Ortega ataca el último bastión de la resistencia estudiantil en Nicaragua

El presidente Daniel Ortega, en una demostración de fuerza, movilizó el viernes a sus simpatizantes hasta Masaya, la ciudad rebelde que ha soportado el acoso de las huestes del Frente Sandinista. Dese allí el mandatario hizo un llamamiento a la paz mientras grupos armados atacaron a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, último bastión de la resistencia estudiantil, dejando al menos una decena de heridos, algunos de ellos de gravedad. Las imágenes transmitidas por los jóvenes tras las barricadas mostraban a varios de ellos atendiendo a los heridos, al mismo tiempo que otros pedían auxilio.

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Editorial | Tragedia nicaragüense

Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, denunció que los ataques se extendieron a una parroquia cercana al campus, donde se habían refugiado algunos universitarios y se atendía a los lesionados. “Invitamos a aquellos que tienen pensamientos políticos diferentes, a los productores y campesinos, las empresas, a la microempresa, a que tomemos el camino de la paz”, decía Ortega mientras tanto en Masaya. "El Gobierno de Nicaragua cruza el límite de lo que es inhumano e inmoral", ha escrito el sábado Báez en su cuenta de Twitter. "La represión criminal es condenable desde cualquier punto de vista, la comunidad internacional no puede ser indiferente", ha agregado el obispo.

En esta ciudad, organizaciones de derechos humanos denuncian que después de que el mandatario dejara la localidad oficiales antidisturbios y grupos irregulares fuertemente armados atacaron a los manifestantes. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ha asegurado a EL PAÍS que se registraron enfrentamientos entre esas agrupaciones y vecinos de la ciudad que defendían las barricadas que todavía estaban alzadas. Leiva ha informado de que hay al menos dos muertos, uno de ellos un policía, aunque todavía no se han confirmado las identidades. “Estamos con limitantes de la operatividad humanitaria por la violencia que hay”, explicó el activista de derechos humanos. “A las siete de la tarde (hora local) fuerzas paramilitares atacaron (el barrio indígena de) Monimbó utilizando armamento de alto calibre, según denuncias de ciudadanos”, ha narrado Leiva.

Edwin Román es el párroco del barrio de San Miguel de la ciudad. Este sacerdote ha apoyado a la víctimas de la violencia desde el inicio de la crisis, abriendo las puertas de la parroquia para refugiar a jóvenes y atender heridos. “Fue una total provocación [el acto de Ortega], porque sabía que Masaya no lo quería recibir. Cómo van a celebrar [una actividad partidaria] con la cantidad de muertos que hubo. Esta ciudad, además de asediada, está atemorizada”, relata. Este párroco asegura que la tensión continuaba en las calles durante la noche del viernes y que la policía y los grupos armados, que actúan con impunidad, mantienen la presencia en varias zonas de la localidad. 

Además de Masaya el ataque a la UNAN despertó las alertas en el país, dada la importancia de esta universidad, la mayor de Nicaragua. La Iglesia exigió nuevamente el cese a la represión. “Ruego al Gobierno de Nicaragua detener el ataque contra estudiantes de la UNAN, usar la razón y encontrar una solución no violenta”, pidió Báez. Un llamamiento similar hizo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) mientras se desarrollaba en Washington una sesión del Consejo Permanente para discutir la difícil crisis que vive Nicaragua desde hace ya 87 días y que ha dejado un saldo de más de 300 muertos. “Solicitamos que se detenga el ataque a la UNAN y se proteja la vida de los estudiantes. Es inadmisible el uso de la fuerza contra la universidad. Cualquier desalojo a la universidad debe de ser negociado”, dijo Almagro. El político uruguayo, además, criticó con dureza al régimen y dijo que “Nicaragua es víctima de la represión y la violencia”. Almagro advirtió que “existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines a este. El Estado está para proteger derechos de toda la gente y no para avasallarlos”, aseguró.

Estudiantes atrincherados en la UNAN dijeron que fueron atacados por “paramilitares” fuertemente armados. Ellos ya habían advertido en días anteriores que temían un ataque de las huestes de Ortega y pedían apoyo para evitar una matanza. Fuentes de la opositora Alianza Cívica –que reúne a los empresarios, productores, académicos y representantes de la sociedad civil– explicaron que habían iniciado un proceso de negociación para lograr que los jóvenes salieran de la universidad con garantías, pero el ataque del viernes demuestra que Ortega está dispuesto al uso de la fuerza para desalojar de barricadas y bloqueos a toda Nicaragua. Esas barricadas –y el atrincheramiento en las universidades por parte de los estudiantes– han sido la principal forma de protesta de los nicaragüenses, que desde hace casi tres meses exigen la salida del poder de Ortega.

Representantes de la Alianza que negocia una salida a la crisis denunciaron este viernes una serie de persecuciones en su contra. La líder sindicalista Sandra Ramos dijo que dispararon contra su casa, mientras que José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), calificó de ilegal la detención de Medardo Mairena, líder del movimiento campesino de Nicaragua y miembro de la Alianza, quien fue acusado por el Gobierno de organizar el asesinato, el jueves, de cuatro policías en Morrito, poblado localizado a 230 kilómetros al sur de Managua. Mairena fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando pretendía abordar un vuelo rumbo a Los Ángeles, donde iba a participar en una reunión de solidaridad con los campesinos nicaragüenses, según explicó a EL PAÍS su hermano Alfredo Mairena.

Aguerri aseguró que los miembros de la Alianza están bajo “amenaza”, pero mantendrán su posición de hallar una salida negociada a la crisis. Hasta hace unos meses era impensable la imagen de Aguerri a las afueras de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocidas popularmente como El Chipote y denunciadas como centro de torturas. El empresario se plantó junto a otros miembros de la Alianza para exigir información sobre el campesino. A su lado se reunían decenas de madres que desde hace semanas pasan los días en ese lugar a la espera de respuestas sobre el paradero de sus hijos, jóvenes detenidos ilegalmente en las redadas que grupos armados realizan en Managua y otras ciudades del país, según han asegurado organizaciones de derechos humanos. Son estas bandas irregulares las que han impuesto un toque de queda de facto en la capital de Nicaragua. “No vamos aceptar el chantaje de Ortega”, dijo Azahalea Solís, representante de la sociedad civil en la Alianza. “Esta es una detención ilegal, criminal, un abuso enorme de este régimen, criminalización absoluta del derecho básico de presunción de inocencia”, agregó la también experta en temas constitucionales.

Mientras la violencia estatal reventaba la protesta pacífica de los estudiantes de la UNAN, en Masaya Ortega visitaba el cuartel policial para felicitar a los oficiales por su trabajo. “Yo invito a todos los nicaragüenses y aquellos que están llenos de violencia, a que nos unamos todos a las familias nicaragüenses para darle la paz que Nicaragua necesita”, dijo el mandatario en un discurso lleno de cinismo. Al mismo tiempo que Ortega avanzaba bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los vecinos de Masaya se encerraron en una muestra de rechazo al hombre que ha ordenado el asedio continuo de su ciudad. “Cada vez que Ortega ha salido a hablar de paz, sucede todo lo contrario”, advirtió José Adán Aguerri, el líder de la patronal, que esperaba en El Chipote noticias del campesino Mairena. A su lado estaban decenas de madres que esperaban noticias de sus hijos. Todas cargaban alguna foto de esos muchachos desaparecidos.