La policía dispersa a los manifestantes en Hong Kong en el primer aniversario del inicio de las protestas

Hace un año, cerca de un millón de personas —según los organizadores— se echaron a la calle en Hong Kong, en la que entonces fue la mayor manifestación desde el regreso del enclave a la soberanía china, para reclamar la retirada de una polémica ley de extradición. Aquella manifestación masiva y pacífica marcaría el comienzo de meses de protestas, cada vez más enconadas, que pasaron a exigir reformas democráticas y tener un signo cada vez mayor anti-Pekín. En una muestra de cómo han cambiado las cosas en un año, un intento de conmemorar el aniversario este martes concluyó abruptamente cuando la policía cargó con rondas de gas pimienta para disolver a los centenares de concentrados en el centro de la ciudad.

El 9 de junio de 2019 la marcha convocada por el Frente de Derechos Humanos y Civiles de Hong Kong se desarrolló sin incidentes y con el visto bueno de la policía. Esta vez, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, los agentes, en uniforme antidisturbios, empezaron a disolver a los manifestantes apenas comenzaron a concentrarse en una de las plazas de Central, el corazón financiero del territorio autónomo, con el argumento de que las medidas para evitar la propagación del coronavirus prohíben concentraciones de más de ocho personas.

Hong Kong, advertía este martes la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, no puede permitirse más “caos”. “Todos nosotros podemos ver las dificultades que hemos atravesado este año, y debido a esas serias situaciones tenemos [ahora] más problemas por resolver”, declaró en su rueda de prensa semanal.

Algo tenían en común la marcha del 9 de junio de 2019 y la de ahora: el sentimiento de ahora o nunca, de que el tiempo se agota. Entonces, porque el proyecto de ley contra el que se protestaba tenía prevista a los pocos días su último debate y votación en el parlamento autónomo, y se pensaba que una vez en vigor esa medida actuaría como una gran mordaza psicológica: el miedo era a acabar extraditado, por protestar, al otro lado de la frontera china.

Ahora, el temor es mucho mayor, y palpable en las conversaciones por teléfono o a través de redes sociales con simpatizantes de lo que se ha dado en llamar El Movimiento. Pekín ha aprobado ya sacar adelante una ley de Seguridad Nacional para la antigua colonia británica cuyos detalles aún están en fase de redacción pero que perseguirá el “independentismo, el terrorismo, la subversión y la injerencia extranjera”, conceptos que —alegan sus críticos— puede incluir cualquier comportamiento que desagrade al Gobierno central. La medida, en manos de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino, podría promulgarse antes de final de mes, según algunos medios hongkoneses.

De los centenares de miles que salieron a la calle con carteles y a cara descubierta hace un año, con camisetas blancas —el color original de la protesta—, dando origen a meses de protestas multitudinarias, la convocatoria para este martes solo reunió a unos centenares. Para no alertar a la policía, apenas se había dado a conocer el punto de encuentro una hora antes. Vestidos de negro, llevaban la luz del móvil encendida. La idea era dejar claro que “los hongkoneses no renuncian a las cinco demandas” de las concentraciones del año pasado: sufragio universal, una investigación independiente sobre el comportamiento policial, puesta en libertad de los detenidos y retirada de los cargos, además de la eliminación completa—ya conseguida— del proyecto de ley de extradición.

El encono creciente de aquellas protestas —que gozan de un amplio apoyo popular, según las encuestas, mientras que un tercio de la población está en contra— convencieron a Pekín de la necesidad de tomar medidas de una vez por todas. Los representantes del Gobierno central en el territorio autónomo quedaron reemplazados por funcionarios de línea más dura. El mes pasado puso sobre la mesa la ley de Seguridad Nacional. Los simpatizantes de El Movimiento, ahora, tratan de decidir cuál debe ser la estrategia a seguir, que según algunos de sus representantes tratará tanto de captar la atención internacional como continuar las manifestaciones aunque de manera mucho más fluida; y reducida.

El Gobierno autónomo ha prorrogado hasta el día 18 la prohibición de reuniones de más de ocho personas, aunque se reserva el derecho de prorrogar sucesivamente la medida hasta agosto. Tentativamente, los manifestantes aspiran a celebrar una marcha el día 19, y el Frente que organizó las grandes concentraciones del año pasado ha solicitado convocar una protesta masiva el día 1 de julio, el aniversario del traspaso de la soberanía a manos chinas, en 1997.

En un comunicado, la policía describió el uso de gas pimienta este martes como “la fuerza mínima necesaria para hacer cumplir la ley”. Los manifestantes de esta tarde y noche, ha asegurado, “ocuparon los carriles de tráfico” en dos calles céntricas y “bloquearon el paso con conos”, sin hacer caso de las advertencias de los agentes.

“Estoy asustado, pero necesito protestar contra la ley de Seguridad Nacional. Es importante seguir luchando por las libertades”, declaraba a Reuters Tai, de 25 años, uno de los participantes en la marcha de este martes.