Macron flexibilizará el despido y la contratación para reducir el paro

Emmanuel Macron dio este jueves el primer paso en su esfuerzo por "liberar las energías" de Francia y "renovar profundamente" su modelo social. El Gobierno francés presentó una reforma laboral que flexibilizará la contratación y el despido con el objetivo de atraer nuevas inversiones y reducir un desempleo crónico. La reforma pondrá a prueba la capacidad del nuevo presidente para imponer su programa ambicioso para transformar la sexta economía mundial. También servirá para medir el descontento en la calle. El Consejo de ministros adoptará los cinco textos de la reforma antes del final de septiembre y en las semanas siguientes el Parlamento los debe ratificar.

Macron ganó las elecciones presidenciales del pasado mayo con la promesa de reformar el mercado laboral. Un mes después, su partido, La República en marcha, obtuvo una mayoría amplia en las elecciones legislativas que le da manos libres para gobernar. Tras un verano de conversaciones con sindicatos y patronal, y con el presidente a la baja en los sondeos, llega el momento de la verdad: la hora de la reforma, palabra fetiche en un país que, como decía el filósofo Raymond Aron, "de vez en cuando hace una revolución pero nunca reformas". Quizá por eso Macron dijo hace unos días que "los franceses odian las reformas", y tituló su libro programático Revolución.

La reforma —porque es una reforma, no una revolución— fija un techo para las indemnizaciones por despido improcedente, que hasta ahora se decidían, con amplia discrecionalidad, en el organismo de arbitraje laboral.

Un baremo establece la correspondencia entre los años trabajados y los meses de salario cobrados. Para una persona que haya trabajado hasta diez años y haya sido despedida de forma improcedente, la indemnización máxima corresponden aproximadamente a un mes de salario por año trabajado. Entre los diez y los treinta años, el cómputo de la indemnización será de medio mes más por cada año trabajado, con un tope de veinte meses.

El cambio, según el Gobierno, animará a los empresarios a contratar. Se trata de romper un sistema que, según explica Macron en una entrevista con Le Point, "protege muy bien a los insiders [los que están dentro del sistema], a los que se benefician de un contrato estable, pero al precio de la exclusión completa de los otros, los más jóvenes, los menos cualificados".

Como contrapartida, las indemnizaciones por despidos legales —es decir, no improcedentes— aumentan un 25%.

La reforma da margen a patrones y trabajadores para negociar acuerdos en el ámbito de las empresas en cuestiones como el tiempo de trabajo o la remuneración. La idea es descentralizar, acercar al terreno las negociaciones laborales, y permitir la adaptación a los vaivenes de la coyuntura.

Francia facilitará a los inversores extranjeros los despidos cuando estos pasen por dificultades económicas, una medida destinada a atraer a las empresas multinacionales. Hasta ahora las autoridades francesas debían tener en cuenta la situación de la empresa en todos los países donde operaba; ahora bastará con que las cosas le vayan mal en Francia.

Otras medida clave son la fusión en una sola las múltiples instancias en las que hoy están representados los trabajadores de una empresa, y la posibilidad de negociar en las empresas de menos de 50 trabajadores sin pasar por los sindicatos y esquivando los acuerdos sectoriales.

"Nuestro objetivo es simple: favorecer la creación de empleo aportando mucha más seguridad y visibilidad a los jefes de empresa en la decisión de contratar, y más garantías a los asalariados", dijo el primer ministro Édouard Philippe al presentar las propuestas. Para Pierre Gattaz, el jefe del Medef, la patronal francesa, el proyecto puede "hacer volver la confianza y hacer volver, a fin de cuentas, el empleo".

Con sus 3.334 páginas y sus cubiertas rojas, el Código Laboral, que desde 1910 integra las leyes que regulan el mundo del trabajo, es una especie de Biblia civil del modelo social francés. Cualquier modificación sustancial es arriesgada.

"Se han confirmado todos nuestros temores. Esto es el fin del contrato laboral", dijo Philippe Martinez, jefe del sindicato CGT.

Por separado, las propuestas son técnicas, y es discutible que la reforma en su conjunto vaya a ser el electrochoque neoliberal que denuncian algunos de sus críticos. Pero en su conjunto representa el inicio de un giro de Francia, uno de los países con leyes laborales más rígidas en el mundo desarrollado, hacia los principios de la llamada flexiseguridad, la combinación de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. La flexiseguridad aplicada en Escandinavia en los años noventa, la tercera vía de Tony Blair, o la Agenda 2010 de Gerhard Schröder en Alemania, están más cerca del modelo de Macron que las recetas Margaret Thatcher en el Reino Unido.

No se entiende el alcance de la reforma laboral sin tener en cuenta que es el primer capítulo de una serie de reformas, que incluirán el seguro de desempleo y la formación profesional.

Con una tasa de paro en Francia del 9,5% y un nivel de déficit que lleva una década vulnerando las normas europeas, Macron cree que es urgente poner en marcha las reformas para recobrar la credibilidad ante los socios de la UE, en particular Alemania.

Por ahora, la oposición a la reforma laboral de Macron parece menor a la que afrontó la última reforma, bajo el presidente de François Hollande. El 12 de septiembre la CGT participará en una "jornada de acción y huelga", y el 23 de septiembre será el partido de izquierda La Francia Insumisa, el que se manifestará. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, califica la reforma de "golpe de estado social". Pero es llamativo que ni CFDT ni Fuerza Obrera —los principales sindicatos, junto a la CGT— vayan a sumarse a la protesta. No se antoja fácil movilizar a decenas de miles de personas y paralizar un país con cuestiones aparentemente técnicas como el baremo de las indemnizaciones o las instancias de representación laboral.

El 22 de septiembre las ordenanzas —el nombre que reciben estos textos, una vía exprés legislativa que elude el farragoso proceso de debates y enmiendas parlamentarias— se adoptarán en el Consejo de Ministros, y unos días después entrarán en vigor. Requerirán el voto posterior del Parlamento, donde Macron dispone de una mayoría cómoda, para convertirse en ley.