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La Policía de Andorra concluye que Odebrecht sobornó a un exministro de Ecuador

Mosquera, titular de Electricidad con Rafael Correa, se presentó a la BPA como un ingeniero mecánico

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador, saluda al presidente Rafael Correa, en Quito, en 2007.
Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador, saluda al presidente Rafael Correa, en Quito, en 2007.Rodrigo Buendia / AFP

Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad con el expresidente de Ecuador Rafael Correa, se presentó en enero de 2011 ante la Banca Privada d'Andorra (BPA) como un ingeniero mecánico. Justificó con esta profesión la apertura de una cuenta en esta entidad donde cobró una comisión de un millón de dólares (863.000 euros). El pagador, como en otros centenares de casos, fue Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América.

Un reciente informe de la Policía de Andorra remitido a la juez que indaga los tentáculos del caso Odebrecht en este país de Europa, Canòlic Mingorance, concluye que el exministro Mosquera y el empresario Marcelo Raúl Endara recibieron pagos ilegales y sobornos de la constructora. “Las aportaciones realizadas a sus cuentas no están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”, recoge este documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tres empresas panameñas de Endara movieron un millón de dólares (863.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de sus comisiones ilegales en la BPA. El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 esta entidad por blanquear capitales de redes criminales. Y este Principado, atenazado por la presión internacional, acabó con el secreto bancario el pasado año.

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A la pregunta de si era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), Mosquera marcó una X en ambas casillas: en la del sí y en la del no. Argumentó que quería abrir una cuenta para “trading de productos mecánicos y energéticos” de la firma Truenergy. Y que sus fondos procedían de su actividad “empresarial” en el sector de la energía.

"Empresas públicas" como clientes

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El exministro ecuatoriano afirmó que tenía como clientes y proveedores a “empresas públicas” y que su sociedad se dedicaba a “trading de Ecuador para cubrir pagos a China, Estados Unidos, Europa”. Cifró su saldo previsto en 920.000 dólares (795.000 euros) y argumentó que los fondos llegarían a su depósito andorrano mediante traspasos internos (un sistema que apenas deja rastro). “La página web de mi empresa está en construcción”, dijo.

En la misma fecha, la BPA recibió otra solicitud de apertura de cuenta de la sociedad panameña Percy Trading Inc, cuyo beneficiario, según la Policía de Andorra, era Marcelo Raúl Endara Montenegro y el representante de la cuenta, el propio Alecksey Mosquera Rodríguez.

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El exministro dijo que se dedicaba al “trading" y que su saldo previsto era de 900.000 dólares (776.000 euros). En la casilla sobre la relación con otros clientes de la BPA, Mosquera y Montenegro escribieron la empresa Tokyo Traders SA.

La Policía andorrana afirma que Raúl Endara era el representante de tres cuentas abiertas en la BPA a nombre de tres sociedades panameñas constituidas a través del propio banco: Percy Trading Inc, con un saldo de 282.701 dólares (244.000 euros); Marviland Invesment SA (80.152 dólares, 70.000 euros) y Tokyo Traders SA, cuya cuenta fue cancelada.

Según las actas de la BPA del 21 de enero de 2011, las tres sociedades de Endara recibieron fondos de Odebrecht para vender supuestamente maquinaria de China a la sociedad Truenergy SA. Se trata de una firma que -según la policía- “pertenecía a Alecksey Mosquera, el cual no aparece en el accionariado por su pasado como hombre público”.

El acta del banco añade: “El beneficiario final de los fondos de Percy y de Tokyo es Alecksey Mosquera, que fue ministro de Electricidad entre junio de 2007 y julio de 2009, cuando fue destituido tras licitar un proyecto de modernización de la red eléctrica a la empresa argentina Enarsa sin concurso previo".

La Policía describe a Endara como “un industrial ecuatoriano en actividades de intermediación de combustibles, minerales metales y otros productos químicos” y señala que tiene una cuenta particular en la BPA con un saldo negativo de 1.470 euros. Los agentes destacan que, en el cuestionario para la apertura de la cuenta de la sociedad panameña Tokyo Traders SA, el cliente es presentado a la entidad bancaria por Luiz Eduardo Soares Da Rocha, director financiero de Odebrecht .

Los investigadores también resaltan la relación con Klienfeld, una de las sociedades instrumentales de la constructora brasileña para pagar sus sobornos en la BPA. Klienfeld traspasó a Tokyo Traders SA un millón de dólares (863.000 euros) y, entre las transferencias, depósitos y valores con la sociedad de Endara, sumó 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).

Mosquera y Montenegro describieron a Percy como una pequeña empresa minorista que preveía tener necesidades de liquidez entre seis meses y un año y que pretendía tener una rentabilidad máxima de un tres por ciento en un año. El tramo de nivel de ahorro anual lo situaron en 200.000 euros. Definieron la situación financiera de la sociedad como “excelente” y el horizonte temporal de su actividad, entre seis meses y un año.

En una declaración jurada de beneficiario final firmada por Mosquera y Montenegro, se recoge que la sociedad panameña Percy Trading Inc fue inscrita el 27 de noviembre de 2010. La escritura pública fue validada por el notario de Panamá Iván Antonio Bonilla. La mayor parte de los fondos de Percy Trading fueron transferidos fuera de Andorra entre agosto de 2011 y octubre de 2014, según la investigación.

En el cuestionario del perfil del inversor, Mosquera afirma que reinvertirá sus beneficios; que en los próximos dos años debe disponer de más del 25 por ciento de su capital; que tiene dinero para cubrir imprevistos de gastos durante seis meses y que cualquier pérdida de su inversión la consideraría “inaceptable”.

Investigacion@elpais.es

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