se clasificaba las unidades militares que más resultados tuvieran, y le cuestionaron de nuevo la presión de su parte. “Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar”, respondió. Ese fue otro de los puntos polémicos, como denunció en Twitter José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, quien recordó que sí existe un documento en el que Montoya habla de bajas. “El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas. Así lo comprueba un documento militar de abril de 2006, llamado Políticas del señor mayor general Mario Montoya. El texto señala que ‘los comandantes se evalúan por sus resultados’. Además, el general aclara con una franqueza brutal: ‘las bajas no es lo más importante, es lo único’”.

Molestas por las declaraciones del general, las víctimas se abstuvieron de preguntar y pidieron que su caso sea enviado a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que lo excluyan de la jurisdicción. “A juicio de las víctimas el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional. Dicha solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento”, informó el tribunal de paz que seguirá en su labor de contrastar versiones. Excluir a Montoya puede alejar aún más a las víctimas de la verdad, y ellas lo saben. “Sabemos que afectaría muchísimo, pero que él no está aportando a la verdad”, dice Arenas, que resume los días de la audiencia como una enorme decepción.

Hasta el momento el tribunal ha escuchado 215 versiones de militares. Montoya no ha sido el único general, aunque sí el del mayor cargo. Otros tres han hablado ante los magistrados y el tribunal llamará a rendir versión a otros cuatro generales para desentrañar las ejecuciones extrajudiciales que se han convertido en uno de los mayores escándalos del Ejército de Colombia.