La rebelión de las mafias de la electricidad en Líbano

“Se trata de una situación surrealista”, dice Rami Rajeh, de la plataforma política ‘Beirut Medinati’. “El Gobierno tiene el monopolio de la producción de electricidad, pero admite su incapacidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y en paralelo amenaza con multas a un colectivo ilegal [el de los generadores privados] que decide hacer huelga”, acota. El ministro libanés de Comercio, Raed Khoury, anunció a primeros de octubre la entrada en vigor de una nueva medida por la que los propietarios de los generadores privados han de instalar contadores para sus clientes y cobrar un precio fijo de 439 libras libanesas (0,25 céntimos de euro) por kilovatio-hora.

La nueva ley afecta a la actividad ilegal de miles de empresarios que desde la guerra civil han proliferado en el país repartiéndose los barrios como si de un ministerio paralelo se tratara. “Cobro entre 29 y 58 euros de tarifa plana mensual según el número de amperios. Si nos doblegamos al precio que ha estipulado el Estado perdemos mucho dinero”. Quien hace cuentas es Amer Shager, uno de los seis propietarios de generadores privados cuyo oligopolio abastece durante las tres horas de corte diarias a los 15.000 vecinos del barrio de Raas el Nabaa, en Beirut. “Este Gobierno tiene un problema de disfunción crónica , de ahí que convivan dos sistemas: el oficial y el informal. Lo que se traduce para el consumidor en dos facturas mensuales de electricidad, de Internet, de agua...”, resopla Rajeh de Beirut Medinati.

“Usaremos la fuerza”, ha amenazado el ministro de Comercio después de que el 60% de los propietarios se negara a instalar contadores. “Haremos huelga”, respondió el Comité Central de Propietarios de Generadores —una suerte de sindicato ilegal que reúne a más de 3.500 propietarios en todo Líbano—. Y así hicieron a principios de noviembre al paralizar durante dos horas decenas de generadores obligando a los vecinos a bajar y subir las escaleras de sus inmuebles con una linterna para evitar trastabillar.

Otros como Haifa Saidi, ama de casa y también vecina de Raas el Nabaa, no pueden hacer frente a dos facturas mensuales. “Vivo en un sexto piso con una madre enferma y cuatro hijos, así que tengo que programar diariamente las compras, visitas familiares y recogidas de colegio o médicos acorde a las horas de los cortes de electricidad”, se lamenta antes de gritar un “¡Kus ujta al balad!" (¡Que le jodan a este país!, en árabe), estribillo callejero habitual para referirse con sorna al Gobierno.

Ahmed Khaled, electricista del barrio, se lo toma con mejor humor: “En las barriadas pobres, o bien enganchamos los cables a las casas de los vecinos más ricos, o compramos baterías eléctricas, o manipulamos los fusibles para consumir más amperios que los que se paga”. Prácticas tan generalizadas que explican que la compañía Electricidad De Líbano (estatal y a cargo del monopolio) arrastre una deuda de 3.500 millones de euros.

Conforme parece decaer la intensidad de la guerra en la vecina Siria (en cuya capital hay barrios que reciben 24 horas de electricidad), Beirut intenta centrarse en los asuntos nacionales. Sin embargo, las sempiternas presiones regionales sobre el país hacen que éste acumule retrasos en la formación del nuevo Gobierno desde que el pasado mes de mayo se celebraran los primeros comicios parlamentarios en casi una década. “El presidente [el general Michel Aoun] intenta sacar pecho y demostrar que el Estado funciona y se respeta”, valora Jad Chaaban, economista de la Universidad Americana de Beirut. “Pero no puede ganar porque no cuenta con el apoyo del resto de partidos, y la mafia de los generadores está respaldada por los líderes locales que están protegidos por las milicias en el terreno, que a su vez están bajo las órdenes de los parlamentarios que se sientan en el Congreso”, apostilla.

En 2015, la mala gestión en la recogida de los residuos convirtió Líbano en un vertedero gigante provocando la ira de sus ciudadanos que acabaron por tomar las calles al grito de “¡corruptos, apestáis!”. Tras más de dos años sin presidente, se logró formar Gobierno en 2016. Entonces estrenó un ministerio dedicado a la lucha contra la corrupción. Al descontento ciudadano y la estampida de inversores se suman hoy las presiones del Fondo Monetario Internacional, cuya receta es la misma que prescribe al resto de la región: reducir el gasto público e incrementar los impuestos. Una política difícil de implementar sin provocar el descontento popular.