La inestabilidad de la frontera entre Colombia y Venezuela se recrudece en medio de la pandemia

La frontera entre Colombia y Venezuela es una tormenta perfecta en la que proliferan grupos armados, narcotráfico y contrabando. El descontrol de ese territorio de 2.219 kilómetros, con apenas ocho pasos fronterizos y decenas de caminos informales, se agravó durante la pandemia de coronavirus y profundiza el deterioro de los derechos humanos de sus habitantes. En los 24 municipios colombianos que lindan con el país vecino han sido asesinadas este años casi 500 personas, 24 fueron ejecutadas en matanzas colectivas, casi 1.400 tuvieron que desplazarse y se registraron al menos 13 secuestros. Las cifras de la situación de la violencia del lado venezolano son, en cambio, una incógnita, puesto que las autoridades no proporcionan información al respecto.

Este es el panorama que dibuja la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), un organismo colombiano especializado en seguridad y dinámicas de violencia, en un informe publicado este martes. El avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país andino, es una de las claves de este círculo perverso. Esta organización insurgente “busca fortalecer su presencia en ambos lados de la frontera, considerando las ventajas de movilidad, rentabilidad de las economías ilegales y el lugar estratégico militar que ofrece esta zona”, señala Pares. “Como parte de este plan, el ELN aprovechó tres elementos fundamentales que favorecieron su expansión. El primero es el paro armado que este grupo declaró en el mes de febrero de 2020, en el que se registraron 31.740 personas víctimas de confinamiento en Norte de Santander. El segundo, el aislamiento obligatorio producto de la pandemia por covid-19, periodo durante el cual realizó avances militares y recrudeció el control social violento”, explica la organización. El tercer factor es “la fuerte arremetida que las fuerzas militares de Venezuela han desplegado en territorio fronterizo contra grupos vinculados al paramilitarismo o herederos de este, tal como son Los Rastrojos y, también, contra Los Pelusos o el Ejército Popular de Liberación”.

Durante la emergencia sanitaria, además, como consecuencia de las férreas medidas de aislamiento decretadas tanto por Bogotá como por Caracas en este territorio “se ha profundizado la carencia y dependencia económica”. “El estricto confinamiento en Cúcuta [la principal ciudad fronteriza] agravó la situación local, dejando sin trabajo a parte importante de las poblaciones de Ureña y San Antonio. Además, en este momento han arribado a territorio colombiano un número importante de retornados, que han sido retenidos en la frontera o que han cruzado por los pasos ilegales. Esto ha producido distintos problemas en la zona, como la intensificación de la crisis sanitaria y el aumento de la violencia en su contra por parte de autoridades y grupos armados”, continúa la Fundación Paz y Reconciliación.

A este horizonte de inestabilidad se suman las dificultades estructurales generadas por un flujo migratorio sin precedentes. Entre 2012 y 2020, casi 2,8 millones de venezolanos han ingresado en Colombia, según datos oficiales, a los que hay que añadir los desplazamientos pendulares diarios, en su mayoría fuera de control. “La población migrante venezolana, en teoría, cuenta con acceso a derechos básicos de atención social”, describe Pares. “Sin embargo, en la praxis, no encuentra garantías en los servicios sociales en materia de protección, acceso a salud, educación, o empleo, en Colombia. Esto ha ocasionado que, desde finales del 2019, hayan ido retornando a territorio venezolano”, apunta el informe. Y es precisamente la precariedad económica uno de los elementos que agrava el cuadro general de inestabilidad. “La falta de oportunidades o empleo formal es aprovechada por estructuras armadas ilegales que terminan convenciendo a la población migrante de participar en economías ilícitas, o en el peor de los casos, los convencen de ingresar a sus filas”, aseguran los investigadores.

El departamento de Norte de Santander es el territorio más golpeado y disputado por las mafias dedicadas al narcotráfico. “Además del tráfico de drogas, se caracteriza por la producción de clorhidrato de cocaína, teniendo en su territorio una de las mayores concentraciones de cultivos de coca del país, particularmente concentrada en la subregión del Catatumbo [...], lo que lo distingue del resto de departamentos fronterizos analizados en este documento, como La Guajira y Arauca en los que no se reportan presencia de este tipo de cultivos”, denuncia Pares, que se remite al último balance de Naciones Unidas.