Amnistía Internacional denuncia el ‘apartheid’ contra los rohingya en Myanmar

Una prisión a cielo abierto. Así titula Amnistía Internacional (AI) un informe elaborado tras dos años de investigaciones para describir las restricciones que los rohingya —la minoría musulmana que huye en cientos de miles hacia Bangladés desde agosto —padecen en su vida diaria en el estado de Rajine (oeste de Myanmar). Un régimen de discriminación “institucionalizado y viciado” que, señala la ONG, “cumple cada requisito de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid”.

La investigación llevada a cabo por Amnistía ha constatado que aunque la discriminación sistemática contra los rohingya viene de larga data, ésta se ha intensificado desde 2012, cuando se produjeron enfrentamientos entre las comunidades budista y musulmana.

Más información

ACNUR critica las dificultades de los rohingya para huir de Myanmar por las minas

EE UU pide una investigación “creíble” sobre la crisis rohingya en Myanmar

Sin apenas acceso a educación, sanidad o libertad de movimiento. “Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños rohingya segregados e intimidados en un deshumanizador sistema de apartheid”, afirma Anna Neistat, directora de investigación de AI, en el documento, presentado este martes en Bangkok (Tailandia).

Según AI, la situación se ha agravado desde 2012, a raíz de unos disturbios entre musulmanes rohingya y la población budista, mayoritaria en Myanmar. A partir de entonces, en plena apertura democrática del país tras seis décadas de Junta Militar, las restricciones en Rajine alcanzaron cotas inusitadas; miles de rohingya fueron expulsados de las zonas urbanas, sobre todo de la capital regional, Sittwe, donde los que quedan malviven en áreas acordonadas y vigiladas por controles policiales. Allí tienen impedido también el acceso al hospital de la ciudad, excepto en casos de gravedad y previa autorización policial, señala la ONG.

Fuera de Sittwe, y ante la falta de instalaciones médicas, muchos rohingya optan por cruzar a dicho país cuando necesitan atención médica. “Quería ir al hospital de Sittwe, pero está prohibido y acabé yendo a Bangladés en búsqueda de tratamiento. Me costó mucho dinero. Tuve suerte, muchas personas no se lo pueden permitir y acaban muriendo…”, dice en el informe un hombre rohingya de 50 años.

El acceso a la educación también ha sido fuertemente restringido en los últimos cinco años. En muchas zonas de Rajine los rohingya ya no tienen permitido matricularse en escuelas mixtas gubernamentales y numerosos profesores budistas rechazan viajar a las “zonas musulmanas”. Los desplazamientos entre localidades están regidos por un estricto sistema de permisos y toques de queda arbitrarios se imponen de forma continua sobre los rohingya desde 2012, documenta AI.

“El sistema parece diseñado para hacer las vidas de los rohingya tan humillantes y desesperanzadoras como sea posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad en los pasados tres meses es solo otra manifestación extrema de esta actitud abominable”, indica Neistat.

La campaña se refiere a la quema de aldeas, los asesinatos, vejaciones y violaciones en grupo contra mujeres y niñas por parte del Ejército birmano y turbas budistas contra los rohingya a partir del 25 de agosto. Unas operaciones que comenzaron en respuesta a los asaltos a cuarteles de las fuerzas armadas birmanas por parte del Ejército de Salvación Rohingya en Arakan (ARSA, por sus siglas en inglés). Más de 621.000 rohingya han huido a Bangladés desde entonces, del alrededor de un millón que vivía en Rajine.

Myanmar considera a los rohingya “inmigrantes ilegales bengalíes” y no les reconoce como una de sus 135 etnias, pese a que llevan siglos viviendo en Rajine. “Restaurar los derechos y el estatus legal de los rohingya y enmendar las leyes discriminatorias de ciudadanía es urgentemente necesario para los que quedan en el país y los que desean retornar”, avanza Neistat.

Pero los últimos pasos dados por la parte birmana no sugieren que la situación se vaya a revertir. En paralelo al lanzamiento del informe, la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi, anunciaba en Naipyidó (Myanmar) el inicio de conversaciones con Bangladés para acordar el “regreso seguro y voluntario” de los rohingya en el marco de un viejo acuerdo con el país vecino que no aborda la cuestión de la ciudadanía. “Fue acordado así por los dos Gobiernos hace mucho tiempo con éxito, de modo que la fórmula continuará”, indicó Suu Kyi al término del foro de cooperación ministerial Asia-Europa (ASEM), según Reuters.