Fabián Gutiérrez: un asesinato que profundiza la brecha política en Argentina

El cuerpo de Fabián Gutiérrez, de 46 años, apareció el sábado enterrado en una casa de El Calafate, la localidad patagónica donde residía. Estaba envuelto en una sábana, con signos de tortura y cortes el cuello. La policía detuvo ese mismo día a cuatro personas, todos jóvenes de familias acomodadas de la zona. Gutiérrez no era un personaje desconocido en Argentina. Durante dos años fue secretario personal de Cristina Fernández de Kirchner. En 2010 renunció, peleado con su jefa, y en 2018 quedó detenido por corrupción. Se convirtió entonces en testigo arrepentido y denunció presuntas comisiones ilegales cobradas los Kirchner. Su muerte violenta enrareció aún más el clima político que enfrenta al gobierno del peronista Alberto Fernández y la oposición macrista, en pleno proceso de reorganización tras la derrota electoral del año pasado.

Gutiérrez se relacionó con Néstor Kirchner en 1995, cuando el futuro presidente iniciaba su segundo mandato como gobernador de la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina. Pronto fue su hombre de confianza, y en 2003 acompañó a su jefe político a la Casa Rosada. Kirchner encomendó a Gutiérrez que acompañase como secretario a su esposa, la senadora Cristina Fernández. La relación se cortó dos años después, cuando el secretario pegó un portazo harto, según dijo, de los maltratos de su jefa. El tiempo pareció apagar los rencores porque en 2007, cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia, recuperó el puesto.

La situación económica de Gutiérrez mejoró notablemente con su nuevo empleo. Creó la empresa Patagonia Gourmet, obtuvo una franquicia de la marca Havanna, abrió una agencia de autos de alta gama en la Buenos Aires y se construyó una mansión de 800 metros cuadrados en El Calafate, el pueblo turístico que es refugio de la expresidenta.

Gutiérrez rompió una vez más con Cristina Kirchner en enero de 2010. Se dedicó entonces a sus negocios personales, con un pie puesto en el lujoso barrio de Puerto Madero de Buenos Aires y otro en el sur argentino. En 2018, la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció que los bienes del secretario de la actual vicepresidenta se habían multiplicado por quince en ocho años.

De perfil bajo, buen trato y aire informal, Gutiérrez supo mantenerse siempre entre bambalinas. Hasta que en 2018 alguien mencionó su nombre ante un juez. El exsecretario de Obras Públicas de Cristina Fernández, José López, fue atrapado por la policía cuando intentaba esconder en un convento bolsos con nueve millones de dólares. López dijo en su defensa que la plata no era suya y que movía los bolsos por orden de Gutiérrez.

El exsecretario quedó detenido y canjeó su testimonio como arrepentido por beneficios judiciales. Su nombre se sumó a la llamada “causa de los cuadernos”, por las anotaciones a mano que durante años realizó un chófer del poder con detalles de presuntos movimientos de dinero negro. Gutiérrez contó entonces que el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, solía viajar desde Buenos Aires a Santa Cruz con mochilas con candado, habló de pesados bolsos manejados con sigilo y de una puerta en la casa de los Kirchner en la Patagonia a la que tenía vedado el paso. Aclaró que nunca había visto el dinero, pero dijo al juez que estaba convencido de que esa era la carga que movía Muñoz.

El asesinato puso otra vez a Gutiérrez en la agenda pública. Las primeras investigaciones apuntaron a una relación entre víctimas y victimarios que derivó en un intento de chantaje que se salió de control. El lunes, la familia presentó al juez pruebas de un presunto “negocio de naturaleza local” del que “alguna persona intentó obtener algún beneficio de Gutiérrez”. Para la oposición al Gobierno, en cambio, se trató de un asesinato “de la mayor gravedad institucional”, dado que la víctima había incriminado a Cristina Kirchner y enfrentaba cargos por lavado de activos.

Alfredo Cornejo, diputado jefe de la UCR, partido centenario que formó parte de la alianza de gobierno de Mauricio Macri, dijo que el país estaba ante un “crimen del poder kirchnerista”. El PRO, la agrupación de Macri, firmó un comunicado en el que pidió que la investigación no quedase en manos de un juez local, al que consideraron afín al kirchnerismo, y pasase a la justicia federal. Desconfían además de la independencia de la fiscal de la causa, Natalia Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz y sobrina de Cristina Fernández de Kirchner. Es además en el fuero federal donde avanzan las investigaciones contra la expresidenta y donde están documentadas las declaraciones de Gutiérrez. Las advertencias opositoras apuntan también

Las denuncias opositoras provocaron la reacción del presidente Alberto Fernández. Dijo que sembrar dudas sobre el crimen de Gutiérrez era “canallesco”, sobre todo “en un momento que la sociedad esta sensibilizada por la pandemia”. Para el presidente argentino, “es incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en algo como el asesinato de una persona”. La única que se ha mantenido en silencio ha sido Cristina Fernández.