El año decisivo de la Comisión de la Verdad en Colombia

A Colombia le ha costado un esfuerzo extraordinario doblar la página de la violencia. Después de haber sufrido más de medio siglo de un conflicto que involucró a guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales, el país se asoma a la dolorosa –y ojalá reparadora– verdad de la guerra. La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las FARC, concluye en 2021 su mandato con un informe final que busca dignificar a las víctimas y arrojar luces sobre la barbarie de los actores armados. Ese esperado hito, sin embargo, ha tenido que sortear numerosos obstáculos y aterrizará cuando el relato sobre los enfrentamientos en el país sudamericano todavía es motivo de disputa.

La irrupción de la pandemia del coronavirus trastocó la agenda política y ralentizó distintos aspectos de la implementación de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un pacto arduamente negociado que aún agita el debate público. Aunque fue elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, al presidente Iván Duque le corresponde cumplir un acuerdo que cuenta con el sólido respaldo de la comunidad internacional.

En medio de las formidables dificultades que ya enfrentaba, la inédita emergencia sanitaria ha afectado en particular el mandato de la Comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, que inició el domingo pasado el último de sus tres años de labores. A finales de 2021 debe presentar su informe final mientras en muchas regiones la violencia se ha recrudecido, con grupos armados que han copado el vacío que dejó el desarme de las FARC, hoy convertidas en un partido político con bancada en el Congreso. Con más de dos años en el poder, el Gobierno Duque ha sido incapaz de detener el incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes que firmaron la paz, lo que ensombrece el panorama.

“La Comisión de la Verdad es el punto culminante de todo un proceso de búsqueda y de producción de verdad en la escena nacional, que tiene antecedentes directos de estudios de violencia, de trabajos de memoria de las comunidades y del mundo académico”, entre otros, apunta Gonzalo Sánchez, quien dirigió durante años el Centro Nacional de Memoria Histórica y hace parte de un comité asesor de la Comisión. Sin embargo, señala que dado que se trata de una institución surgida de los acuerdos, “hay una carga de expectativa sobre ella demasiado fuerte que no tuvieron ninguno de los otros actores de producción de memoria”.

La Comisión ha tenido que navegar en medio del clima de confrontación ideológica que ha caracterizado al país desde la firma de los acuerdos. Su misión es identificar y comprender los hechos de violencia más graves, con el foco en los patrones que se repitieron, de modo que su trabajo de campo ha incluido recoger testimonios en recónditas veredas, territorios étnicos y resguardos indígenas de la Colombia profunda. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social provocadas por la crisis sanitaria limitaron ese despliegue territorial.

“Veníamos en una muy buena dinámica de escucha, habíamos tomado buen ritmo, cuando se nos atravesó la pandemia. Obviamente tomó tiempo trasladar el trabajo en clave virtual. Nos hemos venido ajustando”, relata el comisionado Alejandro Valencia. “Lo presencial es central en este trabajo, eso es lo que genera más confianza”, señala. En un primer momento, la entidad modificó su cronograma para privilegiar el estudio documental en lugar de los diálogos y encuentros que venía organizando. Pero después retomó esos espacios, apoyada en la virtualidad y con eventos semipresenciales. Los actos de reconocimiento y convivencia que juntan a victimarios con víctimas en diálogos profundos y humanos han avanzado a pesar de las limitaciones, pero el volumen de información es enorme, mientras el tiempo que resta para procesarla, decantarla y escribir el informe final es corto.

La Comisión ha tenido que superar el fallecimiento de dos de sus once comisionados, que incluyen periodistas, víctimas, defensores de derechos humanos y académicos escogidos entre casi 200 candidatos. A finales del año pasado murió el periodista y sociólogo Alfredo Molano, y en agosto, por coronavirus, la lideresa afro Ángela Salazar. “Ángela y Alfredo tenían una presencia ética y moral muy fuerte entre nosotros, y su ausencia genera traumatismos”, señala la comisionada Marta Ruiz. “Cada ser humano en su experiencia es irreemplazable”, valora.

Los dos comisionados fallecidos se distinguían por estar muy conectados con las comunidades. Los relevos, más allá de sus méritos, se incorporaron en plena pandemia con las labores en marcha. A Molano lo reemplazó el antropólogo Alejandro Castillejo, y a Salazar, Leyner Palacios, uno de los líderes sociales más representativos de las comunidades negras. Sobreviviente de la masacre de Bojayá, donde perdió 28 familiares en mayo de 2002, Palacios fue distinguido el miércoles con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. En las últimas semanas, otros cuatro comisionados han superado quebrantos de salud, uno de ellos también contagiado por covid.

La experiencia de otras comisiones en el mundo muestra que su resultado no deja satisfechos a todos los sectores. En el caso colombiano, el informe se divulgará en el ambiente previo a las elecciones presidenciales de mayo del 2022, en la que será previsiblemente otra campaña de alta polarización. “No podemos desconocer que se da en un contexto político particular”, reconoce Valencia. “Esperamos que los hallazgos que establezca la Comisión sean lo suficientemente significativos, e incluso ojalá hagan parte de la agenda política de esa campaña y del próximo mandato presidencial”.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, su nombre formal, es una entidad de carácter extrajudicial, pero trabaja en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que funcionará por un periodo de 15 años –prorrogable por otros cinco–. La recta final de sus labores coincide con un momento en que se acelera el reconocimiento de los crímenes de la guerra. En los últimos meses, los exguerrilleros han admitido, entre otros, el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y dos atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al que pidieron perdón. “Es un proceso de poner luz en un campo de niebla”, apunta la comisionada Ruiz, que suele recordar una frase del Nobel de Paz sudafricano Desmond Tutu: la verdad duele, pero el silencio mata.