La condena a Chirac reabre el debate sobre la inmunidad presidencial

Desde que, en 1945, el mariscal Philippe Pétain fue condenado a muerte por traición a la patria (conmutada luego por cadena perpetua), ningún tribunal francés había podido procesar y condenar al más alto mandatario del país. Aunque la comparación es notoriamente injusta con el presidente que asumió las culpas del Estado francés en el Holocausto, ese privilegio cayó el jueves pasado, cuando los jueces sentenciaron a Jacques Chirac, hoy un campechano abuelito de 79 años que cae bien a todo el mundo, a dos años de cárcel que no deberá cumplir.

La histórica y simbólica decisión judicial pone fin a un clásico caso de corrupción continuada cometido por Chirac en los años noventa, mientras era alcalde de París. El desenlace inesperado ha suscitado una apasionada división de opiniones en Francia. Para la izquierda y la magistratura progresista se trata de un triunfo ejemplar de la independencia judicial, que ayudará a desacralizar la monarquía laica y la inmunidad legal del jefe del Estado, instituidas por deseo del general Charles de Gaulle tras la Segunda Guerra Mundial.

Al hilo de la sentencia, los socialistas han prometido que, si ganan las próximas presidenciales, limitarán la inmunidad legal del presidente. Aunque la prerrogativa de inmunidad fue revisada a la baja en 2007, la izquierda y los ecologistas creen que debe reducirse todavía más. El candidato François Hollande ha dicho que la condena de Chirac llega con “demasiado retraso”, y que eso prueba que los presidentes deben ser juzgados durante sus mandatos.

Yendo más allá, Jean-Jacques Urvoas, un diputado del PS, ha resumido así la situación: “El presidente puede denunciar a otros, puede constituirse en parte civil e incluso recibir indemnizaciones simbólicas de un euro, pero no puede ser interrogado, ni ser oído como testigo, ni ser procesado en ninguna jurisdicción, ya sea por hechos cometidos anteriormente o emanados durante su ejercicio del cargo. El desequilibrio es evidente y debe ser corregido”.

El expresidente ha preferido no recurrir la sentencia, alegando que "le faltan las fuerzas"

Para otros, incluido el propio Chirac, que ha preferido no recurrir la sentencia aduciendo que le “faltan las fuerzas”, el proceso ha demostrado que ya no hay “intocables”. En una carta leída por su abogado durante la audiencia, el mismo Chirac escribió: “El principio de responsabilidad está en el corazón de la acción política. Yo alego que esta cita es necesariamente una instancia política. Creo que, al permitir poner las cosas en su verdadero lugar, [este proceso] puede ser beneficioso para nuestra democracia. Quita la razón a los demagogos que sostienen que, en nuestro país, la justicia es severa con los débiles y complaciente con los poderosos”.

Una carta profética, pero solo cumplida gracias a la enorme tenacidad de los jueces de la sección 11 del Tribunal Correccional de París, presidida por Dominique Pauthe. Desde 2007, los abogados de Chirac intentaron todo tipo de recursos y trabas para mantener el blindaje de su cliente. Este llegó a pagar medio millón de euros de su bolsillo en concepto de reparación al Estado, mientras la UMP, el partido de Nicolas Sarkozy, sufragaba otra parte. Ante la imposibilidad de juzgar al jefe, los jueces condenaron primero a su mano derecha, Alain Juppé, quien tuvo tiempo de purgar su pena y de volver al poder como ministro de Exteriores. Finalmente, se intentó evitar la histórica fotografía del juicio con un certificado médico que acreditaba que Chirac padece anosognosia, pérdida de memoria.

Cuando todo parecía perdido, la fiscalía, cuya credibilidad sale muy tocada del proceso, se puso de parte del acusado y pidió su absolución. Inasequible a los obstáculos, el juez Pauthe desoyó todo ese ruido. Hoy, gracias a él, la unción de los presidentes de la República y su elevación sobre los sucios asuntos de la vida cotidiana parecen un anacronismo destinado a desaparecer.