“Matar delincuentes era lo que se me exigía como buen resultado”

Danilo [nombre falso para respetar su anonimato] se graduó como policía en la última década. Comenzó a trabajar en un área de la región metropolitana de Río de Janeiro con altos índices de criminalidad. Ahí, acabar con la vida a posibles miembros de bandas criminales se convirtió en una rutina: "Matar a delincuentes era lo que mis superiores exigían como buen resultado", cuenta.

El testimonio es solo uno entre las más de 30 entrevistas a policías elaboradas por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW en adelante) para entender las causas y las consecuencias de un escenario en el que, a lo largo de esta década, más de 8.000 personas han muerto a manos de la policía fluminense. La se puede justificar como legítima defensa, pero otras tienen todas las características de ser ejecuciones extrajudiciales. Entre las causas, el estudio pone de manifiesto la corrupción y la impunidad y señala como consecuencia un círculo de violencia que afecta también a los policías. "El traficante sabe que, si lo detienen, no lo van a respetar, así que él tampoco respeta. Va a matar, con crueldad", ilustra Danilo en su entrevista.

Las críticas también contemplan la inercia de la Fiscalía de Brasil a la hora de investigar y juzgar a los policías: sólo presentó denuncias en cuatro de los 3.441 casos de homicidio cometidos por la policía registrados entre 2010 y 2015. EL PAÍS entró en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, pero ninguna de ellas se manifestó al cierre de este reportaje. La asesoría de la Policía Civil afirmó que espera la publicación del informe para "estar en condiciones de manifestarse".

También cuenta Danilo que el objetivo de algunas operaciones en las que participó era matar a presuntos narcotraficantes, porque los oficiales creían que esas acciones eran necesarias para combatir el crimen organizado. Sin embargo, en otros casos, los policías ejecutaban a personas como actividad corrupta. Según Danilo, algunos agentes secuestran a traficantes, recibían el rescate y luego los ejecutaban, y otros ejecutaban a personas para ser conocidos como "asesinos" entre los traficantes, para extorsionarles a cambio de más dinero. Su batallón recibía cada semana pagos de cerca de 120.000 reales (41.000 dólares) de traficantes. "Para que no entrásemos en las favelas, o para que avisásemos antes de entrar", matiza. Este acuerdo es tan común en Río de Janeiro, comentó, que incluso tiene un nombre: el "arreglo".

Esta cultura no se ha diluido con el tiempo. Solo en 2015 la policía de Río de Janeiro mató a 645 personas, de las cuales tres cuartas partes eran negras. Es el número más alto desde 2010, cuando empezó en el Estado una tendencia a la disminución de este tipo de crímenes.

El informe también contempla las muertes de policías, pero señala que, por cada agente muerto en servicio en Río de Janeiro, la policía mató a 24,8 personas, más del doble que en Sudáfrica y un promedio tres veces mayor que el de EE UU. La mayoría de esas muertes se pueden aducir a enfrentamientos armados con los traficantes, pero HRW recuerda que esta explicación se usa, en ocasiones, para encubrir crímenes: "La policía de Río mató a cinco personas por cada una que hirió entre 2013 y 2015, es lo contrario de lo que cabría esperar en enfrentamientos", lamenta el informe.