La extradición de un exministro cercano a Uribe divide a Colombia

La extradición desde Estados Unidos el pasado 12 de julio de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura y ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, ha provocado una tormenta política y judicial en Colombia. Al choque entre los sectores uribistas y la oposición se suma la iniciativa, promovida desde el propio Gobierno, de que una doble instancia revise de forma retroactiva las condenas de los aforados, entre ellos exministros como Arias.

Los diputados del Centro Democrático, el partido del actual presidente, Iván Duque, y del expresidente Uribe, anunciaron el sábado la presentación de un proyecto de ley que, de salir adelante, conllevaría la revisión por la Corte Suprema de Justicia de al menos 250 condenas de excongresistas y exministros por su relación con los paramilitares, lo que en Colombia se conoce como parapolítica. También de casos más antiguos, como los del Proceso 8.000, por ingresos de dinero del narco en la política. El presidente Duque ha defendido la conveniencia de la ley porque la medida está "contemplada en muchísimos tratados".

Arias, de 46 años, fue sentenciado en 2014 a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. El motivo: haber entregado subsidios agrícolas de campesinos a familias adineradas del Caribe, en el caso conocido como Agro Ingreso Seguro. Desde entonces, los miembros de Centro Democrático han calificado la condena de injusta y desproporcionada. "Profundo dolor por Andrés Felipe Arias. No se robó un peso y (fue) condenado a 17 años", reaccionó Uribe a la extradición.

Arias fue detenido en su casa de Weston, al norte de Miami, en 2016, liberado tres meses después bajo fianza con un grillete electrónico y arrestado de nuevo al año siguiente durante una audiencia en la que el juez aprobó por primera vez su extradición. La doble instancia es la única opción que tiene de que su sentencia sea revisada.

Más allá de las implicaciones políticas del caso, la ya denominada Ley Arias ha generado un encendido debate jurídico. En Colombia ya existe la segunda instancia y, desde 2018, también para los aforados. El año pasado se creó en la Corte Suprema una sala de investigación, una de juzgamientos en primera instancia y una penal, que se encarga de revisar los casos de los servidores públicos. La propuesta del partido de gobierno es que esta última sea retroactiva. De ahí que las críticas vayan en la dirección de que la iniciativa tenga nombre propio, el de Arias.

En el país, juristas y analistas apoyan por lo general la existencia de la segunda instancia, pero señalan los peligros de la retroactividad, que es el núcleo de la propuesta del partido gobernante. "Es difícil discutir la doble instancia y escapar a la sombra que el caso Arias ejerce sobre ella", señalaba en un editorial el diario El Espectador. Otros alertan de que esto pueda generar un colapso judicial: "Esto no sería solo para los 250 excongresistas sino para todo ciudadano que haya sido condenado, podríamos estar hablando de centenares de miles de casos", alerta el abogado Francisco Bernate. La iniciativa será presentada este sábado cuando comience la legislatura, mientras el exministro Arias se encuentra detenido a la espera de cómo termine este debate.