Guillermo Botero pierde la batalla de la presión social

La renuncia del ministro de Defensa de Colombia anunciada la tarde de este miércoles es una victoria del clima de presión social que se había generado tras conocerse que ocultó la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Guillermo Botero afrontaba una moción de censura en el Senado, el segundo intento de destituirle en tan solo cuatro meses, y esta vez la oposición logró reunir los votos necesarios para forzar su salida. La dimisión es una forma de evitar una muy probable derrota, pero es también una demostración de que no todo vale. Ya no, al menos.

La decisión se precipitó en las últimas horas, después de que el ministro, uno de los políticos del Gobierno de Iván Duque más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, compareciera para defender ese bombardeo, llevado a cabo en agosto en el departamento del Caquetá. "Fue una operación lícita hecha con toda la rigurosidad del Derecho Internacional Humanitario y con acompañamiento de la Fiscalía", dijo. Poco después, su partido, el Centro Democrático, cerró filas con él, consideró "indispensable" que no abandonara el cargo y desgranó estadísticas sobre sus logros en la lucha contra el narcotráfico. 

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Pero el debate no era ese. Tanto las denuncias presentadas en el Congreso por el senador Roy Barreras como la indignación mostrada durante el día por amplios sectores de la opinión pública tenían que ver con algunos principios fundacionales de una democracia: el respeto a la vida, la transparencia y la proporcionalidad de la fuerza empleada por las autoridades. Colombia acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo con las FARC. Y aunque el Estado no haya resuelto el problema de la violencia, que sigue golpeando especialmente a las comunidades rurales, los líderes sociales y los indígenas, el país está cambiando. La política de Defensa debe tenerlo en cuenta.

Los cuestionamientos a Botero empezaron hace meses tras confirmarse la aplicación de un sistema de incentivos dentro de las Fuerzas Armadas que reavivaban el fantasma de los falsos positivos. Esto es, ejecuciones extrajudiciales de civiles -la Fiscalía contabilizó 2.248 entre 1998 y 2014- presentados después como guerrilleros caídos en combate. Ante el escándalo, el Gobierno retiró esa directriz, pero la tormenta no amainó. A eso se sumaban las sospechas de que el ministro quisiera ocultar las circunstancias de la muerte de un excombatiente desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, asesinado el pasado 22 de abril.

Al principio presentó el caso como un incidente. A finales de octubre, una investigación de la revista Semana demostró que se trató de un homicidio planeado por militares. A pesar de eso, Duque no cedió y declaró que no le parecía una razón suficiente para pedir su renuncia. Ahora las circunstancias han cambiado. La continuidad del ministro, que en junio ganó con holgura el primer intento de moción de censura, se había vuelto insostenible y para el Ejecutivo suponía más una carga que una solución a los desafíos en materia de Defensa. Hoy tuvo una reunión con el mandatario y horas después anunció su salida. “Es mi deber tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo de ministro”, manifestó Botero a través de un comunicado.

Esa coyuntura no es solo política, es decir, no tiene que ver solo con la presión de la oposición, sino que es también una muestra de la eficacia de los procedimientos de fiscalización y control democrático. A la espera de conocer el nombre del sustituto, el presidente agradeció a Botero el trabajo realizado, destacó su "compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector" e informó de que queda como ministro encargado el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.