Oír y escuchar en la nueva Colombia
La sociedad lanzó un mensaje a Iván Duque y el presidente tiene en sus manos elegir: atrincherarse o abrir un diálogo de fondo y hacer concesiones
La guerra con las FARC mantuvo atrapada a la sociedad colombiana en un cortocircuito durante décadas. Esa avería fue política, por culpa de una cantidad de tabúes y complejos atribuibles al conflicto armado, y también retórica, porque el terror desfiguró el mismo concepto de diálogo. La violencia no ha desaparecido, en parte se ha reciclado. Sin embargo, las discrepancias, incluso profundas, las reclamaciones y el deseo de paz pueden manifestarse hoy en un clima de normalidad democrática y, por primera vez en el pasado reciente, tienen la capacidad de desbordar a las autoridades. Lo que se vio este jueves en las principales ciudades de Colombia, con la salvedad de una minoría de exaltados y violentos, es una muestra del alcance de un país que tiene nuevas prioridades. De los sindicatos a los estudiantes, pasando por los activistas o cientos de miles de ciudadanos sin intereses concretos que decidieron expresar su malestar.
El paro nacional era una prueba decisiva para la gestión del Gobierno de Iván Duque, que ha recibido críticas de sectores opositores y también de las franjas más derechistas de su propio partido, el Centro Democrático. Los colombianos le lanzaron un mensaje nítido. En definitiva, le trasladaron un aviso, pidiéndole diálogo y concesiones que van de la economía a la política de seguridad. El presidente no pudo no oírlos, no pudo pasar por alto ese cacerolazo masivo que retumbó en Bogotá ya entrada la noche, pero los manifestantes aún no saben si les escuchó de verdad. Él aseguró que sí.
"Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz, y los escuchamos", dijo el mandatario al final de la jornada, poniendo especial énfasis en la condena de los actos de vandalismo. "Somos un Gobierno que escucha y construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia", continuó antes de insistir: "El diálogo social ha sido la bandera principal de este Gobierno. Debemos profundizarlo".
Duque, en efecto, tiene ante sí dos caminos más allá de las declaraciones de intenciones. Puede cumplir esa promesa y optar por la concertación con sectores políticos y sociales diversos, incluso con los que se encuentran muy lejos de su Ejecutivo. O puede acomodarse en un proyecto que, al final de su mandato, corre el riesgo de avivar la desunión de la sociedad —justo lo contrario a lo que se propuso al asumir el cargo— y, al mismo tiempo, parecerá demasiado tibio con el uribismo, el movimiento impulsado por el expresidente Álvaro Uribe.
La actitud de atrincheramiento es probablemente lo más fácil en un contexto político polarizado, que no propicia las negociaciones. Sin embargo, sería también la opción más irresponsable en un país que acaba de salir de una guerra de más de 50 años, con la aplicación de los acuerdos de paz rodeada de dudas, las comunidades indígenas movilizadas, un goteo incesante de muertes de exguerrilleros y líderes sociales. Y un país que, tras décadas de autocensura, no se conforma con protestar y hacerse oír. Quiere ser escuchado hasta el final.
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