El fiscal general de Israel pide el procesamiento de Netanyahu por corrupción a un mes de las elecciones

En un paso que amenaza con poner fin a la carrera del primer ministro que durante más tiempo ha gobernado en Israel, el fiscal general, Avichai Mandelblit, ha presentado este martes una petición de procesamiento por corrupción contra Benjamín Netanyahu ante un tribunal de Jerusalén. La decisión se produce pocas horas después de que el jefe del Gobierno hubiese renunciado a la inmunidad, ante la votación prevista este mismo martes en la Kneset (Asamblea legislativa) para retirarle la protección parlamentaria con el voto mayoritario toda la oposición.

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Cuando solo quedan cuatro semanas para que los israelíes voten en las terceras elecciones legislativas que se suceden en menos de un año, la historia se acelera en Oriente Próximo en un damero de estrategia política y poder territorial de consecuencias imprevisibles. En la misma jornada en la que Netanyahu tiene previsto asistir en la Casa Blanca a la presentación del plan de paz del presidente Donald Trump, considerado de antemano como la propuesta más favorable para los intereses de Israel en toda la historia del conflicto entre israelíes y palestinos, la oposición, la justicia y los líderes palestinos están redoblando sus acciones para poner término a una larga década de hegemonía política.

El fiscal general Mandelblit, que fue nombrado por Netanyahu después de haber ejercido como asesor legal de su Gobierno, no ha vacilado en presentar ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén el pliego de cargos que hizo público el pasado 21 de noviembre, en el que imputaba al primer ministro en tres casos de corrupción por soborno, fraude y abuso de poder. Este trámite legal pone en marcha el procesamiento penal de Netanyahu, quien sin embargo no está obligado a dimitir mientras no haya sentencia firme del Supremo en su contra, en un procedimiento que puede demorarse varios años antes de su eventual encarcelamiento. Para el líder del Likud las acusaciones de la fiscalía obedecieron a “un intento de golpe de Estado” para apearle del poder sin pasar por las urnas.

Mientras el jefe del Gobierno seguía en Washington a la espera de que se conozca el contenido del llamado acuerdo del siglo, en el que la Administración Trump ha trabajado los últimos tres años, la Kneset se aprestaba a votar la constitución del comité que examina las peticiones de inmunidad parlamentaria. Esta comisión de asuntos internos de la Cámara no se había podio formar a causa de los tres procesos electorales que se suceden en Israel desde hace más de un año, con dos comicios de resultados no concluyentes, en abril y septiembre del año pasado, y una nueva repetición electoral convocada para el 2 de marzo.

“Todo esto [la votación parlamentaria de petición de inmunidad] está en línea con la campaña ‘cualquiera menos Bibi [su apodo familiar]’ en marcha”, escribió el mandatario en Facebook para anunciar que renunciaba a pedir la inmunidad, al tiempo que aseguraba a sus partidarios que iba a ser absuelto de todos los cargos. “En lugar de estar por encima de las consideraciones políticas ante la seriedad del momento histórico”, argumentó en alusión al plan de paz de Trump, “otros siguen dedicándose al politiqueo fácil”.

Nada más regresar de Washington, donde también se reunió el lunes con el presidente de EE UU, su principal rival en las urnas, el centrista Benny Gantz, desveló cuál va a ser el eje central de su campaña a partir de ahora: “Netanyahu va a ser procesado. Los israelíes tienen que elegir: nadie debe poder dirigir el Gobierno mientras afronta tres graves acusaciones criminales”.

El desgaste de imagen que inevitablemente acarreará sur procesamiento por un tribunal amenaza con privarle de votos en el bloque conservador y reforzar las expectativas del centroizquierda, a la que los sondeos ya asignan ventaja, aunque sin una clara mayoría “Lo mejor que puede hacer es ocuparse de sus problemas legales”, apostilló Gantz, ex general jefe del Ejército, en una nueva invitación para que Netanyahu –que se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión–  abandone de una vez la carrera por el poder.